El Ministerio de Defensa informó este sábado que el personal de la Policía de Navegación de la Capitanía de Puerto Mayor “Sócrates Vargas Camacho” detuvo a 11 ciudadanos de nacionalidad cubana en la localidad de Guayaramerín, Beni, cuando trataban de pasar por la frontera cerrada entre Brasil y Bolivia sin documentación en orden, ni el certificado negativo de la prueba PCR para el COVID-19.

Los extranjeros fueron interceptados por medio de un patrullaje fluvial y control portuario, para luego ser deportados al vecino país en coordinación con personal de la Dirección de Migración.

“En Guayaramerín, personal de la Policía de Navegación de la Capitanía de Puerto Mayor ‘Sócrates Vargas Camacho’, dependiente del Tercer Distrito Naval ‘Madera’ de la Armada Boliviana, detienen a 11 ciudadanos de nacionalidad cubana, que no tenían su documentación en orden, ni el certificado negativo de una prueba PCR para ingresar a territorio nacional”, asevera, de acuerdo con un boletín institucional.

Después de establecer la prórroga del cierre de fronteras con Brasil desde este viernes hasta el 16 de abril, ante la amenaza de una nueva variante del COVID-19, el Gobierno determinó medidas preventivas en todas sus fronteras con Estados limítrofes.

Mediante un comunicado multiministerial, la Cancillería, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno indicaron que el cierre temporal de fronteras con Brasil es prorrogable, según evaluación epidemiológica. Durante este tiempo, se dispondrá diariamente el tránsito fronterizo por el lapso de hasta cuatro horas.

“En el resto de los puntos fronterizos con los demás países vecinos se establece un máximo de 8 horas diarias de funcionamiento de lunes a domingo”, se lee en el comunicado.

Los residentes en poblaciones fronterizas deben presentar su carnet de identidad acreditando su residencia en una población fronteriza o Tarjeta Vecinal Fronteriza en los casos que corresponda. Asimismo, deben exhibir documentación exigida por normativa migratoria y aduanera vigente.

Todas las personas deberán pasar un control médico para verificar y registrar su temperatura corporal. Ante la presencia de cualquier signo o síntoma compatible con el COVID-19, se llenará una ficha epidemiológica y la persona deberá ser sometida a pruebas laboratoriales para confirmar o descartar el diagnóstico, y serán aisladas de acuerdo con los procedimientos establecidos.

El flamante presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, confirmó que respaldó el gobierno de facto de Jeanine Áñez y que ejerció cargos políticos en 2002, según informó Bolivia Tv.

“Nosotros no hemos sido parte del gobierno (de Áñez)… Hemos estado ayudando en lo que es la parte científica, y eso hemos hecho”, declaró Larrea.

El galeno admitió de esta manera su participación en el régimen de facto cuando fue parte del denominado Comité Científico que anunció que trabajaría en estrategias de lucha contra el COVID-19, durante la primera ola de la enfermedad.

Sin embargo, los resultados de su gestión fueron adversos: no había pruebas para diagnosticar, no se tenía el número exacto de personas contagiadas, no se distribuyó insumos de bioseguridad ni equipos médicos, menos respiradores.

Al respecto, el canal televisivo realizó un sondeo a varios ciudadanos. Una de las personas entrevistadas recordó que “tanto en el golpe de Estado han hecho. Ahorita está metido el Mesa, Tuto, Camacho, y eso no dice nadie, no hay justicia para eso; la verdad ese doctor también”, declaró en alusión al médico Larrea.

Larrea es representante de un grupo de profesionales, no debía prestarse a hacer política, debería dedicarse a su gremio y a la salud de los bolivianos, reprochó otro ciudadano consultado.

Una de las entrevistadas cuestionó que los médicos, a la cabeza de Larrea, solo realizan paros contra el MAS, pero se mantuvieron callados durante el régimen de Áñez.

Un representante de los cívicos de La Paz, dijo que Larrea tuvo varios cargos políticos y apoyó el gobierno de facto.

El reporte de Bolivia Tv dio cuenta de que el Colegio Médico nació al amparo del Decreto 7944 del 1 de octubre de 1971, durante la dictadura de Hugo Banzer, es decir, el ente fue creado en dictadura. “En ese entonces el Colegio Médico tenía la denominación de Confederación Médica, y en ese gobierno cambia a Colegio Médico”, dijo Larrea al respecto.

