La Defensoría del Pueblo ratificó que los derechos de la exsenadora Jeanine Áñez, ahora recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, son completamente respetados y que además recibe una adecuada atención en salud, tras hacer el seguimiento a este caso.    

“La Defensoría ha hecho un seguimiento desde el momento de la aprehensión en el departamento de Beni, en el departamento de La Paz, donde a entrevista de la señora ha señalado que se encontraba en condiciones, que no se habían generado ningún tipo de abusos, ningún tipo de excesos por parte de las autoridades policiales, específicamente, o de otras autoridades o servidores públicos”, informó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

En relación a la atención médica que Añez recibe en este centro de reclusión, Cruz manifestó que, luego de realizada una inspección, se verificó que son adecuadas, particularmente con la imputada.

“En ese marco, sí debemos saludar, hemos realizado la visita al centro de Miraflores, la verdad ojalá esas condiciones las pudieran dar de una forma más expansiva para todas las personas privadas de libertad”, señaló.

Según el informe de la Defensora, en el penal de Miraflores se amplió el servicio médico y la unidad de emergencia estacional. “Entendemos que eso beneficiará a la señora Áñez, así como de las otras personas privadas de libertad que se encuentran en el lugar”, sostuvo.

Asimismo, calificó como un avance significativo que el penal de Miraflores cuente con dos médicos de turno para cubrir a diario las necesidades de la población penitenciaria.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó que en el caso de los tres juicios de responsabilidades admitidos por la Fiscalía General del Estado en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, será la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que en definitiva determinará su continuidad por dos tercios de votos de sus integrantes.

“La decisión debe ser tomada por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa. Solamente, en esa eventualidad podrían continuar los juicios que se desarrollan ante el Tribunal Supremo de Justicia”, detalló Lima en entrevista con Cadena A.

Respecto a los casos admitidos Lima explicó que, “tienen que ver con el crédito del FMI que se recibió de parte del país sin autorización de la Asamblea Legislativa, por decisiones del Órgano Ejecutivo; y, los otros dos juicios de responsabilidades tienen que ver con el tema de derechos humanos”.

La autoridad aclaró que la proposición acusatoria solamente abarca a Áñez, que es la única que tiene juicio de responsabilidades. En ese marco, anunció que en los próximos días la Fiscalía tomará declaraciones a todas las personas que ellos consideren que aporten elementos para poder decidir si van a presentar el caso ante la ALP.

Al respecto, el Artículo 184 numeral 4 de la Constitución Política del Estado, establece: “Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato”.

“El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento”, agrega el texto constitucional.

La Fiscalía General del Estado admitió tres de las cuatro proposiciones acusatorias de juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez y varias exautoridades del gobierno de facto.

Los casos “Préstamo inconstitucional del FMI”, “Violación de la libertad de expresión en la cuarentena” y “Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile”, fueron aceptados e informados a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con los memoriales suscritos por el fiscal General, Juan Lanchipa.

En el caso del préstamo del FMI, la acusación fue presentada por el ministro de Justicia, Iván Lima, en contra de Jeanine Áñez, del exministro de Economía, José Luis Parada Rivera, y del expresidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte Reyes Ortiz.

Las acusaciones son por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Áñez, Parada y Aponte fueron acusados debido a que, de manera ilegal y sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del Decreto Supremo 4277 del 26 de junio de 2020, dispusieron la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI. Ese proceso generó, desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido ascendió a $us 24,3 millones, indica un reporte del Ministerio de Justicia.

Respecto al caso “Violación de la libertad de expresión en la cuarentena”, la acusación es contra Jeanine Áñez por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa, y atentados contra la libertad de trabajo.

Esta acusación es por la vulneración al derecho de libertad de expresión cuando Áñez puso en vigencia el Decreto Supremo 4200. Con esa norma utilizó la pandemia por coronavirus como pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de centenares de personas, indica el reporte.

Esa norma presidencial criminalizaba las acciones de “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población” para someterlos a “cargos penales por delitos contra la salud pública”.

Sobre el caso denominado “Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile”, éste fue presentado contra Áñez por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, y discriminación.

Este caso se refiere a los bolivianos que durante semanas fueron impedidos de retornar al país y permanecieron en condiciones inhumanas en la frontera con Chile, en medio de la primera ola de la pandemia.

Niños, ancianos y mujeres embarazadas eran parte del grupo de bolivianos que fueron impedidos de ingresar al país por el paso terrestre, mientras que otros ciudadanos que retornaban vía aérea recibieron otro trato, lo que generó el reclamo de grupos de defensa de los derechos humanos, agrega el informe.

La cuarta acusación que aún no fue admitida por la Fiscalía se trata de la ampliación de la concesión por 15 años del Registro de Comercio a Fundaempresa, según reportes de prensa.

El abogado Aldo Michel, quien fue testigo acusador en el juicio a Luis García Meza, alertó este lunes que la estructura y matriz golpista y violenta que actuó en 2019, se encuentra intacta y puede volver a actuar de manera similar a lo sucedido en 1980, cuando no se sancionó una red conspirativa y ésta volvió por la fuerza a Palacio de Gobierno.

Michel, entrevistado en el programa 180, de radio Patria Nueva, se refirió a las torturas y asesinato del sacerdote Luis Espinal, acribillado en marzo de 1980 por grupos paraestatales violentos que operaron al amparo de los golpistas, de manera similar a lo ocurrido en 2019.

El abogado recordó que en 1979 se produjo el golpe de Estado de Alberto Natusch Busch, el cual duró pocas semanas debido a la resistencia popular que derivó en la posesión de Lidia Gueiler como presidenta.

Sin embargo, debido a que no se desarticuló la estructura golpista ni se sancionó a sus actores, meses después volvió a ocurrir un nuevo golpe de Estado, esta vez encabezado por García Meza, quien corrigió los errores de Natusch y se quedó hasta 1981.

Michel dijo que ahora ocurre algo similar, ya que se mantiene la estructura golpista y paramilitar que actuó en 2019. “A varios actores principales del golpe de Estado, el 2020 les permitió hacerse candidatos: Iván Arias, Manfred Reyes, Fernando Camacho, la señora Áñez, Rafael Quispe, Luis Larrea y otros que participaron activamente del golpe”, manifestó.

“Estos mismos señores, la misma gente que fue parida por los golpes de Estado de Banzer, García Meza, como estructura clásica del golpe tienen esta misma matriz: conformación de grupos irregulares, amenazas, violencia, desconocimiento de la voluntad popular, impunidad” y un propósito de vaciar las arcas estatales, indicó Michel.