La Paz, 22 diciembre de 2022 (ABI-ANUARIO). - El café internet de una vivienda de la zona de Pacata Alta en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba fue el escenario elegido para acabar con la vida de María Lisbeth V. Q. de 24 años. Así lo decidió Johnny Vargas Andrade, su pareja, autor de las 25 puñaladas que hicieron noticia ese martes al mediodía.
Luego de tres meses de concubinato, ese 21 de agosto de 2015, María desconocía que Johnny, tenía como cómplice a Benjamín Rodríguez, quien se hacía pasar como cliente para vigilarla constantemente. El objetivo era evitar que ella conozca o genere amistad con otros hombres.
En el tiempo que vivieron juntos, Johnny sentía celos enfermizos. Mientras él trabajaba en una fábrica, contrató a Benjamín para que, en el café internet, haga seguimiento a todas las acciones de María.
“Yo sabía que el Johnny era violento, a su hermanita le ha pegado en dos oportunidades. No me ha hecho caso, pese a que le he avisado, se ha enamorado ciegamente de ese hombre”, relata con lágrimas Emiliana Q., madre de María.
Al igual que María Lisbeth, otras historias cuentan las consecuencias del círculo secreto de la violencia. Son los casos de Vania Trujillo, Wilma Fernández, Valeria Mercado. Todas fueron víctimas de feminicidio en manos de sus parejas o exparejas.
Sin embargo, no todo termina en muerte. Angela Nogales, María del Carmen Bernal, Julia Maida Galarza, Rosa Mamani, Esther M., entre muchas, demostraron que se puede romper el silencio, pusieron un alto a la violencia y, ahora, apoyan a otras mujeres desde su experiencia.
Desde la sororidad, la resistencia y la resiliencia, estas últimas féminas salieron adelante, lograron renacer y, ahora, recorren el “largo camino en búsqueda de justicia”.
Promueven un cuidado colectivo contra la violencia desde grupos femeninos organizados: “Mujeres de Fuego”, “Rebeldía”, la “Casa de la Mujer”, la “Oficina Jurídica para la Mujer” (OJM), “Trabajo Digno”, “Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo” (OMAK), la “Central de Mujeres Productivas Emprendedoras de El Alto” (Cemupe), entre otros, en el eje central del país.
Según la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en el país la violencia contra las mujeres es, actualmente, el principal delito que se genera en ámbitos familiares y en relaciones sentimentales que “estremecen e indignan”.
“Me han matado en vida”
Emiliana Q. de 61 años, potosina, de largas trenzas negras, pollera qhochala gris y blusa rosada, concibió cinco hijos en Cochabamba, cuatro mujeres y un varón; la penúltima es la fallecida María Lisbeth.
A ella, jamás se le pasó por la mente perder a sus seres amados de la manera más cruel. A su sobrina Martha Q., también la asesinó su pareja, el policía Javier Valdez, con un disparo en la cabeza, el 21 de septiembre de 2017.
Se desvanece al recordar la muerte de María Lisbeth y Martha Q., pero revive aquellos amargos recuerdos, para que otras mujeres rompan el silencio, denuncien y se alejen de su agresor.
“Lamentablemente, a mi penúltima hija su pareja me la ha quitado la vida el 21 de agosto de 2015 con 25 puñaladas. Cuando me enteré la noticia, yo no sabía qué hacer, dar un paso adelante o atrás, estuve desecha. Perdí a una hija muy querida”, confiesa llorando.
Agarra el pañuelo, se seca las lágrimas y relata que no iba a dejar en la impunidad la muerte de ambas. Peregrinó más de 10 años (seis para su hija y cuatro para su sobrina) en búsqueda de justicia en Cochabamba, La Paz y Sucre.
“Para sobrevivir en el día, me compraba un pan y una bolsita de agua, porque no había plata, pero tenía que encontrar justicia y no dejar impune la muerte de mi hija (…). Las doctoras Jinky y Julieta me han atendido gratis, me lo hacían memoriales, me hacían llevar a la Fiscalía, al Juzgado”, rememora.
