El asesor legal de la Asociación Nacional de Madres y Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia, Israel Quino, informó este lunes que presentará una denuncia ante el Ministerio de Justicia por las “cláusulas abusivas” que estarían aplicando las unidades educativas particulares al momento de inscribir a los alumnos.

“Es inconcebible que se tenga que lamentar el abuso de estos empresarios de la educación privada que, a sabiendas de lo que ocurrió el 2020, aún pretendan, primero incrementar las pensiones, y segundo, generar una serie de artificios jurídicos y atentar a la economía de las familias”, dijo a radio Éxito.

En horas de la mañana, los padres de familia se apersonaron a oficinas del Ministerio de Justicia y entregaron una carta previa dirigida al titular de ese despacho, Iván Lima, en la que le hacen conocer sobre los cobros extraordinarios y abusivos, contratos lesivos a su economía que estarían aplicando los colegios particulares.

Por su parte, el representante de los padres de familia, José Antonio Pereira, en una entrevista a radio Panamericana, pidió al Ministerio de Justicia iniciar un proceso penal en contra de los notarios de fe pública que se prestan a ese tipo de “amedrentamiento”.

A su turno, la representante de la Asociación de Colegios Particulares (Andecop), Isabel Sotes, aseguró a radio Éxito, que los contratos que realizan responden a un “acuerdo” con los padres de familia.

Asimismo, afirmó que estos contratos no son irregulares y cumplen con las normativas vigentes en el país, y que el padre de familia tiene la plena libertad de firmar o no ese documento.

Mientras tanto, el titular de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, Juan Churata, informó que hasta la fecha no se presentó ninguna denuncia, por lo que instruyó a las distritales realizar el seguimiento correspondiente a las unidades educativas privadas.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) determinó este lunes intervenir la vía Canaletas-Entre Ríos debido a la “negligencia” de la Gobernación de Tarija que derivó en su severo deterioro por la falta de mantenimiento por más de siete años y la “poca seriedad y falta de la voluntad” de sus autoridades para completar documentación observada para el traspaso de la carretera a la entidad nacional.

“Hemos tomado la decisión (de intervenir) por instrucciones del presidente Luis Arce, no solamente este tramo, también vamos a ser responsables de otros”, dijo el presidente ejecutivo de la ABC, Henry Nina, a los legisladores, dirigentes del transporte, cívicos y profesionales tarijeños que se dieron cita en el tramo en conflicto.

La ABC inició labores de mantenimiento en esa vía con maquinaria pesada y destinará de manera inmediata un millón de bolivianos para movilizar equipos y personal, de esta forma “proteger la vida y seguridad” de los pasajeros y conductores, mientras la Gobernación tarijeña complete y entregue toda la documentación para la trasferencia definitiva.

“En ese sentido debemos decir que nosotros, la ABC, desde hoy y desde aquí nos vamos a hacer responsables del mantenimiento de este tramo de 23 kilómetros”, dijo Nina a tiempo de instruir a la ABC regional Tarija que proceda con los buenos oficios para la recepción de la variante Canaletas-Entre Ríos.

El tramo mencionado tiene una longitud de 23.11 Km, se encuentra en un grado de avanzado deterioro y en sectores específicos con pérdida de plataforma, además de presenta taludes inestables en varios sectores.

Nina, afirmó que es necesario realizar trabajos de emergencia que logren recuperar la plataforma, mejorar la capa de rodadura y garantizar la transitabilidad con la limpieza de derrumbes.

Posteriormente urge la rehabilitación del tramo lo que significa la erogación de importantes recursos económicos y a partir de ello continuar con el mantenimiento rutinario.

El Ministerio de Trabajo detalló este lunes el protocolo de bioseguridad que deben cumplir los propietarios de restaurantes y clientes para evitar la propagación del COVID-19.

De acuerdo con un boletín de prensa, un restaurante o café debe contar obligatoriamente con pediluvios para la desinfección de los zapatos. Muy cerca de la puerta se debe instalar un lavamanos portátil con agua, jabón líquido, toalla de papel o secador de manos y alcohol en gel para el uso tanto del personal, como de los comensales.

“Los clientes que ingresen sin barbijo no deberían ser atendidos”, afirmó la ministra de Trabajo, Verónica Navia.

En el marco del protocolo de bioseguridad frente al COVID-19 para la industria de alimentos, bebidas, restaurantes o cafés y empresas de reparto, Navia explicó que se deberá establecer zonas de acceso al repartidor y a los clientes con señalizaciones en el piso de hasta dos metros de distancia.

“Los puestos de atención al cliente deberán contar con barreras físicas o mamparas. La empresa debe implementar protocolos de limpieza y desinfección de todas las áreas para el debido cuidado de su personal y de sus clientes o comensales”, señalo la titular de Trabajo.

Recomendó definir y diferenciar los espacios de despacho, la cocina, los almacenes y otros. El personal que trabaja en estos ambientes debe cumplir con la distancia social de al menos 1,5 metros, y con los proveedores y clientes mantener una distancia de hasta dos metros.

Necesariamente se deben desinfectar los ambientes de alto tránsito con la mayor frecuencia posible y utilizar recipientes color rojo para los desechos peligrosos como papel higiénico, servilletas, pañuelos desechables y guantes, entre otros.

“Los recipientes que contengan residuos peligrosos deben ser manipulados con barbijo, mascarilla, guantes y ser colocados en una bolsa de color rojo amarradas con doble nudo y rociadas con un líquido desinfectante antes de ser descartados. Por ningún motivo deben ser abiertas nuevamente esas bolsas”, recomendó Navia.

El personal que manipule residuos peligrosos, dijo la titular de Trabajo, después de desecharlos necesariamente debe lavarse las manos durante 60 segundos y luego desinfectarlas con alcohol al 70%.

Se debe optar por el pago virtual, de ser en efectivo, realizar la desinfección mutua entre cliente y vendedor. Desinfectar las mesas con alcohol al 70% u otros líquidos desinfectantes.

Todos los restaurantes e industrias de alimentos deben contar con espacios exclusivos que permitan almacenar la ropa de casa separada de la indumentaria de trabajo. Asimismo, los servicios higiénicos deben ser lavados y desinfectados con la mayor frecuencia posible.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó este lunes que esa entidad envió más de 1,5 toneladas de agua y alimentos para las familias damnificadas por el desborde del río Mapiri, en el municipio de Guanay del departamento de La Paz.

“Estamos enviando agua, azúcar, aceite, arroz, por más de 1,5 toneladas”, aseveró, en una conferencia de prensa.

Según datos del Viceministerio de Defensa Civil, el desborde del río Mapiri, en la localidad de Guanay, dejó el saldo preliminar de 1.800 familias damnificadas, así como 2.500 afectadas, además de que provocó el desplome de 78 viviendas.

La autoridad estatal informó que los alimentos fueron colectados como resultado de la solidaridad de los servidores públicos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El lote de vituallas, detalló, será entregado al Ministerio de Defensa para su posterior entrega a los damnificados.

“El alcalde de Guanay, Róger Tintaya, con toda seguridad va a recibir estas donaciones que estamos efectuando”, enfatizó.

El titular de Obras Públicas de Servicios y Vivienda mencionó que esa entidad destinará un equipo de sus servidores públicos para que colabore también en la entrega de las vituallas.