ANUARIO 2023: Caso “Golpe de Estado I” en la etapa final, suman seis sentencias condenatorias que servirán de base para el juicio oral

ANUARIO 2023: Caso “Golpe de Estado I” en la etapa final, suman seis sentencias condenatorias que servirán de base para el juicio oral

La Paz, 31 de diciembre de 2023 (ABI). – Uno de los episodios que marcó la gestión 2023 fue que, hasta la fecha, seis personas fueron sentenciadas y declaradas culpables, entre exministros y exaltos mandos militares en el caso denominado Golpe de Estado I. Según la Fiscalía, la investigación llegó a su final y se ultiman detalles del requerimiento conclusivo y la acusación formal.

“Ya se ha concluido con la presente investigación que dio resultados para presentar la acusación (…). La Fiscalía ha conseguido elementos para poder acusar a las personas. En este caso establecimos la comisión de delitos y en su momento haremos conocer sobre qué personas se ha establecido esta comisión de delitos”, aseveró el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

Se prevé que la Comisión concluya con las últimas revisiones y presente la acusación ante el juez, quien resolverá la fecha y hora del juicio oral.

Alave consideró que este juicio se activará tras la vacación judicial; es decir, en enero de 2024.

“La investigación ha dado resultados para presentar una acusación”, enfatizó el fiscal distrital en conferencia de prensa.

El caso “Golpe de Estado I” se activó tras la denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, a finales de 2020.

En este proceso son investigados la exsenadora Jeanine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho, el excívico potosino Marco Antonio Pumari.

Además de los excomandantes militares Williams Kaliman y Carlos Orellana, el comandante policial Yuri Calderón y los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Yerko Núñez, quienes fueron declarados “rebeldes”.

La Fiscalía investiga las reuniones y acciones sostenidas por algunos sectores y personajes políticos, entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre de 2019, que derivaron en la destitución del expresidente Evo Morales, que más adelante desencadenó las masacres en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

El caso está en su etapa final, luego de tres años de investigación. Hasta el momento, seis de las personas que acompañaron a Áñez en 2019 decidieron someterse a un juicio abreviado.

Se trata de Álvaro Coímbra, quien fungía como ministro de Justicia, y Rodrigo Guzmán, exministro de Energías.

Ambas exautoridades están detenidas en el penal de San Pedro desde marzo de 2021, pero fue hasta el 5 de diciembre que, en su juicio oral, admitieron haber incurrido en los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa.

Dos semanas antes, el excomandante del Ejército, general Pastor Mendieta; el excomandante de la Armada, almirante Palmiro Jarjury; el excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros, y el exjefe del Estado Mayor, almirante Flavio Arce San Martín, decidieron someterse al procedimiento abreviado, con ellos suman seis sentenciados.

La comisión de fiscales que lleva adelante el caso revisa el requerimiento conclusivo, con el que se presentará la acusación formal en contra de Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y otros.

Alave explicó que estas seis sentencias servirán de base junto a las pruebas colectadas para fundamentar la acusación formal en el juicio.

Excívico principal investigado 

El excívico Luis Fernando Camacho se constituyó en uno de los principales actores de la crisis de 2019; es decir, entre el 22 de octubre y el 10 de noviembre, dos días después de las fallidas elecciones generales.

El 2 de noviembre, en un cabildo multitudinario del Cristo Redentor, el entonces presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz invocó a las Fuerzas Armadas (FFAA) y dos días después pidió apoyo a la Policía Boliviana.

A finales de diciembre de ese año, Camacho relató a sus seguidores cómo se definió el apoyo de militares y policías. Reveló que, su padre José Luis Camacho, coordinó con militares y policías para que dejen desprotegido al Gobierno de ese entonces.

“Fue mi padre quien cerró (el trato) con los militares, para que no salgan (a las calles) (con) la Policía, de la misma manera: fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (militares y policías) no iban a salir, fue que dimos (el plazo de) las 48 horas, porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz (...). Ese fue el momento más duro que pasamos”, explicaba Camacho a sus seguidores, en un video que circuló en redes sociales.

Con esas palabras, el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz explicó las razones por las que se aventuró a dar al expresidente Evo Morales el plazo de 48 horas para dejar el poder en noviembre de 2019.

El excívico fue parte central de las movilizaciones cívicas violentas de ese entonces. Carolina Ribera, hija de Áñez, reveló que Camacho fue parte del gobierno de su madre y que pidió muchos ministerios.

Tras haber eludido en al menos cuatro ocasiones las citaciones para declarar por el caso Golpe de Estado I, pese a las notificaciones realizadas por el Ministerio Público. Fue hasta el 28 de diciembre de 2022, que Camacho fue capturado y traslado a La Paz.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció el 4 de enero la ampliación de la denuncia, luego de mostrar millonarios depósitos y retiros que hizo Camacho antes, durante y después del golpe de Estado.

De acuerdo con el detalle proporcionado por el ministro, los movimientos en la cuenta bancaria de Camacho, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, llegan a al menos Bs 4,5 millones.

En este caso, el cruceño es investigado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, se amplió por los presuntos delitos de financiación al terrorismo, seducción de tropas y cohecho.

Camacho está recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, emplazado en el municipio paceño de Viacha.

El artículo 127 del Código Penal sobre seducción de tropas establece que “El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una rebelión o una sedición, será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar”.

Mientras que cohecho activo del artículo 158 determina que “El que directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del Art. 145, disminuida en un tercio”.

Gmm/Afbs


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