Ese peregrinaje en búsqueda de justicia y falta de recursos económicos hicieron que estuviera a punto de abandonar el proceso de su hija, pero conoció la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM), Organización No Gubernamental (ONG) que le coadyuvó con abogadas y una psicóloga.
Al oír los alegatos de la abogada Jinky Irusta y examinar todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Johnny Vargas Andrade por la muerte de María Lizbeth.
Es así que, en febrero de 2017, Vargas Andrade fue sentenciado a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto en el penal de El Abra. Su cómplice, Benjamín Rodríguez, también fue condenado al centro penitenciario de San Sebastián.
“Para mí, ha sido muy doloroso perder a mis dos seres queridos (…). A las mujeres, les aconsejo que no callen, que denuncien, hay instituciones que ayudan como la Oficina Jurídica para la Mujer”, recomienda.
Emiliana se seca las lágrimas, levanta su canasta de humintas y se dirige hacia las ferias de la urbe cochabambina para comercializar este producto y ganar el sustento para su hogar y pagar las deudas que contrajo para llevar adelante los procesos penales.
La directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Jinky Irusta, explica que esta ONG, que tiene 38 años en defensa y promoción de los derechos humanos, acompaña casos “emblemáticos” de violencia con asesoramiento jurídico y psicológico.
La institución visibiliza el feminicidio, que antes se consideraba emoción violenta, a partir de la denominada “Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, más conocida como la 348.
140 denuncias por violencia en un día
Según el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, en los últimos nueve años, en Bolivia, 892 mujeres murieron en manos de sus agresores. Al hacer una comparación, el año en que más feminicidios se registró fue en 2018, cuando se contabilizaron 130 casos.
Hasta el 30 de noviembre de este año, se reportaron 83 feminicidios en el país. De esa cantidad, La Paz registra 34 casos, Santa Cruz 18, Cochabamba 10, seguido de Potosí con siete, Tarija seis, Beni tres, Oruro tres y Chuquisaca dos, según los datos del Ministerio Público.
En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que hasta el 24 noviembre de 2022 se registraron 46.187 denuncias (alrededor de 140 por día) por delitos contemplados en la Ley 348. De ese total, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba registran la mayoría de los casos.
De dicha cifra, existen 35.410 denuncias por violencia familiar o doméstica; 3.185, por abuso sexual; 1.525, por estupro y 2.486, por violación, entre otros.
Buscan fortalecer la lucha contra la violencia
La Ley 348, que entró en vigencia el 9 de marzo de 2013, sanciona 16 tipos de violencia, entre ellos la física (golpes, lesiones, heridas), feminicida (extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte), psicológica (gritos, insultos, amenazas, humillación) y sexual (conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual).
Para la ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Flora Aguilar, esa norma fue un hito, pero en sus casi nueve años de vigencia, no fue suficiente porque continuó la violencia hacia la mujer.
Ante esta situación, distintos sectores y organizaciones de féminas aportaron con más de 1.000 propuestas que fueron recogidas por el Ministerio de Justicia para la elaboración de un anteproyecto de fortalecimiento a dicha normativa que tiene 195 artículos y cinco disposiciones transitorias.
El denominado Anteproyecto de Fortalecimiento a la Ley 348 fue entregado al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, el 19 de julio de este año, en la Casa Grande del Pueblo, por las “Bartolinas”, en presencia de organizaciones sociales, feministas y defensores de los derechos humanos.
El mandatario boliviano garantizó que el anteproyecto será enviado al Legislativo para que a la brevedad posible inicie su tratamiento, ya que se trata de una propuesta con la que se “acabarán los privilegios para los agresores y quien agreda a una mujer recibirá todo el peso de la ley”.
“¡Denuncia! Te ayudaré, no te dejaré sola”
Por su fortaleza y coraje, María del Carmen Bernal de 43 años fue elegida Vicepresidenta del colectivo “Mujeres de Fuego”, mediante el cual colabora voluntariamente a las mujeres en el “largo camino de búsqueda de justicia” en la Policía y la Fiscalía.
