El diputado Juanito Angulo (MAS) señaló este miércoles que la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), debe analizar la responsabilidad que tuvo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la crisis política y social que se vivió en Bolivia en noviembre de 2019.

“Es importante que se toque el rol que ha jugado la Organización de Estados Americanos y el rol que ha jugado el señor Luis Almagro. En lugar de cumplir (la función que determina) esta instancia internacional, (Almagro) se ha inmiscuido en asuntos internos de nuestro país”, indicó. 

Recordó que Almagro, a través de un informe preliminar no pactado con el Estado boliviano, dividió al país y favoreció a pequeños sectores conservadores. 

“Vulneró la soberanía e independencia del Estado boliviano, es por eso que en la Cumbre se debe analizar su actitud, comportamiento y accionar político”, mencionó. 

La VI cumbre de la Celac, se realizará el 18 de septiembre en México, en la cual Bolivia propondrá que ese bloque regional se fortalezca como alternativa a la OEA. Hasta la fecha, 33 países confirmaron su participación.

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados se trasladará el próximo 8 y 9 de octubre a Sucre para verificar e investigar sobre la desaparición de aproximadamente 200 expedientes relacionados con procesos disciplinarios en contra de jueces y personal de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial de Bolivia, informó este miércoles la diputada Estefanía Morales.

“A través de una petición de informe escrito, solicitado al Consejo de la Magistratura, hemos tomado conocimiento de que no existe documentación, ni expedientes en las oficinas de los nuevos magistrados que ahora están asumiendo este rol. Nosotros estamos constituyéndonos a la ciudad de Sucre el 8 y 9 de octubre para evaluar e inspeccionar si evidentemente no existen estos documentos”, adelantó.

Señaló que el objetivo de la inspección es también para verificar en qué situación se encuentra el proceso de investigación, luego de conocida la denuncia de desaparición de esos documentos.

“Entendemos que, de estos 200 expedientes, más de 100 se trata de denuncias contra algunas autoridades judiciales, jueces y vocales, por lo que queremos conocer en qué situación se encuentran o en qué etapa de investigación, están las denuncias disciplinarias contra jueces y vocales que han hecho conocer los ciudadanos a nivel nacional”, mencionó.

Los expedientes desaparecidos datan del año 2019 y tienen que ver con procesos disciplinarios por faltas cometidas contra jueces y funcionarios jurisdiccionales de todos los distritos del país que llegan en apelación de última instancia a la Sala Disciplinaria.

El exministro de Defensa del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, se refirió a la movilización indígena afín al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que intentó desprestigiar al Gobierno nacional y demostrar su afinidad con los movilizados que reciben el apoyo de la oposición.

“La dictadura de #Bolivia está terminado con los Indígenas que marchan por su sobrevivencia. El riesgo es su extinción por los avasallamientos de tierras promovidos y operados por el régimen cocalero. La marcha indígena va en su día 21 de caminata (sic)”, publicó en la red social.

Sánchez Berzaín es considerado en Bolivia como uno de los protagonistas de la represión de octubre de 2003. Fue parte del gobierno del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien también huyó a Estados Unidos (EEUU) ese año. Ambos son acusados de genocidio.

La movilización indígena, que partió de Beni, transita hace dos semanas y ocho días sin un pliego petitorio específico. Pretende llegar a la ciudad de Santa Cruz el 24 de septiembre, día de la efeméride cruceña y ser recibida por Camacho.

El miércoles 8 de septiembre, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, invitó a los miembros de la movilización a presentar su pliego petitorio para recibir la atención del Gobierno, pero hasta la fecha rechazan la convocatoria.

Sin embargo, el Gobierno garantiza un equipo médico que acompaña la movilización para atender cualquier problema de salud. Garantiza medicamentos e insumos básicos, alimentos y otros. La Policía Boliviana tiene la instrucción de resguardarlos.

El martes, como parte de las coordinaciones permanentes con los sectores, el presidente Luis Arce se reunió con las cinco regionales de los pueblos indígenas de Beni y con dirigentes históricos, quienes presentaron sus demandas de desarrollo para ser atendidas por el Gobierno.

El mandatario escuchó los distintos pliegos petitorios presentados por las organizaciones indígenas, así como las demandas de las bases, es decir de los afiliados a esas organizaciones.

El encuentro con todos los pueblos indígenas de Beni se realizó luego de que se produjeran, días atrás, similares encuentros del mandatario con los pueblos indígenas de Santa Cruz, La Paz y Tarija.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui (MAS), denunció este miércoles que Jeanine Áñez pretende dilatar el proceso investigativo, tras no asistir a una audiencia convocada por el juez que lleva adelante la causa.

“En el momento en el cual rehúsa participar de un acto jurisdiccional, ¿quién está ocasionando la dilación?, ¿quién está ocasionando que se pueda obstaculizar el proceso investigativo?, ¿la autoridad jurisdiccional?, ¿el Ministerio Público?, de ninguna manera, es la señora (Jeanine) Áñez”, apuntó.

El martes, Áñez, detenida en el penal de Miraflores, no asistió a una audiencia de la que previamente fue notificada, por lo que el Consejo Multidisciplinario y el director del Centro Penitenciario de Miraflores, determinaron sancionarla con tres días sin visita, determinación que no incluye al personal médico y a sus abogados.

“En este momento la oposición no puede apelar a que se estuviera desarrollando una persecución política, no existe ninguna instrucción ni manipulación para que la señora (Jeanine) Áñez pueda ser objeto de esta sanción administrativa”, aclaró.

Denunció que no es la primera vez que Jeanine Áñez y su defensa entorpecen las investigaciones, ya que el 26 de agosto sus médicos particulares no asistieron a la junta médica para evaluar su situación psicológica.

“Penosamente hemos sido nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, testigos de la falta de voluntad que tienen, por ejemplo, los médicos que le asisten, para asistir a la junta médica el 26 de agosto, donde existían médicos especialistas para determinar la condición psicológica y la medicación para la señora (Jeanine) Áñez”, subrayó.