Ministra de la Presidencia: Almagro instrumentaliza la OEA para seguir cometiendo injerencia
Ministra de la Presidencia: Almagro instrumentaliza la OEA para seguir cometiendo injerencia

El comunicado emitido por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre las elecciones de octubre de 2019, al margen de estar fuera de todo procedimiento, demuestra cómo el secretario general, Luis Almagro, instrumentaliza a esa organización para seguir cometiendo injerencia, señaló este martes la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

“Es un informe fuera de todo procedimiento, es un documento, una opinión donde nuevamente se pone de manifiesto la instrumentalización que el señor (Luis) Almagro realiza de la OEA, a la que concibe como su feudo y desde donde cree que puede seguir cometiendo injerencia contra los pueblos”, manifestó en conferencia de prensa.

La autoridad lamentó que, a través de la instrumentalización de la OEA, Almagro haya generado desestabilización, confrontación y atentados contra la soberanía de los pueblos.

“Pero el pueblo es sabio y sabe lo que ha pasado y el pueblo sabe el rol nefasto de personas como el señor Almagro. Aquí, lo que noto de manera clara es que se busca lavar las responsabilidades que tiene el señor Almagro en el golpe de Estado”, mencionó.

Adelantó que el Estado boliviano, mediante su representación ante la OEA, denunciará a Almagro por su participación en el golpe de Estado de 2019 y las violaciones a los derechos humanos.

“Nosotros vamos a hacer la denuncia ahí, en ese mismo organismo, porque necesitamos que ahí se escuche la verdad del pueblo boliviano, donde se denuncie estos terribles atropellos a la soberanía de los Estados, donde se denuncie las terribles violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión, que han sido reconocidos ampliamente por muchos organismos internacionales y que necesitan ser denunciados en ese espacio”, ratificó.

 


 
Ministra Prada: Gestión de facto generó pérdidas en empresas públicas para cerrarlas y privatizarlas
Ministra Prada: Gestión de facto generó pérdidas en empresas públicas para cerrarlas y privatizarlas

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este martes que la gestión de facto de Jeanine Áñez generó pérdidas en las empresas públicas con el fin de cerrarlas y posteriormente privatizarlas.

“La derecha golpista no solamente buscó la paralización de empresas, sino también su cierre y la posterior privatización, que es la vieja receta de reducir nuestras empresas públicas, de eliminar nuestras empresas públicas, de reducir al Estado a su más mínima expresión en detrimento de las grandes mayorías de nuestro Estado”, indicó.

Resaltó que las empresas públicas son una parte importante del modelo económico, social, comunitario y productivo, implementado desde el año 2006 por el entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas y actual presidente del Estado, Luis Arce; mismas que sufrieron daños y pérdidas durante la gestión de facto.

“Paralizaron y registraron daños en la maquinaria de la planta de cemento en Oruro, en la planta de urea, con un daño económico al Estado sin precedentes; similar destino sufrieron la planta de industrialización de vidrios Envibol, la planta Eólica, la planta de vidrio, los proyectos de exploración de YPFB, los proyectos apícolas en Chuquisaca, la planta de cítricos, el ingenio azucarero de San Buenaventura en el norte de La Paz”, explicó la autoridad.

Mencionó que con el golpe de Estado se paralizaron todos los proyectos de inversión de las empresas públicas y se suspendieron las rutas de la aerolínea nacional Boliviana de Aviación (BoA), para beneficiar a empresas privadas.

“Varias otras medidas afectaron el desempeño de nuestras empresas públicas y esto es importante que el pueblo boliviano conozca, cuál era el objetivo de esta derecha golpista que asaltó nuestro Estado de manera inconstitucional, ilegítima y que no solamente restituyó el modelo neoliberal, sino que profundizó la pobreza, las asimetrías económicas sociales y amplió la brecha entre ricos y pobres”, subrayó.

