El joven Eduardo Arancibia Barrancos (22) murió el 9 de noviembre de 2022 luego de chocar contra un cable coaxial que fue colocado por bloqueadores afines al gobernador Luis Fernando Camacho. Foto: Ahora El Pueblo
ANUARIO 2022: 36 días de un movimiento golpista derrotado

ANUARIO 2022: 36 días de un movimiento golpista derrotado

Santa Cruz, 19 de diciembre de 2022 (ABI-ANUARIO). – Mientras el diputado de Creemos Carlos Arrien Cronembold, molesto, empezó a lanzar piedras a la tarima, aquel 13 de noviembre, miembros de la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC) hicieron de custodios para que los cívicos salieran del lugar casi corriendo.

 “Traidores, vendidos”, gritaba la turba que se resistía a creer lo que minutos antes había ocurrido. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en un video grabado que se difundió en cabildo, dio por aceptada la propuesta del Gobierno nacional de organizar el Censo de Población y Vivienda el 23 de marzo de 2024, sepultando la exigencia de “Censo sí o sí en 2023”, como se prometió en el primer cabildo, el 30 de septiembre.

 No importó la advertencia del gobernador Luis Fernando Camacho de “declarar con muerte civil” a quien acceda a la propuesta del Ejecutivo nacional, ni la exigencia de los sectores más radicales que planteaban endurecer el paro indefinido que para entonces ya superaba los 23 días.

 Molesta, la turba se trasladó desde la rotonda del Cristo Redentor hasta la casa del cívico Rómulo Calvo, quien tuvo que salir para calmar los ánimos de los movilizados.

 “El discurso del Gobierno de separatista, de racista, de odiadores, lo estamos viendo en las calles, Santa Cruz (…) está peleando la lucha de los bolivianos”, justificó Calvo alegando, además, que lo medular desde ese momento era “revisar la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”.

 Aminorada la furia de los movilizados, el médico, con un post grado en la especialidad de colo-proctología, volvió a “su encierro” en su hogar. Llamó a algunas personas, a sus amigos y a su papá Rómulo Calvo Hurtado. Se quejó de la movilización e hizo sus conjeturas.

 “Era la gente de Camacho”, le sugirieron y él lo asumió como verdad, dando por terminada una relación de amistad de larga data, de comparsa, de logia y de la militancia política donde se sumó el actual senador de Creemos, Erick Morón.

 La razón que motivó a Camacho a alentar una movilización contra de Calvo fue la decisión de este último de “excluirlo”, nuevamente, de la lista de oradores del cabildo del 13 de noviembre.

 De hecho, 48 horas antes de esa multitudinaria concentración en el Cristo Redentor, Camacho suponía que él sería el único orador, por la detención domiciliaria impuesta a Calvo y la posición tenue del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar.

Luego de los paros del 25 de julio y del 8 y 9 de agosto, el 22 de octubre inicia el paro indefinido en Santa Cruz en demanda del Censo en 2023. Foto: CPSC

 Se sentía fortalecido luego de aparecer ante los medios de comunicación con el comandante Departamental de la Policía, Jhonny Chávez Bascopé, a quien le exigió acabar con la violencia desatada en la capital cruceña, a pesar de que quienes la motivaron fueron los grupos de choque violentos vinculados a la UJC quienes incendiaron la sede de los campesinos y saquearon las oficinas de la Central Obrera Departamental cruceña el 11 de noviembre.

 Los encapuchados, armados con palos, bates, petardos y bazucas artesanales tomaron, saquearon y quemaron la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, luego de romper un débil cerco policial. No se detuvieron ante la posibilidad de que en el interior hubiera personas.

 Todo empezó en respuesta a una marcha de sectores sociales que exigían acabar con el paro que empezó el 22 de octubre. La toma y quema de instituciones recordaron a la crisis de 2019, en la que Camacho fue uno de los actores principales.

 Además, los grupos de choque instalaron vigilias en varias entidades públicas, entre ellas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), dando cumplimiento a sugerencias de los denominados “comités de autodefensa”.

 Las turbas que atacaron las sedes sociales también se volcaron con violencia contra trabajadores de la prensa, principalmente contra aquellos que trabajan en medios estatales, para evitar que testimonien en imágenes la toma y quema de las instalaciones de los sectores sociales que rechazan el paro.

 Similares hechos de violencia se registraron a lo largo del paro. En el primer día de la medida, un trabajador fue apaleado hasta morir en el municipio de Puerto Quijarro.

