Tras llevarse a cabo la audiencia cautelar sobre el caso gases lacrimógenos, este viernes, la autoridad jurisdiccional dispuso la emisión de una resolución de declaratoria de rebeldía en contra de los exministros del régimen Arturo Murillo Prijic y Luis Fernando López Julio, así como las anotaciones preventivas de los bienes de ambos coimputados, informó el fiscal anticorrupción, Junior Flores.

“En definitiva, ya la norma procesal penal ha establecido que cuando un sujeto procesal, previa a su legal notificación no asiste al llamado de la autoridad jurisdiccional, entonces la autoridad lo que hace es aplicar la rebeldía, es decir, el efecto de su rebeldía es que la investigación se va a llevar a cabo en ausencia del sindicado con los efectos, justamente, de una aprehensión a los efectos de que sea conducido a esta autoridad jurisdiccional”, explicó en conferencia de prensa.

Flores además señaló que la declaratoria en rebeldía no impide que el Ministerio Público lleve la investigación a los efectos de esclarecer la verdad histórica de los hechos.

“El fallo radica en juicios declarados rebeldes con la Ley 004, acá lo que se está haciendo es una etapa netamente investigativa donde estamos en una etapa preparatoria, donde el Ministerio Público está acumulando mayores elementos de convicción, eso no impide que el sujeto procesal declarado rebelde pueda comparecer ante la autoridad jurisdiccional y poder proseguir y continuar con los actos investigativos”, mencionó.

Informó que en la audiencia se presentó un abogado que asumió la defensa de López Julio, quien manifestó que su defendido se encuentra en la clandestinidad, criterio que fue valorado por la autoridad.

“Ha manifestado que su cliente estaría en la clandestinidad, criterio que ha sido valorado por la autoridad, empero, las diligencias han sido corridas conforme establece la Ley 1970, es decir, que han cumplido la finalidad y ellos tenían la obligación de comparecer ante la autoridad jurisdiccional”, remarcó.

Asimismo, adelantó que el Ministerio Público activará todos los mecanismos necesarios para acortar los plazos y así poder llegar a una verdad histórica de los hechos, tener un requerimiento conclusivo y la participación de cada uno de los implicados.

Sobre la anotación preventiva de los bienes de ambos imputados, dijo que la autoridad jurisdiccional emitirá una resolución judicial que establece las características de esta determinación.

“Entiendo yo que se va a emitir oficios a las diferentes instituciones a los efectos no solamente del congelamiento de cuentas, sino también de la anotación preventiva de bienes que estarían registrados en contra de estos coimputados”, finalizó.

Tras llevarse a cabo la audiencia cautelar sobre el caso gases lacrimógenos, la autoridad jurisdiccional dispuso la emisión de una resolución de declaratoria de rebeldía en contra de los exministros del régimen Arturo Murillo y Luis Fernando López, así como las anotaciones preventivas de los bienes de ambos coimputados, informó el fiscal anticorrupción, Junior Flores.

“En definitiva, ya la norma procesal penal ha establecido que cuando un sujeto procesal, previa a su legal notificación no asiste al llamado de la autoridad jurisdiccional, entonces la autoridad lo que hace es aplicar la rebeldía, es decir, el efecto de su rebeldía es que la investigación se va a llevar a cabo en ausencia del sindicado con los efectos, justamente, de una aprehensión a los efectos de que sea conducido a esta autoridad jurisdiccional”, explicó en conferencia de prensa.

(Noticia en desarrollo)

Las deficiencias en la etapa preliminar de investigación sobre casos de feminicidios y los cambios constantes de personal en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y la Fiscalía, son el cuello de botella que influyen en la retardación judicial y sanción de esos ilícitos, informó el senador Rubén Gutiérrez.

El legislador, quien es Vicepresidente de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio, fue entrevistado este jueves en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv.

“Hay un trípode de la funcionalidad del sistema judicial boliviano: la Fiscalía, la Policía el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses). Son estas tres instancias que intervienen cuando ocurre un delito de feminicidio. Hemos podido identificar el mayor cuello de botella en la etapa preliminar”, sostuvo.

“En la medida que se pueda desarrollar la investigación, preparar y obtener los indicios, las pruebas, las evidencias, que permitan sustentar, a través de la acusación en el juicio oral, es que va a avanzar el proceso. Mientras no se hace una buena investigación, el manejo científico de la prueba que va a poder sustentar en el juicio oral, es que no vamos a poder avanzar”, añadió.

Dijo que solo La Paz y Cochabamba cuentan con oficinas del IDIF. El resto de los departamentos, al carecer de dichas oficinas, se ven obligados a enviar sus pruebas de feminicidio hasta las regionales paceña y valluna.

En ese trayecto, muchas veces las pruebas se contaminan o dañan lo que dificulta la sanción a los feminicidas.

Otra falencia, dijo el senador, es la excesiva rotación y movimiento de personal al interior de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, destino que suele ser considerado como un “castigo” por los uniformados, indicó.

Agregó que esa tendencia está cambiando en los últimos meses.

Algo similar ocurre en la Fiscalía donde también existe mucho cambio de personal, añadió.

Explicó que, debido a la complejidad de la problemática, se amplió hasta diciembre la elaboración de conclusiones de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio.

Lo importante es trabajar en la prevención de los hechos de violencia, añadió el Legislador, quien dijo que el tema involucra a Estado y sociedad en su conjunto.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este jueves que se erradicó 2.386 hectáreas de coca excedente desde abril hasta junio de este año.

“El total se ha erradicado hasta la fecha 2.386 hectáreas”, dijo en una entrevista en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.

Según Mamani, el resultado se alcanzó con la eliminación de 309 hectáreas en La Paz, 1.733 en Cochabamba y 344 hectáreas en Santa Cruz.

La cifra global toma en cuenta a 537 hectáreas destruidas en los sectores de racionalización y 1.849 hectáreas en lugares no autorizados por ley para la producción de coca, añadió.

La autoridad estatal destacó que el resultado superó las 531 hectáreas erradicadas en el primer semestre de la gestión 2020.
El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas recordó que el Gobierno nacional tiene la meta de eliminar 9.000 hectáreas este año.