La Fiscalía determinó este miércoles la aprehensión del abogado Jorge S., exintegrante de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de Deberes en la compra de 324 respiradores chinos con sobreprecio, transacción realizada durante el régimen de facto.

El informe fue brindado a Bolivia Tv por el fiscal departamental Marco Villa quien dijo que, hasta la fecha, tres personas fueron aprehendidas y se investiga a un total de 18 exfuncionarios del Ministerio de Salud que tuvieron que ver con la compra irregular de los equipos médicos en plena pandemia del coronavirus.

"Hemos encontrado indicios de la participación de esta persona, un abogado que fungía en el anterior gobierno en la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud (...) hemos podido establecer la evacuación de informes técnico legales con las cuales esta persona habría suscrito", indicó el Fiscal.

Explicó que el abogado Jorge S. habría firmado las adendas a los contratos que permitieron la adquisición de los 324 respiradores chinos.

El jurisconsulto está acusado por los presuntos delitos de incumpliendo de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, informó el Fiscal.

Según la denuncia que radica en la Fiscalía, el Estado boliviano pagó por cada respirador chino la suma de $us 35.858 pese a que cada equipo tenía un precio de fábrica de unos $us 18.500 la unidad, por lo que se presume de un sobreprecio millonario.

Esta adquisición irregular no se realizó directamente con la empresa fabricante sino mediante una empresa intermediaria, de manera similar a la transacción efectuada por Arturo Murillo en la adquisición de gases lacrimógenos cuando también se recurrió a intermediarios.

En este caso de los respiradores chinos, la justicia determinó, en abril, la detención domiciliaria, una fianza de Bs 70.000 y arraigo para la exministra de Salud, Heidy Roca.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, informó este miércoles que se comisó 371 vehículos indocumentados con operativos realizados entre el 01 de enero y el 26 de mayo de este año por miembros del Comando Estratégico Operacional en las fronteras del país.

“Del total de vehículos incautados, entre camiones, vehículos medianos y livianos, motos y lanchas; 332 son decomisados y 39 fueron incinerados”, manifestó de acuerdo con una nota de prensa institucional.

La autoridad estatal explicó que varios de los vehículos incautados contenían mercadería y productos de consumo de contrabando, que son trasladados periódicamente desde unidades militares hacia los recintos regionales de la Aduana Nacional.

Sin embargo, recordó que las operaciones de transporte de la mercadería ilegal son susceptibles a reacciones de pobladores y contrabandistas que pretenden recuperar los motorizados o la carga, por lo que los efectivos militares son objetos de agresión.

En ese sentido, la autoridad destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas en los diferentes operativos de lucha contra el contrabando.

“El apoyo que vienen brindando las Fuerzas Armadas es muy importante, puesto que las actividades que venimos realizando en toda la zona de seguridad fronteriza es intensa debido a que permanentemente se realizan actividades y operaciones militares de localización, identificación y principalmente operaciones de interdicción a toda actividad ilícita que tiene el contrabando en todas las zonas de seguridad fronteriza del territorio nacional”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que los logros en la lucha contra el contrabando fueron el resultado de 3.946 operaciones tácticas en la lucha contra el contrabando, entre patrullajes, la instalación de puestos de control fijos y móviles, reconocimientos, escoltas, traslado de comisos, operaciones logísticas, transporte y vuelos de reconocimiento.

Las tareas involucraron, detalló, 2.709 operaciones terrestres, 129 pluviales y 29 aéreas.

Finalmente, expresó que el presidente Luis Arce instruyó realizar un control más efectivo, intenso y contundente contra el contrabando, para impedir que mercadería ilegal sea internada en el territorio nacional, con el fin de proteger la hegemonía y la producción económica nacional.

“Los ministros que firmaron el decreto supremo, no pueden argumentar que desconocían la compra de armas químicas”, sentenció este miércoles el exministro de la Presidencia del gobierno de facto, Jerjes Justiniano, en referencia al intento de deslindarse de responsabilidades por parte de exautoridades que conformaron el gabinete del régimen de Jeanine Áñez, respecto a la adquisición con sobre precio de material antidisturbios.

“Hay que recordar que entre el 10 y el 12 de diciembre, se firma un decreto supremo autorizando la compra (…), los ministros que firmaron ese decreto supremo, no pueden argumentar que desconocían la compra de armas químicas porque ellos firmaron”, afirmó, en un contacto telefónico con Bolivia Tv.

Indicó que para la firma de un decreto supremo “se hace una serie de informes para que cada ministro conozca los detalles de eso. Entonces, no pueden los ministros ahora venir a decir que no conocían de este proceso, ellos sí conocían”.

Justiniano señaló que la compra de agentes químicos no debió autorizarse a través de un decreto supremo, toda vez que es una “compra casi recurrente” del Ministerio de Gobierno.

“Pero como era tan irregular el trámite, porque empieza el trámite en el Ministerio de Gobierno, pero luego concluye y firma el contrato de venta el Ministerio de Defensa. Yo creo que para tratar de justificar lo injustificable, fue que quisieron firmar un decreto supremo cuando no era necesario”, sostuvo.

Entre el 3 de diciembre de 2019 y el 28 de febrero de 2020, el gobierno de facto puso en vigencia los tres decretos que viabilizaron la compra de material antidisturbios, a través de la reasignación de recursos del Tesoro General de la Nación.

La excanciller del gobierno de facto, Karen Longaric, quien fue citada a declarar ante la Fiscalía por la compra con sobreprecio de material antidisturbios, permanecerá ausente del país durante aproximadamente 45 días, informó este miércoles su abogada, Audalia Zurita.

“Ella retornaría en 45 días, cumple ella sus compromisos académicos, entonces, de ahí, recién puede programar su retorno a Bolivia”, señaló Zurita, en un contacto con Bolivia Tv.

Indicó que las universidades en las que su defendida “dicta clases, no solamente están en un país, sino en diferentes países”, por lo cual, podría abandonar Chile en cualquier momento para cumplir con su agenda de actividades académicas.

“Si acaso la expresidenta (Áñez) tiene responsabilidad y la doctora Longaric lo conoce, lo va a declarar porque ella no tiene nada que esconder”, acotó la jurista.

Longaric avaló, junto al gabinete de Áñez, los tres decretos que autorizaban la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y armamento no letal para el Ministerio de Defensa a través del Ministerio de Gobierno, negociado de $us 2,3 millones que fue realizado por Arturo Murillo junto a sus principales colaboradores.

Además de ello, en su gestión como Canciller, procedió a la designación de Jacqueline Mercedes Murillo Prijic, hermana del entonces ministro Arturo Murillo Prijic, como cónsul de Bolivia en Miami, Estados Unidos.

En días pasados, Longaric culpó directamente a Jeanine Áñez por favorecer a Arturo Murillo y designar a su hermana como cónsul de Bolivia en Miami.