La Paz, 31 de diciembre de 2023 (ABI). – Andrónico Rodríguez juró con el puño izquierdo en alto la madrugada del 7 de noviembre para presidir, por cuarto año consecutivo, la Cámara de Senadores. Lo hizo luego de rubricar el “acuerdo” con las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, de Carlos Mesa y Fernando Camacho, respectivamente, actores principales del golpe de Estado de 2019.
Bautizado como “Agenda Legislativa”, el acuerdo de “evistas”, “camachistas” y “mesistas” era la evidencia del accionar coordinado que, a lo largo de 2023, las tres fracciones aplicaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para frenar proyectos de ley como los referidos a los presupuestos, créditos, e inclusive, una propuesta legal sobre la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual.
Mesa, uno de los promotores de las vigilias en los tribunales electorales que terminaron con ataques y quemas de sus instalaciones, en el inicio del golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales, celebró el acuerdo con los “evistas” y lo definió como “un camino común en la Cámara de Senadores”.
Desde el Ejecutivo, el portavoz presidencial Jorge Richter cuestionó el acuerdo porque con éste “se dejaron hipotecados principios ideológicos, compromisos históricos y la solidaridad con los hechos de sangre” de 2019, durante el golpe de Estado, por ir en contra de los hechos y admitir que existen “presos políticos” en el país.
El documento fue ofrecido inicialmente a senadores renovadores del MAS, quienes lo rechazaron, justamente, porque pretendía desconocer los hechos de violencia y muerte de 2019 a cambio de un apoyo para la Presidencia del Senado.
“Han constituido una coalición de oposición para estructurar dos tercios que les permita a ellos (al ala que responde a Evo Morales) entorpecer, desestabilizar y frenar legislativamente todo aquello que el Gobierno nacional viene implementado y que tiene paso por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, denunció en esa ocasión.
En efecto, hasta inicios de diciembre, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, reclamó por la no aprobación de al menos ocho proyectos de ley referidos a créditos por más de $us 900 millones.
Entre ellos estaba el proyecto de ley referido al programa de preinversión para el desarrollo, que es financiado con $us 52 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y el apoyo a la emergencia para la respuesta de la situación del Covid, financiado con $us 112 millones.
También está el Proyecto de Ley de Complemento a la Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi, tramo Confital – Bombeo, con $us 88 millones, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF); el vinculado al mejoramiento y ampliación de ocho carriles de la carretera La Paz – Oruro, tramo Senkata – Apacheta, por $us 57,2 millones y el del programa de ampliación de la red de transporte por cable de la empresa Mi Teleférico, con $us 62 millones financiados por el BID, entre otros.
Similar situación enfrentó la aprobación del Presupuesto General del Estado Reformulado 2023. Presentado el 16 de agosto, el PGE Reformulado 2023 fue aprobado recién el 21 de noviembre, luego de sufrir modificaciones en la Cámara de Senadores.
Este “boicot”, como lo definió el Gobierno nacional, llevó a que la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) Global modifique la calificación de riesgo de Bolivia de B- a CCC+, con perspectiva negativa.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aclaró que no son todos los legisladores, sino “algunos” diputados y senadores “que no están pensando en nuestro país, lo cual es lamentable, y que piensan que, a través de la obstaculización de estos créditos, se perjudica al Gobierno nacional” cuando en realidad se afecta al pueblo.
El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, dijo que algunos parlamentarios obstaculizan la aprobación de créditos con fines políticos.
Por ello, destacó la “importancia” de organizar, a inicios de 2024, “una reunión con todos los alcaldes y el Órgano Legislativo para debatir la desburocratización de los créditos para municipios”.
Además de frenar las leyes económicas, en la Cámara de Diputados se rechazó la aprobación del proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual.
Un grupo de 54 diputados del ala “evista”, de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos rechazaron la consideración de ese proyecto de ley el 21 de septiembre.
El proyecto de “Ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes” fue presentado en mayo por el Órgano Ejecutivo, luego de revelarse el diario del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, donde confiesa que violó a 85 menores, la mayoría en el Colegio Juan XXIII. Este hecho hizo que salieran a la luz pública denuncias similares contra jesuitas y religiosos de otras órdenes.
El estallido de los abusos de sacerdotes llegó al más alto nivel
En una carta dirigida al presidente, en mayo, el papa Francisco expresó su dolor y vergüenza por los actos de pederastia cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica en Bolivia, cuestionó la negligencia de quienes debieron “vigilarlos” y comprometió trabajo conjunto con el Gobierno del Estado Plurinacional para reparar las injusticias cometidas.
La postura la expresó en una misiva en respuesta a una carta enviada por Arce el 22 de mayo.
A todo ello se sumó el fracaso en el diseño de una norma que permita la preselección de los aspirantes a las altas magistraturas del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuya elección debía realizarse en 2023 para que las nuevas autoridades asuman a inicios de 2024.
Así, en 2024 se tendrá que realizar las elecciones de las nuevas autoridades del TCP, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura; además, la Asamblea tiene en agenda para la próxima gestión la designación del nuevo Fiscal General del Estado, en sustitución de Juan Lanchipa, quien culminará su mandato en octubre; y de las leyes para la nueva asignación de escaños a partir del Censo de Población y Vivienda previsto para el 23 de marzo próximo.
Jcch/Afbs