 Luego se registraron otros tres fallecidos y una denuncia de violación grupal, además de la vulneración sistemática de los derechos humanos y la agresión a mujeres del pueblo indígena Ayoreo.

 Centrada en su exigencia de “Censo sí o sí en 2023”, la dirigencia del Comité Interinstitucional cerró todas las opciones de resolver el conflicto.

 Pese a ello, el Gobierno perseveró en el diálogo y así el 21 de octubre, antes del inicio de la medida, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, propuso realizar el Censo de Población y Vivienda en abril del año 2024 y garantizar la distribución de los ingresos económico por coparticipación seis meses después.

 De manera adicional, el 22 de octubre, cuando se instaló una mesa de diálogo, la ministra Prada planteó conformar una comisión técnica para que defina la fecha definitiva de la encuesta nacional.

 Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas por la dirigencia del Comité Interinstitucional, que decidió romper el diálogo con el Gobierno y continuar con la medida de presión con su exigencia de que el proceso censal se efectúa en 2023.

 Fue en medio de esas movilizaciones, que las organizaciones sociales de Santa Cruz sugirieron al Gobierno convocar al Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, cuya cita se celebró el 28 de octubre en la ciudad de Cochabamba.

 De esa cita participaron técnicos del Comité cruceño, y fueron interpelados por autoridades departamentales y de las autonomías indígenas por sugerir realizar el Censo en el último trimestre de 2023, en plena temporada de lluvias.

 Resultado de ese encuentro, se convocó a la conformación de la Comisión Técnica en la ciudad de Trinidad, Beni, para definir la fecha de realización de la encuesta nacional.

Como sucedió en Cochabamba, la delegación del Comité Interinstitucional participó del encuentro, sin embargo, se retiró de la Comisión antes de explicar su propuesta de realizar el Censo en 2023.

 Junto con la delegación del Comité Interinstitucional, conformada por la Gobernacón de Santa Cruz y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), se retiraron de la reunión los representantes de las alcaldías de Santa Cruz, La Paz y Tarija.

 Pese a ello, la Comisión concluyó su labor con la recomendación de efectuar el proceso censal entre los meses de marzo y abril de 2024.

 Para garantizar la calidad del proceso y recogiendo la recomendación de la Comisión Técnica, que sesionó en Trinidad entre el 5 y 9 de noviembre, el Gobierno fijó para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda a través del Decreto Supremo 4824 del 11 de noviembre de 2022.

 Aceptada la propuesta del Gobierno, el cabildo del 13 de noviembre pidió que el decreto sea elevado a rango de ley y delegó es labor a los legisladores de Santa Cruz.

El subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, agredió a mujeres del pueblo Ayoreo, el 28 de octubre, en los primeros días del paro. Foto: Captura

 En medio de ello, se divulgaron grabaciones de audio en las cuales legisladores de Creemos admitían que era imposible realizar la encuesta nacional en 2023. Incluso el propio gobernador dijo el 23 de noviembre que el tema de la fecha terminaba siendo un “concho”.

 Una vez aprobado el proyecto de Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral en la Cámara de Diputados, el 26 de noviembre, el Comité Pro Santa Cruz determinó levantar la medida de presión que provocó una pérdida económica de $us 1.200 millones.

 Luego de su sanción, en la Cámara de Senadores, el 29 de noviembre, el presidente Luis Arce Catacora promulgó el 2 de diciembre la norma.

 Esa ocasión, el jefe de Estado afirmó que la dirigencia cruceña “mintió” al pueblo cruceño porque sabía desde un principio que su propuesta de Censo en 2023 no era posible, como terminaron por admitir antes de levantar el paro en Santa Cruz.

 Además, afirmó que gracias a la unidad, compromiso y lucha del pueblo boliviano se logró derrotar los planes de pequeños sectores que pretendían acortar su mandato.

 “Con paciencia y sin caer en la provocación, con despliegue de los recursos del diálogo y con la firmeza en nuestros puntos de vista logramos derrotar los planes de pequeños sectores que pretendían generar, en alianza estratégica, convulsión social en nuestro país (y) desestabilizar la democracia que hiciera posible acortar mi mandato presidencial”, aseguró Arce durante un mensaje al país.

 Admitió que es posible que algunas personas “duden de los planes golpistas que estaban en marcha”, pero afirmó que “había quienes decían que tumbarían a dos gobiernos del mismo partido en menos de tres años y eso es lo que hemos evitado”.

 

Jcch/Mac


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