De noviembre de 2020 a julio de 2021, la economía boliviana comenzó a reactivarse gracias a una serie de medidas implementadas por el Gobierno de Luis Arce, como la inversión pública, el Bono Contra el Hambre, el crédito SIBOLIVIA, el Impuesto a las Grandes Fortunas, el Plan de lucha contra el COVID-19, entre otros.
Bolivia llega a este 6 de agosto con la democracia recuperada, con la desintegración de los relatos de “fraude” y “sucesión constitucional” usados para impulsar/justificar el golpe de Estado de 2019, y con la certeza de que entonces ocurrieron masacres y violaciones masivas a los Derechos Humanos, cuyos responsables intelectuales y materiales deben ser sancionados por la justicia.
Cinco organizaciones internacionales y una entidad nacional denunciaron que, en el régimen de Jeanine Áñez, se produjeron masacres, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, uso desproporcionado e innecesario de la fuerza contra manifestantes desarmados y se detectó la presencia de grupos violentos paraestatales.
Al menos cuatro exautoridades militares y civiles se encuentran detenidas e imputadas por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en 2019 en el marco del golpe de Estado.
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