Al igual que otras mujeres, ella fue víctima de violencia. No olvida el 2014, cuando su expareja le hirió los ojos con un clavo y, a consecuencia de ello, ahora tiene problemas visuales. Tampoco deja de recordar el 2018, cuando esta misma persona intentó asesinarla a puñaladas.
El 2014, denunció a su agresor por violencia familiar; sin embargo, por la demora del proceso en la Fiscalía y por falta de recursos económicos, abandonó el caso y el agresor huyó a Chile.
En julio de 2018, el agresor retornó a Cochabamba e intentó reanudar su relación con María por la fuerza. Ella se negó a volver y, tras una pelea, el sujeto la apuñaló en los pulmones, lo que le ocasionó 35 días de impedimento, y se dio nuevamente a la fuga.
“Me estaba desangrando, no podía respirar. Mis familiares me llevaron al hospital Viedma en Cochabamba. Mi estado de salud era muy grave”, recuerda.
Dos días después de estar internada, conoció a Ángela Nogales, fundadora del colectivo “Mujeres de Fuego”, quien prometió ayudarla, con un abogado y un psicólogo hasta hallar justicia.
Su experiencia y el hecho de recibir colaboración del colectivo, la motivó a ayudar a otras mujeres. Mientras incursionaba en el activismo, su hija de 18 años, madre de un niño de casi cuatro años, se suicidó aparentemente porque sufría violencia por parte de su pareja.
Ese suceso hizo que su agresor y padre de aquella muchacha reaparezca el día del entierro y se lo detenga con una orden de aprehensión. Ahora está tras las rejas con una sentencia de 20 años.
María repudia ese peregrinaje que las víctimas de violencia atraviesan para encontrar justicia. Aplaude la conformación de colectivos y redes que en el país se agruparon para apoyar a esta población en situación de vulnerabilidad.
Tiene un moño en el pelo, viste una blusa morada, pantalón de tela color palo de rosa y un chaleco negro en el que se lee “Mujeres de Fuego”. Con esta última prenda, se identifica como activista y defensora de los derechos de las mujeres en Cochabamba.
Pese a las heridas físicas y psicológicas que dejaron marcada su vida, se siente orgullosa de ser mujer, decidida y empoderada para escuchar y ayudar a las féminas víctimas de violencia y a familiares de casos de feminicidios.
“‘Denuncia, yo te voy a ayudar, no te voy a dejar sola’, esas son mis palabras para aquellas mujeres que como yo y mi hija tuvieron un agresor que les marcó la vida”, añade, mientras alista su escritorio para escuchar a una fémina.
Cuentan con el “Surtidor de los Derechos” y “Centro Integral”
Desde marzo de 2021, “Mujeres de Fuego” cuenta con el “Surtidor de los Derechos”, una casa ubicada en la avenida América y Pando de la urbe cochabambina, donde se organiza este colectivo integrado en un 90% por sobrevivientes de violencia y en un 10% por activistas.
El inmueble dependía de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes (Dircabi), tras ser incautado en un operativo en la lucha contra las drogas; sin embargo, fue entregado a ese colectivo por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el año pasado.
La presidenta Fátima Terrazas relata que, si bien el “Surtidor de los Derechos” funciona como oficinas y albergue de víctimas de violencia, para “Mujeres de Fuego” también es necesario contar con otro ambiente para instalar salas de terapias y un centro infantil.
En un recorrido por ese inmueble, se observa que en el primer piso están las oficinas, una cocina, un baño y un cuarto que fue habilitado como refugio. En la planta baja, también se instaló un albergue; además, se abrió una tienda de juguetes y barbijos mediante la cual una mujer víctima de violencia, genera ingresos.
Luego de visitar las instalaciones, la activista destaca que el colectivo “Mujeres de Fuego” se dedica no sólo a acompañar casos de violencia hacia las mujeres, sino también casos de agresión a niños y niñas, entre otros delitos.
El “Surtidor de los Derechos” destaca por acoger a víctimas de violencia, pero el Estado también cuenta con instituciones que acompañan las políticas de reivindicación de los derechos de las féminas como el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud) o el Servicio Plurinacional de Asistencia a las Víctimas. Asimismo, cada municipio cuenta con su Servicio Legal Integral Municipal (Slim).
