La Paz, 29 de diciembre de 2022 (ABI). – En al menos cuatro ocasiones, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, eludió declarar por el caso del Golpe de Estado I pese a las notificaciones realizadas por el Ministerio Público.
Durante el paro que exigía que el Censo se realice el año 2023, que se extendió por 36 días, el otrora cívico que alentó las protestas de 2019 y que concluyó con la ruptura del orden constitución, dijo que no iría a La Paz a entregarse a la justicia.
“Si me quieren meter preso que vengan a mi pueblo, porque yo no voy a ir a entregarme al masismo, como ellos quieren”, dijo Camacho el 9 de diciembre durante una concentración en la capital oriental.
En apego a la norma, la Policía aprehendió a Camacho el miércoles y lo trasladó a la ciudad de La Paz, donde radica el proceso penal por el golpe de Estado de 2019.
Los seguidores de Camacho y varios de políticos opositores, que también formaron parte de la mesa política que definió la estrategia para deponer de la presidencia a Evo Morales en 2019, acusaron un supuesto “secuestro” del gobernador y denunciaron la violación de sus derechos humanos.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Edgar Salazar, enfatizó que el gobernador tenía pleno conocimiento del proceso penal que se inició en noviembre de 2020, que fue notificado en varias ocasiones para declarar y que no sufrió ninguna agresión.
“Fue notificado en cuatro oportunidades por comparendos para que presente su declaración en la ciudad de La Paz ante la autoridad del Ministerio Público hecho que ha rehuido de manera pública ante los medios de comunicación”, argumentó Salazar.
Señaló que Camacho “no tiene privilegios por más gobernador que sea” porque “él no ha querido someterse a un proceso investigativo, a una declaración investigativa, de manera abierta lo ha manifestado en los medios de comunicación, en ese sentido él conocía de las consecuencias que estaba asumiendo por su irresponsabilidad, por la negligencia de sus abogados que hoy quieren victimizarlo”.
Luego de que se lo citó en octubre de 2021, Camacho dijo que iría a La Paz a declarar con el fin de “contar la verdad" e incluso aseguró que "guardar silencio es ofender la lucha de todo un pueblo", consignó el periódico cruceño El Deber.
Pese a esa afirmación, la noche del miércoles Camacho se acogió a su derecho al silencio ante la Fiscalía. Ahora espera su audiencia cautelar, donde se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel.
Apenas llegó a La Paz, personal médico realizó la revisión del estado de salud del gobernador Camacho y no encontró ninguna lesión o marca de alguna agresión como sus seguidores alegaron.
Para certificar ello, la APDHB solicitó un informe al personal policial y médico que recibió al gobernador cruceño.
“Tenemos conocimiento de manera oficial que no ha sufrido ningún tipo de agresión, ni ha sido golpeado”, afirmó Salazar.
A quienes protestan por la aprehensión de Camacho, el presidente de la APDHB pidió que se deje trabajar al Ministerio Público para que realice una labor de forma transparente.
Consideró “innecesario” la quema de entidades públicas como de la Fiscalía Departamental en Santa Cruz y otras cinco entidades públicas, porque esos “actos no han de influir en la decisión de las autoridades del Ministerio Público”.
A la Fiscalía también le exigió que cumpla con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y desarticule el grupo paraestatal de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que al igual que en 2019 genera terror en la capital cruceña.
Denunció que seguidores de esos grupos amenazaron a dirigentes sociales en una suerte de “revanchismo por la aprehensión del señor Camacho”.
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