Conoce los cuatro indicios que permitieron identificar los hechos de corrupción en Entel
Conoce los cuatro indicios que permitieron identificar los hechos de corrupción en Entel

El gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Roy Méndez, y el presidente de su directorio, Héctor Ramírez, explicaron este miércoles que hubo cuatro indicios que permitieron identificar el hecho de corrupción denunciado en la jornada por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en relación a un egreso irregular de $us 389.919 para el pago a una empresa no existente durante el gobierno de facto, cuya dirección de funcionamiento era un terreno baldío.

Ramírez señaló que las investigaciones partieron de la necesidad de conocer las razones por las cuales la empresa de telecomunicaciones había decaído durante el régimen de Jeanine Áñez. Detalló que, ante las verificaciones, el primer indicio que llamó la atención fue la orden de compra por servicios que señala: “Pago adelantado al 100 por ciento, fraccionado por informes confidenciales presentados a la Gerencia General”.

“Este es el primer papel que nos llama la atención y luego verificamos quién es el que firma, y firma Eddy Luis Franco, Gerente General de Telecom S.A.C. Bolivia, que también era Gerente General de Entel. Nos fijamos el monto y es 389.919 dólares, casi 400.000 dólares. Lo primero que nos llama la atención, entonces, es por qué es confidencial, algo ha debido tener que preservarse”, sostuvo Ramírez, en entrevista para el programa Primer Plano, de Bolivia Tv.

Detalló que la empresa Servitel había sido contratada para realizar la verificación y el mantenimiento de los nodos de fibra óptica instalados en Perú. Al ser un trabajo cotidiano, llamó la atención que el proceso se maneje con carácter de confidencialidad, por lo que se procedió a la constatación de si la empresa estaba constituida para tal efecto.

“Vamos y nos encontramos con que es un terreno baldío, no existe la empresa, por eso la llamamos fantasma (…), en ese sentido es la segunda sospecha”, acotó.

“El tercer antecedente que nos llama la atención son las formas de pago. Se han hecho siete pagos por diferentes cantidades que han llegado a sumar casi 400.000 dólares, y en varios de estos formularios de pago verificamos que no enviaban las facturas, la empresa no enviaba la factura aquí a Bolivia”, dijo el Presidente del Directorio de la empresa estatal de telecomunicaciones.

Como cuarto indicio citó el pago que era realizado por la funcionaria que fue aprehendida este miércoles en el marco de las investigaciones del caso. Remarcó que todas las cancelaciones de este tipo, por el monto, deben tener autorización de gerencia, y en los formularios de tramitación figuran las firmas y sellos de quien entonces fungía como gerente de Entel, Eddy Luis Franco.

“Es de ahí que empezamos a hacer la indagación y también con nuestro Gerente General, a ver muchos más detalles”, expresó Ramírez, quien aseguró que, de acuerdo a los informes requeridos, se pudo constatar que “nunca se ha aproximado esta empresa” al lugar en el que se debía efectuar el trabajo para el que fue contratada.

A su turno, el Gerente de Entel dijo que Telecom S.A.C. se constituyó en denunciante del caso y es el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, como accionista mayoritario, quien informó sobre la acción legal.

“Nosotros, vamos también a hacer las mismas acciones en Perú, la siguiente semana (…), y nosotros, acá, vamos también a pedir a nuestra justicia que sea un trabajo pulcro y rápido, principalmente”, concluyó.

Respecto al periodo del régimen de Áñez, Méndez señaló que la empresa sufrió una paralización que repercutió en la disminución de las utilidades en un 45%. “En mi opinión, esto respondía a un plan sistemático, no solamente contra Entel, sino contra las empresas estatales como BoA, por ejemplo”, sostuvo.

 


 
Aprehenden a funcionaria de Entel acusada de desviar $us 500.000 durante la gestión de Áñez
Aprehenden a funcionaria de Entel acusada de desviar $us 500.000 durante la gestión de Áñez

Una funcionaria de la estatal Entel fue aprehendida este miércoles, acusada de desviar $us 500.000 hacia la cuenta de su pareja durante el régimen de Áñez, monto que debería ir destinado a la empresa Telecom de Perú por concepto de fibra óptica, informó el coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos.

“Se le ha nombrado en comisión por parte del gerente de Entel (Eddy Luis Franco) para que realice y se encargue de lo que son algunos pagos y, específicamente, la fibra óptica en Bolivia”, sostuvo en conferencia de prensa.

“El relevamiento de información lo habrían realizado personeros que habrían ingresado recién a trabajar a Entel y que habrían podido verificar la inexistencia de respaldo. Son egresos que ascienden a la suma de 500.000 dólares, es por esa razón que el Ministerio Público el día de hoy ha emitido una orden de aprehensión en contra de una de las personas que está implicada”, acotó.

Bustillos indicó se aprehendió a la persona que estaba a cargo de “realizar estos desembolsos que tenían relación con los accionistas de Telecom del Perú”. Dijo que este es el segundo día de investigación y aseguró que se harán todos los esfuerzos para esclarecer la situación.

“Esto se basa en relación a la función que tenía esta persona, que era encargada específicamente de operativizar lo que es la fibra óptica en nuestro país. Nosotros estamos iniciando esta investigación por los tipos penales de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica”, sostuvo.


Ministro de Gobierno da inicio a labor de grupo destinado a evitar la violencia contra mujeres y niños
Ministro de Gobierno da inicio a labor de grupo destinado a evitar la violencia contra mujeres y niños

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dio inicio este miércoles a las actividades del denominado Grupo de control de medidas de protección y cautelares de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la ciudad de La Paz.

