La Paz, 26 de enero de 2023 (ABI). – La sentencia compensatoria del tribunal más alto de la justicia de Americana —la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— que favoreció a un ex jefe policial, devolvió a la memoria colectiva sucesos ocurridos en la ciudad de La Paz en diciembre de 2001 con una violenta banda de asaltantes bolivianos y peruanos.
La Procuraduría General del Estado recordó que, el 14 de diciembre de 2001, aproximadamente a las 08h15 de la mañana, un grupo armado atracó la furgoneta de transporte de valores de la empresa Prosegur, en la avenida Kantutani de la zona sur paceña, de donde robó una cantidad importante de dinero.
El hecho delictivo sacudió a la población por la forma en que operaron los asaltantes, casi nunca vista ni conocida, que tras interceptar al carro blindado, con armas de guerra, liquidaron a dos policías y un empleado civil.
El gobierno de entonces, el de Jorge Quiroga, luego le agregaría “Tuto” a su nombre legal, ordenó una pronta investigación y la policía no tardó, por la enorme presión social, en dar con los autores, porque ya contaban con pistas de quien era el cabecilla.
Quiroga, sucesor constitucional del ausente presidente Hugo Banzer, supo que el brutal asaltado fue cometido por el coronel de policía Blas Valencia, inamovible director de Seguridad de la ciudad de Santa Cruz, y que la banda estaba integrada por ex guerrilleros del peruano Sendero Luminoso y ex militares y policías anti terrorismo del Perú. También la integraban un mayor de policía activo, un ex militar, y la protección de su propio comandante general, Wálter Osinaga.
La banda criminal, denominada luego como la “banda de Blas”, en alusión al título de una conocida canción, ejecutó robos millonarios y extremadamente violentos en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Valencia, con el rango de coronel, tenía influencia económica sobre sus superiores para que lo mantengan en ese estratégico cargo de seguridad, que le permitía conocer los movimientos de valores de bancos, empresas públicas y privadas.
Quiroga nunca se pronunció sobre esas oscuras vinculaciones en la institución del orden, ni demandó informes de cómo se estaban realizando las investigaciones, menos de cómo terminó el proceso penal judicial.
El hecho ocurrido trajo a la memoria con un caso similar protagonizada por policías: el asalto de Calamarca en 1961, contra un carro de la Comibol que llevaba de La Paz a Oruro dinero para el pago de salarios de los mineros de Catavi y Siglo XX.
El ex coronel Blas Valencia acudió en calidad de víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de sus derechos humanos y de sus parientes durante la aprehensión después del asalto.
Y la CIDH notificó a la Procuraduría General del Estado con su sentencia del caso.
La entidad estatal informó que revisada la sentencia, esta contiene “testimonios y pruebas del uso excesivo de la fuerza y graves atentados contra los derechos humanos de familiares de Blas Valencia y otros procesados por el atraco”.
El comandante general de la Policía, Walter Osinaga, que dirigió el operativo del caso fue condenado años después por encubrimiento e incumplimiento de deberes en el Caso Prosegur II.
La CIDH narra en la sentencia que los allanamientos se practicaron en al menos ocho inmuebles y que en una de esas intervenciones, “los policías golpearon a las mujeres en sus partes íntimas y amenazaron a hijos e hijas frente a sus parientes para forzar a éstos últimos a confesar”.
La sentencia del tribunal de justicia internacional estableció reparación a las “víctimas” por un monto importante, que el Estado boliviano debe cumplir hasta un plazo máximo de un año.
Blas Valencia, señalado por colocar una bomba en el Comando Policial de Santa Cruz para intimidar a quienes lo investigaban, solicitó su libertad el pasado año pero continua en prisión cumpliendo su sentencia de 30 años sin derecho a indulto, mientras que otros cómplices ya están libres con libertad condicional.
Valencia purgaba su condena en el penal de Chochocoro de La Paz, que llegó a controlar, pero fue trasladado al de Santa Cruz para disminuir su influencia en la penitenciaria altiplánica.
Tuto justifica violencia
El gobierno de Jorge Quiroga justificó la violencia policial ejercida contra los miembros de la banda internacional de atracadores durante el operativo de captura que desarrollaron los efectivos policiales el 18 de diciembre de 2011, cuatro días después del atraco.
El ministro de Justicia, Carlos Alberto Goitia, indicó que se debe tomar en cuenta que los efectivos policiales actuaron contra una "banda de criminales" y en su criterio, era “obvio” que se "debía utilizar un grado de violencia para que preserven su integridad".
"Se tiene que considerar con quién se estuvieron enfrentando, pues los integrantes de esta banda no tuvieron escrúpulos para matar gente, dispararon sus armas, inclusive, contra sus propios colegas", justificó la autoridad gubernamental en conferencia de prensa.
Goitia consideró “que no es nada anormal que los efectivos del orden actuaron con violencia al enfrentarse con los delincuentes en el operativo, pues estos podrían haber estado armados y disparar contra los efectivos del orden”.
En ese tiempo, organizaciones de defensa criticaron al gobierno de Quiroga y el accionar de la Policía.
La Defensora del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia cuestionaron, por separado, la violencia ejercida por los efectivos policiales durante el operativo, pues consideraron que hubo no sólo un abuso sino una tortura.
Un vídeo, presentado por algunos medios televisivos, reprodujo la excesiva violencia que usó la Policía para detener, golpear y torturar para que confiesen cada uno de los miembros de la banda y cómo planificaron el asalto a Prosegur y quienes fueron sus cómplices.
Nfm/Mac