El Alto, 08 de agosto de 2024 (ABI). – “El ejercicio de la democracia directa constituye la única respuesta y el mejor camino para resolver diferencias o decidir el futuro de los pueblos en una sociedad con horizonte civilizatorio hacia el Vivir Bien”, aseveró la Procuraduría General del Estado (PGE) y destacó la iniciativa del presidente Luis Arce de plantear un referéndum en temas de trascendencia para los bolivianos.
“La Procuraduría General del Estado tiene a bien saludar la iniciativa del presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, de promover una consulta popular vinculante en temas de interés y trascendencia para la sociedad boliviana”, señala un comunicado oficial.
El 6 de agosto, Arce planteó un referéndum para definir si se mantiene o no la subvención a los hidrocarburos, la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa y definir si va o no la reelección presidencial.
Recordó que “la soberanía reside en el pueblo”, que se ejerce de manera directa y que de ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público del Estado.
Por ello, el referéndum vinculante es un “instrumento de democracia y soberanía directa para decidir sobre temas que preocupan al pueblo boliviano”.
Asimismo, señala que, en cuanto al debate jurídico y académico sobre la reelección indefinida, continua o discontinua, la Procuraduría emitió la Opinión Especializada N 04/2024.
“La SCP (sentencia Constitucional) N° 1010/2023, emitida el 28 de diciembre del pasado año, en su labor de interpretar la Constitución Política del Estado y garantizar su supremacía estableció de manera inequívoca que, a la fecha, la reelección en los cargos de la función pública del Legislativo y Ejecutivo en los distintos niveles del Estado se encuentra permitida por una sola vez, ya sea de manera continua o discontinua”, remarca.
Por tanto, cualquier decisión que el pueblo boliviano asuma soberanamente en la consulta sometida a referéndum “tendrá carácter vinculante a partir de su aprobación, sin posibilidad de retrotraer sus efectos a hechos y decisiones cerradas sobre expresidentes que en su angurria de poder declaran públicamente que no obedecerán ni cumplirán mandatos y jurisprudencia constitucional”.
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