Desde el 31 marzo, Sacaba cuenta con el primer Centro Integral Contra la Violencia. En sus instalaciones, están la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), el Slim, un médico forense, un psicólogo, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un albergue.
Este centro integral es “un sueño hecho realidad”, atiende las 24 horas, los siete días de la semana y tiene la finalidad de eliminar el peregrinaje en la búsqueda de justicia, destacaba la Ministra de la Presidencia el día de la inauguración.
Nace la Ley de Protección de Víctimas
Con la finalidad de evitar que los administradores de justicia beneficien a los agresores, el 4 de junio fue promulgada la Ley 1443 de “Protección de Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación a Niño, Niña o Adolescente”.
Esta nueva norma contempla que los agresores no puedan acogerse a ningún beneficio y cumplan su condena hasta el último día establecido. Pero, sobre todo, estos mecanismos precautelarán los derechos de las víctimas y las resguardarán.
Asimismo, endurece las sanciones a los delitos de prevaricato y consorcios; además, que agravará la pena a quien atente contra la vida de una mujer. El delito de consorcio antes se sancionaba con cinco años de prisión, pero ahora la pena será de 10 y el prevaricato se castigará con 20 años de cárcel.
Sobrevivientes y emprendedoras
Esther M. revela que fue víctima de violencia económica, psicológica e incluso física. Tuvo que pasar una década y media para que, a sus 47 años, decidiera poner fin a un círculo de violencia.
Dejó a su expareja y comenzó una vida nueva junto con sus hijos. Luego de reflexionar lo complicado que fue dejar a la persona que alguna vez amó, decidió salir adelante acompañada de sus retoños y su emprendimiento, un puesto de jugos, en El Alto.
“Sufrí violencia, (pero) salí, no me quedé ahí, porque tengo mis wawas”, relata Esther, quien conoció a Julia Quispe, una de las fundadoras de “Central de Mujeres Productivas Emprendedoras de El Alto”.
Pero, Esther no sólo se dedica a la venta de jugos, sino también aprendió a conducir y toma cursos de repostería en la “Central”, una organización que nació en 2020 para ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad a emprender en áreas como: conducción, globoflexia, arreglo floral, repostería y oratoria.
Al igual que esta mujer, muchas son víctimas de algún tipo de violencia. Es el caso de Rosa Mamani, quien logró salir de una cadena de intimidación y ahora apoya a otras féminas para que puedan capacitarse en aquello que más les guste.
“La violencia no solo son agresiones físicas, sino también insultos, que te prohíban salir o trabajar, que te quieran manipular como si fueras un objeto de casa (…). Nosotras que ya tenemos experiencia, vamos a seguir apoyándolas”, manifiesta con voz firme.
La ejecutiva de la “Central de Mujeres Emprendedoras”, Julia Quispe, relata que esta unión — que se conformó hace cinco años, tras el asesinato de una joven, en la zona alteña Ballivián—, es liderada por sobrevivientes, quienes ahora orientan a otras para que se independicen emocional y económicamente.
“Todas las mujeres somos víctimas de violencia”
Según la coordinadora del colectivo Rebeldía, una ONG con sede en Santa Cruz, Teresa Alarcón Rodríguez, en Bolivia, de cada 10 mujeres, siete se identifican como víctima de algún tipo de violencia.
Para la feminista, a diario las mujeres enfrentan violencia “cruenta, naturalizada e invisibilizada, que se reproduce en las familias, colegios, medios de comunicación e incluso las iglesias”.
A Guadalupe Pérez Cabrera, el paso de los años pigmentó de blanco su cabellera y dibujó finas líneas en su rostro, pero conservó su carácter rebelde en su lucha por los derechos de las mujeres.
Ella sobrepasa el medio siglo de edad y sus años de experiencia como activista y pedagoga la llevan a confirmar que seguimos “viviendo en una sociedad patriarcal” en la que la violencia es naturalizada y aún no se la logra erradicar.
“Esta lucha por los derechos de las mujeres la he heredado de mi madre, de mi abuela, de mis ancestras (…), quienes me dieron el testimonio de no callar, de buscar, de construir, de articular, de ser solidarias; sororas, decimos ahora”, manifiesta.