En el caso de la planta de urea, detalló que a octubre de 2020 registró una caída del 100% en su producción. De igual forma, la empresa de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) sufrió una contracción del 65% en la producción de carbonato de litio y una disminución del 42% en la producción de cloruro de potasio, generando un impacto negativo en la economía.

Recordó que bajo la administración del gobierno de facto se firmó la octava adenda con Petrobras el 6 de marzo de 2020, en la que se estableció nuevas condiciones, por ejemplo, que el costo de transporte de los volúmenes de gas natural comercializados al Brasil, pasarían a ser asumidos por YPFB y no por Petrobras, como era la condición anterior, hecho que generó un daño económico al Estado de aproximadamente $us 71 millones.

“Así como en Petrobras, sucedió en la compra de trigo, en la compra de fertilizantes y castaña sin registro en inventarios, la contratación irregular de personal ejecutivo, que también es de conocimiento del pueblo boliviano, y otros actos de corrupción que se encuentran en etapa de investigación”, manifestó.

También recordó que, a diciembre de 2020, el déficit fiscal fue de 12,2%; mientras que se registró una tasa negativa en el crecimiento económico con un -8,8%. “Es un retroceso en nuestra economía que no se veía desde hace 67 años”, remarcó.

“Asumimos nuestro gobierno recibiendo, en noviembre de 2020, un Estado desmantelado. El golpe no solamente fue a nuestra democracia, sino también a nuestra economía, como lo sintieron las familias bolivianas, especialmente las de menores ingresos”, afirmó.


Procurador: Murillo debe demostrar la licitud del dinero para el pago de su fianza
Procurador: Murillo debe demostrar la licitud del dinero para el pago de su fianza

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, aclaró este martes que el exministro de facto Arturo Murillo debe demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza, tras lograr un acuerdo en Estados Unidos (EEUU) para cancelar $us 250.000 y defenderse en libertad.

“Todavía no ha depositado el dinero, que sepamos nosotros. Se tiene que demostrar también la licitud y la legalidad de la obtención de ese dinero, de dónde salen esos dineros, que obviamente no deben salir de la corrupción que ha existido en el país”, precisó.

Recordó que la libertad bajo fianza es una práctica del derecho procesal en EEUU y en consecuencia era una posibilidad a la que podía acogerse Murillo.

“En algún momento podía acceder a este beneficio, este señor, negocie o no con la Fiscalía. Lo que ha ocurrido es que tiene un acuerdo preliminar con la Fiscalía del Estado de Florida en la ciudad de Miami, y este señor, por tanto, ha accedido al momento a ese monto de dinero para poder avizorar su libertad bajo fianza en el proceso que va a continuar”, complementó.

Informó que no existe un plazo establecido para abonar el dinero, sin embargo, debe demostrarse el origen lícito de estos recursos. 

“Por las reglas de ahí (EEUU), debe demostrarse la licitud del dinero, de dónde sale ese dinero; en Bolivia tenemos las declaraciones juradas de Arturo Murillo, hay que ver de dónde se evacúa el dinero que él tendría que abonar, no tiene un plazo para hacerlo, puede demorar unos días y mucho más dependiendo de cómo legítimamente se conoce el origen del dinero”, ratificó.


Procurador General del Estado: “La OEA ha estafado al país”
Procurador General del Estado: “La OEA ha estafado al país”

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo este martes que la Organización  de Estados Americanos (OEA), representada por el secretario general Luis Almagro, cometió una estafa al país el 2019 al indicar que una auditoría identificó un caso de fraude en las elecciones presidenciales.

“La OEA le ha estafado al país, el señor Almagro le ha estafado al país. La OEA no hizo ninguna auditoría”, aseveró en entrevista con Bolivia TV.

Dijo que en octubre de 2019 el acuerdo entre el Gobierno y la organización internacional consistía en la realización de una auditoría que al final no fue cumplida.

“Hubo un informe que, primero, no es una auditoría, no se señala en ningún lugar que es una auditoría, porque no cumple ningún parámetro por los cánones nacionales e internacionales para hacer una auditoría, no da cifras”, aseguró.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos es cuestionado por su participación en las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia, sobre todo por su denuncia basada en un informe preliminar de un supuesto fraude.

Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al Gobierno del entonces presidente Evo Morales, quien denunció la escalada de violencia en el país en contra de autoridades, militantes y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El 10 de noviembre de 2019, la OEA publicó el informe preliminar en el que cuestionó la transparencia de los comicios generales sobre un presunto cambio de tendencia en el conteo de votos. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la dimisión de Morales, quien denunció un golpe de Estado.

Sin embargo, el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, fue contratada para la pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público el 15 de abril de 2021.

En el documento, se establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral. También, demostró que los sistemas y las bases de datos del sistema transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.


Abogado abre la posibilidad de que Fiscalía de EEUU negocie con Brasil la extradición del exministro López
Abogado abre la posibilidad de que Fiscalía de EEUU negocie con Brasil la extradición del exministro López

El abogado norteamericano Thomas Becker abrió este lunes la posibilidad de que la Fiscalía de Estados Unidos (EEUU) negocie con el Gobierno de Brasil la extradición del exministro de Defensa del gobierno de facto, Luis Fernando López, por el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos durante el golpe de Estado de 2019 en Bolivia.

“Es muy posible que estén en una negociación con Brasil para que el país pueda extraditar a Estados Unidos, para que él (Luis Fernando López) pueda ser procesado también”, mencionó en una entrevista con el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.

El jurista manifestó que se cree que la Fiscalía de Estados Unidos está en el proceso porque nombraron a “una persona de alto nivel del Ministerio de Defensa” en su investigación, en el marco de la más reciente audiencia por el caso para el extitular de Gobierno, Arturo Murillo.

“No han nombrado la persona por su nombre, pero muchos dicen que es López”, aseveró.

El 28 de mayo de este año, el fiscal William Alave informó que el Ministerio Público recibió la información de que el exministro de Defensa está en Brasil y que comenzaría a canalizar, por intermedio de la Cancillería, los mecanismos correspondientes para su retorno, con miras a que rinda cuentas por la imputación en su contra por el caso denominado “Gases lacrimógenos”-

La autoridad judicial detalló, en aquella oportunidad, que la exautoridad del gobierno de facto de Jeanine Áñez habría ingresado en enero y por vía terrestre a territorio brasileño, con el uso de un paso existente por la localidad de Corumbá.

“El Fiscal (General del Estado) tiene conocimiento de aquello, ya que analizaremos de manera inmediata, como lo hemos hecho en el caso de Murillo, y canalizaremos vía Cancillería lo que corresponda para traerlo y que responda por esta imputación”, aseveró, en una entrevista con Radio Patria Nueva.

En el caso denominado “Gases lacrimógenos” se tiene como antecedente el hecho de que el 25 de noviembre de 2019 el Ministerio de Gobierno envió una carta-contrato a la empresa brasileña Cóndor, en la cual se invita a la firma a presentar una propuesta económica para la compra de agentes químicos para la Policía Boliviana.

Al día siguiente, el 26 de noviembre, el Ministerio de Gobierno envió otra carta a la empresa Cóndor, mediante la cual hizo conocer que decidió la compra de agentes químicos a través de la empresa intermediaria Bravo Tacticals Solutions Llc. Ambas cartas llevan la firma de altos funcionarios del Ministerio de Gobierno.

Los depósitos de pago por parte del Gobierno boliviano, en específico del Ministerio de Defensa, fueron realizados a través del Banco Central de Bolivia (BCB) a una de las dos cuentas que la empresa intermediaria tiene en US Bank, la séptima institución bancaria más grande de Estados Unidos.

Según una investigación del Buró Federal de Inteligencia (FBI, por su sigla en inglés), la empresa intermediaria, ubicada en Norteamérica, tuvo ganancias de más de $us 2 millones en todo el proceso, dinero que sirvió también para pagar sobornos a los exfuncionarios bolivianos implicados en el caso.


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