El ministro de Justicia, Iván Lima, ratificó este lunes que es un Tribunal de Imprenta el que debe evaluar los reclamos del recluso Jhasmani Torrico, quien interpuso una demanda penal en contra de varios medios de comunicación por difamación y calumnias.
“Ningún director de medio de comunicación tendría que responder a una orden que es emitida en contra de la Constitución. La Constitución garantiza la libertad de expresión, la ley es muy clara, no se puede entregar esa información, esa información solamente puede ser entregada eventualmente ante un Tribunal de Imprenta”, manifestó.
Torrico, que tiene una sentencia por extorsión, tortura y secuestro, el pasado 22 de abril envió un memorial a 13 medios de comunicación, a través de una juez de turno de la ciudad de Cochabamba, para que entreguen ejemplares originales y videos de las notas referidas a sus casos.
El abogado pide que con ese material se inicie una investigación penal en contra de periodistas y medios.
Tanto el Ministerio de Justicia, como la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), pidieron respeto al derecho de la libertad de expresión en Bolivia ante la decisión de la jueza Sofía Camacho de conminar a los 13 medios a entregar su información.
“El trabajo periodístico no puede ser criminalizado y no se puede seguir acciones penales. Nadie debe entregar información ni de los periodistas ni de los medios de comunicación”, remarcó Lima.
El abogado Torrico fue sentenciado a seis años y seis meses de cárcel por los delitos de secuestro, tortura y extorsión a un mecánico en 2019.
