El canciller Rogelio Mayta, lamentó que el régimen de Jeanine Áñez haya ocultado la solicitud del Papa Francisco para liberar a las exautoridades que se asilaron en la residencia de la Embajada de México tras el golpe de Estado de 2019.

Mayta, entrevistado en el programa “Las 7 en el 7” difundido por Bolivia Tv, también indicó que la jerarquía católica "probablemente debiera decirnos ‘sabíamos, no sabíamos’”, respecto a la solicitud expresada por el Sumo Pontífice.

El 15 de enero de 2020 el entonces embajador de Bolivia ante el Vaticano, Julio César Caballero, envió una nota de urgencia a la entonces canciller Karen Longaric informando que el Papa Francisco sugirió “superar la crisis de los asilados en la Embajada de México en la ciudad de La Paz, proporcionando salvoconductos a aquellas personas que se encuentran en esa legación diplomática, consolidando así el proceso de pacificación y el periodo electoral iniciado por Bolivia”.

Tras el golpe de Estado, varios exministros y exautoridades permanecían asiladas entonces en la Embajada de México.

Al respecto, el canciller Mayta dijo que la omisión por parte del régimen de Áñez solo confirma que ese gobierno ingresó con la Biblia en la mano, pero no hizo caso al Papa.

“Lo que hicieron ellos, (lo) que hizo el gobierno de Áñez, agarró, ocultó la nota, nunca mencionó, nunca lo refirió y siguieron el acecho de la embajada mexicana donde estaban las personas que habían sido beneficiadas con el asilo”, sostuvo.

Según declaró Longaric al programa Asuntos Centrales, ella informó de la solicitud a Jeanine Áñez.

Respecto al papel de la jerarquía católica boliviana, el canciller Mayta dijo que ese hecho “probablemente también expone de cierta medida a la Iglesia Católica. Ellos deberán decirlo ¿no? Hay un liderazgo nacional de la Iglesia Católica, habrán sabido o no de este criterio del Papa, no lo sabemos, no hay pronunciamiento. Probablemente debieran decirnos ‘sabíamos, no sabíamos’ porque en determinado momento iban a contraflecha”.

Según el periódico La Razón, integrantes de la Conferencia Episcopal de Bolivia visitaron a Longaric cuando era ministra para solicitarle la liberación de al menos uno de los asilados en la residencia de la embajada de México.

En su solicitud expresada al embajador Caballero, el Papa sugirió otorgar salvoconductos “a aquellas personas que se encuentran en esa legación diplomática” mexicana.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Emilio Rodas, informó este sábado que al menos diez personas, entre cooperativistas y policías, resultaron con heridas menores tras un enfrentamiento entre explotadores de oro y vecinos de la región minera de Mapiri, al norte de La Paz.

“Ha habido casi 300 personas que han hecho el desplazamiento y se ha producido heridos entre los cooperativistas y se han contabilizado 10, tenemos también policías con lesiones (…). No existen heridos de gravedad, son heridos menores, pero si no estaba la policía ahí las consecuencias hubieran sido graves”, dijo a los medios.

Rodas señaló que la Policía Boliviana se encontraba en el lugar siguiendo un conflicto previo entre comunidades de Mapiri, lo que permitió a la fuerza del orden interceder y desplegar la línea de contención que contó con 45 efectivos.

El Viceministro expresó su preocupación por ese tipo de hechos que se están convirtiendo en cotidianos en el lugar y aseguró que se velará por el derecho enmarcado en la ley.

“Nos preocupa que este tipo de acciones se vuelvan cotidianas, porque los derechos mineros son otorgados por el Estado, tienen un procedimiento enmarcado en la ley, entonces ese derecho minero tiene que ser respetado y cualquier contradicción que haya contra ese derecho tiene que ser refutado en el marco de la legalidad, no podemos proceder a ese tipo de ocupación”, resaltó.

Según reportes de prensa, el viernes un grupo de pobladores del municipio de Mapiri denominados “Los hijos del pueblo de Santa Rosa” irrumpieron en los terrenos de la Cooperativa Nueva Esperanza II, a causa de ello se produjeron enfrentamientos.

Al menos 25 efectivos navales participaron del Curso de Capacitación en Técnicas de Rescate en Puerto Quijarro (Santa Cruz), enmarcados en la Ley N° 2976, que establece que las Capitanías de Puerto de la Armada Boliviana deben accionar los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en los espacios acuáticos.

“El personal naval, y más aún el personal de esta Capitanía de Puerto, tiene la responsabilidad de priorizar y garantizar la seguridad en la navegación y la salvaguarda de la vida humana en espacios acuáticos; cabe destacar la importancia de esta vía acuática, siendo que es de carácter internacional, conectando al Estado al Océano Atlántico, y al contar con un gran flujo de embarcaciones, es prioritaria la actualización en los conocimientos”, informó el teniente de Navío, Marcio Gutiérrez, Jefe de Operaciones de la Capitanía de Puerto Mayor “Quijarro”.

La actividad fue organizada en coordinación con la Empresa KPN Safety y la Cruz Roja Boliviana, donde participó personal de la Base Naval “Tamengo”, Unidad Operativa de Servicios Portuarios y de la misma Unidad Naval, donde los efectivos militares recibieron instrucción teórica y práctica.

El personal naval destinado en Capitanías de Puerto, de acuerdo a las funciones que ejerce como Policía de Navegación, debe estar preparado, capacitado y con los conocimientos actualizados para actuar de manera inmediata y oportuna ante una situación de emergencia, para salvaguardar la vida humana en los espacios acuáticos, garantizando de esta manera la seguridad en la navegación dentro de su área de jurisdicción, según una nota de prensa.