Para la activista, el colectivo “Rebeldía”, que cumplió 27 años, es un referente en Santa Cruz y el resto de los departamentos del país, porque es una instancia de coordinación, apoyo, articulación y alianzas con diversas organizaciones de mujeres.
“¿Qué cosita habrá hecho la señora para merecer ese castigo?”
Miriam Suárez es una de las fundadoras de la “Casa de la Mujer”, también instalada en el oriente boliviano. Es considerada maestra y ejemplo para quienes la conocen. Desde los años ‘80’ y ‘90’, se encaminó en la lucha contra la violencia hacia la mujer.
Con emoción, recuerda el 1 de mayo de 1990, cuando las mujeres de diferentes estratos sociales se articularon e inauguraron esa casa como un lugar de encuentro para transformar las desigualdades.
Aquello impulsó la realización de la primera investigación sobre violencia en la ciudad cruceña, mediante la cual se identificó que, en la Policía, esos años, no se tenía ningún registro sobre agresiones y asesinatos a mujeres en manos de sus parejas o exparejas.
Además, para los efectivos del orden de aquellos años, “las riñas entre la pareja eran delitos de bagatela”, lo cual significaba que quitarle la vida una mujer “era un delito insignificante y que si había violencia era porque la mujer se lo había buscado”.
“‘¿Qué cosita habrá hecho esa mujer para hacer enojar tanto a su esposo?’, justificaban los oficiales (…) del verde olivo. Santa Cruz es una sociedad absolutamente conservadora”, repudia Miriam.
Señala que, según ese pensamiento hegemónico, la mujer solo debía cumplir los roles de lavar, cocinar, cuidar a los hijos; muy pocas veces se la veía como ese ser transformador, independiente y con derecho a decidir.
Cuestiona que tras años de lucha aún cueste cambiar esa mentalidad, pero destaca que ahora ya se reconozca a la violencia como un delito y no como antes, cuando “las riñas entre esposos no valían nada”.
Cuando las víctimas llegan a la “Casa de la Mujer”, encuentran a personas dispuestas a orientarlas y apoyarlas. Una de ellas es la psicóloga Fabiola Rojas Vásquez, quien considera que el apoyo legal y psicológico para las víctimas de violencia deben ir de la mano.
“Un feminicida acaba con dos vidas, la suya y de la mujer asesinada”
Dentro de la casa la “Virgen de los Deseos”, en La Paz, del movimiento feminista “Mujeres Creando”, está la oficina de apoyo jurídico para las féminas que sufren violencia o familiares de víctimas de feminicidio que van en búsqueda de apoyo.
Una de sus fundadoras es María Galindo, una mujer que se caracteriza por su tenacidad al enfrentarse contra el patriarcado, la misoginia, el racismo, la discriminación y otras desigualdades.
Durante la transmisión de una “radio documental”, por Radio Deseo, esta mujer, que fue protagonista de marchas, protestas, mítines y vigilias en demanda de justicia por los asesinatos a féminas, afirmó: “un feminicida acaba con dos vidas, la suya propia y de la mujer asesinada”.
Según este colectivo, las familias invierten hasta $us 10.000 en búsqueda de justicia; en tanto, otros llegan a perder sus bienes como casas o terrenos para que sus procesos penales continúen.
Se conforma una Comisión y recapturan a 21 feminicidas y violadores
En enero de este año, luego de conocerse el caso del feminicida y violador serial, Richard Choque, quien se benefició con detención domiciliaria y volvió a cometer crímenes, el presidente Arce Catacora instruyó que se conforme una comisión para investigar los hechos irregulares en la administración de la justicia.
Es así que en febrero se conformó la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidios, integrada por 16 instancias del Estado y mujeres, para identificar irregularidades y sancionar a los responsables.
Los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y otras instituciones trabajaron por 120 días para identificar hechos ilegales y a raíz de ello descubrieron que el caso de Choque, no era aislado y que en otros procesos también se habían conformado consorcios de jueces, fiscales, abogados, médicos, e incluso policías para beneficiar a delincuentes a cambio de dinero.