“Hoy damos inicio al grupo de control de medidas de protección y cautelares de la FELCV”, manifestó en un acto público.

EEl titular de Gobierno hizo, además, entrega de un vehículo para la FELCV.

Detalló que la nueva instancia policial tendrá como tarea principal el seguimiento a personas sindicadas por violencia intrafamiliar con orden de restricción, para que no puedan acercarse a sus víctimas.

El único fin será precautelar la integridad de las mujeres y los niños del país, complementó.

Por otro lado, Del Castillo recordó que los gobernadores y los alcaldes electos tienen la tarea fundamental de reforzar a la Policía Boliviana, con los recursos económicos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que están destinados a la partida de seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia.

“La Ley del sistema nacional de seguridad ciudadana promulgada en 2012, establece que las entidades gubernamentales territoriales autónomas deben disponer mínimamente el 10 por ciento de los ingresos del IDH para fortalecer la seguridad ciudadana”, recalcó.

Además, mencionó que el Decreto Supremo 2145 determina que el 10% del presupuesto de seguridad ciudadana de gobernaciones y alcaldías debe destinarse a la lucha contra la violencia hacia la mujer.

“Por lo tanto, también es una responsabilidad de las futuras y los futuros gobernadores, llámense alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, equipar a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia para que brinde una respuesta de manera oportuna a las víctimas de violencia de género”, acotó.

Añadió que con las nuevas medidas gubernamentales que se ejecutan en la lucha contra la violencia, se espera disminuir las agresiones contra las mujeres.


Fiscalía imputa a exfuncionarios de la Gestora Pública por compra y venta irregular de valores
Fiscalía imputa a exfuncionarios de la Gestora Pública por compra y venta irregular de valores

El fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, informó este miércoles que se emitió una resolución de imputación formal en contra de dos exfuncionarios de la Gestora Pública de la Seguridad Social, que son José L. P. P., exgerente de Inversiones a.i, y Ricardo G. Z. E., profesional de gerencia, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. 

Ambos son investigados por presuntas transacciones irregulares en la Gestora, que habrían provocado un daño económico al Estado de al menos Bs 43 millones. La Fiscalía solicitará la detención preventiva de los procesados.  

“El Ministerio Público se basó en los elementos de convicción de auditoría interna, de revisión a las operaciones de compra y venta de Títulos y Valores, fotocopia legalizada de los informes emitidos por la Gerencia Nacional de Inversiones desde marzo hasta agosto de 2020, documentos legalizados de las actas y resoluciones del directorio que estuvo al frente de la Gestora durante el hecho, entre otros que serán puestos a consideración de la autoridad jurisdiccional”, explicó el Fiscal Anticorrupción, Johan Muñoz. 

De acuerdo a la investigación, los exfuncionarios procedieron, mediante correos electrónicos institucionales, en siete oportunidades a la compra y venta de Valores de Depósitos a Plazo Fijo (DPFs) desde la Gerencia de Inversiones de la Gestora con la autorización del exgerente General. Sergio I. F. M. y Luis V. C. P., exgerente de Inversiones a.i. 

“La Gestora tenía tanto capital que podía comprar directamente del banco sin necesidad de usar de intermediaria a la Bolsa de Valores, además la compra y venta de los valores se habrían realizado sin un informe técnico de inversiones que puede detectar ganancia o pérdida de capital”, señaló Muñoz.

Agregó que todos estos indicios permitirán al Ministerio Público pedir en la audiencia de medidas cautelares la detención preventiva de los imputados mientras dure la investigación en el penal de San Pedro de La Paz, de acuerdo con un boletín institucional.


Unidad de Investigaciones Financieras presentó denuncia penal contra Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020
Unidad de Investigaciones Financieras presentó denuncia penal contra Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020

La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó este miércoles que se presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal contra el exministro de facto Arturo Murillo Prijic y contra Aida Luz Lorena Melean Coronado, por haber ordenado el allanamiento de las oficinas de esa entidad el 16 de octubre de 2020.

Durante el gobierno de facto, un grupo de personas que se identificaron como funcionarios del Ministerio de Gobierno, procedieron al allanamiento de las instalaciones de la UIF, ingresando a las oficinas e impidiendo el normal desarrollo de las funciones de los servidores públicos, prohibiendo la posibilidad de estar en sus escritorios y reuniéndolos en un ambiente durante toda la jornada laboral.

Los funcionarios del Ministerio de Gobierno ingresaron a estas dependencias violando la política de seguridad de la institución y los protocolos de entrada y salida que deben cumplir todas las personas que ingresan a esta entidad.

“Nosotros debemos aplicar medidas de seguridad al ingreso de nuestras instalaciones, protegiendo la forma como transmitimos la información, a quienes permitimos entrar a nuestras instalaciones. Lamentablemente, estos protocolos han sido vulnerados y con eso ha sido vulnerado el estándar internacional”, denunció Morales en conferencia de prensa.

Arturo Murillo habría sido denunciado por los delitos de allanamiento, estorbar o impedir el ejercicio de funciones, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, entre los principales ilícitos.

La denuncia interpuesta también en contra de Aida Luz Lorena Melean Coronado, es por los delitos de allanamiento, estorbar o impedir el ejercicio de funciones, uso de instrumento falsificado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

La sindicada pretendió tomar posesión como directora general ejecutiva de la UIF, portando para ello una Resolución Suprema que no contaba con las formalidades legales requeridas para este efecto.

La acusación también pide identificar a los autores, cómplices e instigadores que no fueron reconocidos y que fueron enviados desde el Ministerio de Gobierno por órdenes de Murillo.


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