Jeanine Áñez conocía el pedido del Papa Francisco para que se libere a exautoridades asiladas en 2019 tras el golpe de Estado, mientras la Conferencia Episcopal de Bolivia, días después de la solicitud del Sumo Pontífice, tuvo una reunión al respecto. Sin embargo, tanto el régimen de entonces como la jerarquía católica guardaron silencio.

Las revelaciones fueron expresadas por la excanciller del gobierno de facto, Karen Longaric y, en parte, por el exembajador de Bolivia ante el Vaticano, Julio César Caballero, quien firmó el informe diplomático del 15 de enero de 2020 donde da a conocer que el Papa Francisco solicitó proporcionar salvoconductos a las personas asiladas en la residencia de la embajada de México, en La Paz.

Tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca, César Navarro y Hugo Moldiz, además de Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro; Pedro Dorado, exviceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), se refugiaron en la residencia de la Embajada de México en la ciudad de La Paz.

Dos meses después, el Santo Padre sugirió “superar la crisis de los asilados en la Embajada de México en la ciudad de La Paz, proporcionando salvoconductos a aquellas personas que se encuentran en esa legación diplomática, consolidando así el proceso de pacificación y el periodo electoral iniciado por Bolivia”, según indica la nota clasificada de “muy urgente”, con CITE: EB.VA. NSC.08/2020, firmada por el entonces embajador de Bolivia ante la Santa Sede del Vaticano, Julio César Caballero Moreno.

La nota fue enviada a Karen Longaric con copia al entonces vicecanciller Carlos Zannier.

Caballero consideró, en radio Fides, que “es obvio que la señora Ministra comunicó a la señora presidenta en ese momento este mensaje porque es un mensaje clasificado como muy urgente”.  

Al respecto Longaric indicó que “conocía de esa carta y yo instruí al vicecanciller de entonces hablar sobre ese tema y también le transmití a la presidenta (Jeanine Áñez) el tema”, dijo en una entrevista con el programa Asuntos Centrales, según el periódico La Razón.

Es decir, Jeanine Áñez, quien varias veces enarboló públicamente la Biblia, conocía la solicitud del Papa Francisco para liberar a los asilados en la residencia mexicana, pero no permitió el desalojo de las exautoridades y tampoco realizó algún informe público sobre ese pedido.

Pero también la jerarquía católica del país tenía conocimiento de la preocupación de Santo Padre, ya que hizo gestiones en ese sentido, pero se limitó a solicitar la liberación de una persona de todas las asiladas, según relató Longaric.

Ella dijo que fue visitada por una “delegación grande” de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y los sacerdotes, quienes le dijeron que ellos querían que el Gobierno “exprese un gesto humanitario y dé un salvoconducto al menos para una persona”, según publicó La Razón.

“Inmediatamente llamé a la Presidenta y al exministro (de Gobierno Arturo) Murillo y (también) le transmití esa gestión de la Conferencia Episcopal (porque eran) justamente los sacerdotes que participaron de la pacificación del país”, relató Longaric.

Al respecto, el exembajador Caballero, quien había transmitido la solicitud del Papa, dijo que se enteró de esas gestiones. “Solamente he escuchado, no tengo la información porque no necesariamente debo tenerla, sé que la gestión la realizó la Conferencia Episcopal que en su momento hizo una gestión ante la Cancillería. Hicieron gestiones para tratar el tema de los refugiados en ese momento. Eso es lo que sé, pero no tengo un conocimiento oficial de ese tema”, dijo en radio Fides.

Esas gestiones de la Conferencia Episcopal se realizaron días después que Caballero informó al régimen de Áñez, el 15 de enero de 2020, de la solicitud del Sumo Pontífice.

Días después, el 31 de enero de 2020, Áñez otorgó permisos para que el exministro de Minería, César Navarro y el exviceministro de Desarrollo Rural Agropecuario, Pedro Damián Dorado López, puedan salir de la residencia mexicana.

Al respecto Longaric dijo que “entonces, la Presidenta seguramente analizó con Murillo y decidieron dar dos salvoconductos, uno para el exministro (César) Navarro y otro para un exviceministro”, contó.

Sin embargo, la Policía detuvo de manera ilegal a Navarro y Dorado por más de siete horas antes de su vuelo a México.

Sobre la detención, Longaric reveló otras gestiones de la jerarquía católica ya que dijo que el Nuncio Apostólico la llamó para informar de ese problema.

“Entonces, llamé (otra vez) a la Presidenta y Murillo para decir que no se cometiera semejante atropello (detener a Navarrro y Dorado). Y a los dos días me visitó el Nuncio junto con un grupo de embajadores para expresarme su preocupación por lo que había ocurrido en el aeropuerto”, indicó.

El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó esa detención como un “incidente” y atribuyó a una “mala comunicación” la aprehensión.

Tras esas dos liberaciones y pese al pedido del Papa, el resto de las exautoridades asiladas no pudo salir de la residencia mexicana. Inclusive, grupos civiles se apostaron en las cercanías y hasta la policía reforzó el control para evitar la salida de los refugiados.

Sobre el conocimiento y papel del régimen de Áñez y de la Conferencia Episcopal Boliviana, respecto a la solicitud del Papa para liberar a los asilados, la exministra de Culturas, Wilma Alanoca dijo que ambos deben dar explicaciones al pueblo boliviano.

“Exijo a la señora Karen Longaric que no nos responda por Zoom, ni por Twitter, que venga a Bolivia desde Chile, que diga la verdad de lo que pasó con el tratamiento de esa nota tan importante de la que sí o sí dependían la vida de muchas personas y de muchas familias en nuestro país. Lo propio, que los señores de la Conferencia Episcopal de Bolivia digan la verdad con la biblia en la mano y que le hablen al pueblo boliviano”, solicitó el viernes en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.