Todos los juzgados penales del país fueron intervenidos y se revisaron 327 casos de los cuales se observó 141, por lo que se procesó por la vía penal o administrativa al 83% de los administradores de la justicia.
La Policía identificó a estos delincuentes y recapturó a 21 violadores y feminicidas. Además, tiene la orden de recaptura de otros 50 criminales. “No se va a permitir ningún tipo de impunidad”, advertía la Ministra de la Presidencia, cuando presentó esos resultados, el 3 de junio.
“No sabemos si el próximo golpe nos puede matar”
“Las mujeres pasamos un calvario.¿Cuántas han tenido que prestarse dinero para contratar un abogado, dejar sus casas para huir del maltratador, porque no sabemos si el próximo golpe la puede matar?”, protestaba Ángela Nogales con un megáfono, mientras varias mujeres instalaban un mitin en las calles de Cochabamba.
Ángela es oriunda de La Paz, su cabellera castaña resalta las facciones de su rostro, mismo que muestra seguridad y firmeza para defender a las víctimas de violencia o familiares que peregrinan en búsqueda de justicia.
Cuando está en protesta, se cubre la mitad del rostro con una pañoleta, mientras lleva un chaleco y una gorra negra en la que está estampada “Mujeres de Fuego”, indumentaria que la identifica.
Nogales apoya a las víctimas y lucha con ellas, como una fiera contra un sistema judicial “injusto e indolente”, porque conoció en carne propia lo que es peregrinar en búsqueda de justicia.
En 2007, Ángela se casó con un policía y concibió dos gemelos; sin embargo, en el trascurso del tiempo descubrió que su marido era violento, más de una decena de certificados médicos le confirmaron que él no cambiaría.
Lo denunció en varias oportunidades, pero éstas “caían en un saco roto” porque recibía la protección de sus camaradas. Tuvo que lidiar con “un vuelva mañana”, “falta este documento”.
Además, tuvo que someterse a exámenes forenses, declaraciones extenuantes y agotadoras en las que debía repetir una y otra vez todo lo que sufrió, cuando su expareja le rompió la cabeza, le partió los labios y le dejó el rostro irreconocible, por los múltiples golpes que le propinó.
“Soy sobreviviente de violencia, hace unos 14 años no me hubieran reconocido si hubieran visto todo lo que me ha pasado, porque he sido totalmente golpeada”, relata con una voz temblorosa y reconoce que a raíz de la peregrinación conoció a muchas compañeras de lucha.
Nogales tuvo que huir de su victimario, hizo las maletas y con sus tesoros más preciados –sus dos hijos– emprendió un viaje hasta Cochabamba. Cansada de la impunidad y la peregrinación ante el sistema judicial, junto con sus compañeras, fundaron el colectivo “Mujeres de Fuego” el 8 de noviembre de 2016.
Tras la denuncia y largos años en búsqueda de justicia, su agresor fue dado de baja de la institución del verde olivo.
“‘Mujeres de Fuego’ es una agrupación de víctimas sobrevivientes de violencia para pedir que no haya retardación judicial y que se puedan cumplir los plazos procesales. Cuando doy talleres, les digo a las mujeres: ‘si no ponen un alto, si no paramos la violencia, puede terminar en femicidio’”, explica.
Todas estas guerreras de la vida ejercen presión desde las calles con bloqueos y protestas en puertas de la Policía, Fiscalía y tribunales para que los jueces lleven los procesos de manera trasparente. Además, ofrecen un apoyo colectivo a sus compañeras desde la empatía y la sororidad formando así alianzas de lucha contra la violencia.
Las demandas las unen y las motivan hasta conseguir justicia, muchas de ellas pese a que alguna vez fueron víctimas, ahora luchan contra la violencia machista. Sus estribillos aún retumban en sus corazones: “¡cárcel para el agresor!”, “¡ni perdón, ni olvido para el feminicida!”, “¡basta de impunidad!”.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del fondo concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP) en el marco del proyecto Vida Sin Violencia de la Cooperación Suiza en Bolivia en alianza con la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), implementado por Solidar Suiza.
GMM/MC/MC