Este lazo entre "los Larrea" y la dictadura, fue mencionado por el abogado Aldo Michel, quien denunció que el padre de ahora presidente del Colegio Médico, fue colaborador del dictador Luis Arce Gómez y "paramilitar en ejercicio" de la dictadura de Luis García Meza.

En el reportaje televisivo, Larrea admitió que tuvo varios cargos en anteriores gobiernos. “He sido invitado el año 2002 a ser director nacional de Gestión y Capacitación de Recursos Humanos, en una gestión que luego he sido el director de Drogodependientes”, informó.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este viernes que en los próximos meses entrarán en funcionamiento los seis helicópteros Súper Puma para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en el país.

“De los seis que existían, a la fecha solo tenemos dos helicópteros que son de suma importancia para la interdicción y operativos de traslado de efectivos hasta el lugar de los hechos. Para los próximos meses entrarán en operación los seis helicópteros, además de un mayor equipamiento para la FELCN y modernización de su armamento”, anunció en una entrevista.

Mamani indicó que al asumir el cargo se evidenció que ninguno de los vehículos para los operativos, ni helicópteros que habían sido adquiridos durante la gestión del presidente Evo Morales, estaban en funcionamiento; asimismo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) no contaba con instrumentos para desarrollar su trabajo.

“Para hacer una lucha eficiente necesitamos equipamiento, material logístico y al principio hemos tropezado con eso, el Gobierno de facto no solo ha destruido la economía del país, sino que ha destruido las instituciones”, aseveró.

Agregó que de manera inmediata se pondrá también en funcionamiento los 13 radares para el control del espacio aéreo para el monitoreo de avionetas que ingresan al país; además del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (CERIAN) para el cruce de información entre países vecinos.

El jurista brasileño Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que los tres elementos que evidencian la ejecución de una masacre en un determinado territorio, fueron ejecutados en Sacaba y Senkata durante el golpe de Estado de noviembre de 2019.

Explicó que el término masacre es utilizado cuando un conjunto de personas es ejecutado extrajudicialmente, o hay un alto número de víctimas fatales resultado de operativos conjuntos entre la Policía y los militares; y por el número de personas que perdieron la vida de una misma forma al mismo tiempo o lugar.

“Estas tres características están presentes en lo que ha sucedido en Sacaba y Senkata y la visita de la Comisión identificó patrones de lesiones que refuerzan más este registro de que hubo indicios de ejecución extrajudicial, además de los numerosos testimonios que hemos recibido y las imágenes registradas”, sostuvo durante una entrevista con el programa "La Pulga Podcast".

Abraõ dijo que algunos países no reconocen la masacre registrada en Bolivia en 2019 porque eso implicaría una responsabilidad internacional sobre toda la cadena de comando que generó las condiciones de violencia.

“También, en Bolivia identifiqué un intento muy claro de politizar el reclamo, de politizar la memoria, verdad y justicia de las víctimas, como una manera de generar invisibilidad, como una manera de justificar la violencia por parte del Gobierno de entonces”, afirmó.

Recordó que la visita de la delegación de la CIDH se realizó en un contexto post electoral, en el que las violaciones a los derechos humanos documentadas y registradas demostraron una responsabilidad directa de las autoridades del gobierno de facto.

“En Bolivia hemos encontrado un elevado número de testimonios y documentos que mostraron un uso desproporcionado de la fuerza de seguridad, situaciones de violación del derecho a la vida, violaciones al derecho a la protesta, e indicios de posibles ejecuciones extrajudiciales, más allá de las masacres mencionadas”, reveló.

El jurista dijo que, en su visita a los centros de detención, se encontró a cientos de personas que habían sido detenidas arbitrariamente y que sus testimonios fueron recabados sobre tortura y malos tratos, más allá de la intimidación social que se disparó en las calles y la persecución a los opositores al régimen de facto de Jeanine Áñez.

Aseguró que el caso de Bolivia amerita gran atención de la comunidad internacional para que no se pierda el foco central de la discusión y la representación de los derechos humanos que no pueden ser sustituidos por intereses políticos.