La Paz, 22 de diciembre de 2022 (ABI-ANUARIO). - A finales de enero se capturó a Richard Choque Flores, feminicida y violador serial, quien fue beneficiado por un consorcio de jueces, abogados e incluso médicos y trabajadoras sociales, hecho que indignó a la población y motivó al Gobierno nacional a conformar una comisión de alto nivel para investigar casos similares.
El caso de Choque Flores fue develado por la investigación de la Unidad de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que descubrió que el sujeto se hacía pasar por un policía para extorsionar a sus víctimas.
Días después se descubrió que este delincuente de 32 años tenía una sentencia por asesinato, pero fue liberado y usando las redes sociales captaba a mujeres ofreciéndoles trabajo para abusar de ellas, por lo que fue apodado como el “violador 77” y luego de su captura confesó el asesinato de dos jovencitas más, a quienes enterró en su domicilio.
Fueron días intensos que conmocionaron al país y al mundo porque se encontraron los restos de las jovencitas en el mismo domicilio en el que habitaba Choque junto a su familia. Tras una excavación también se encontraron pertenencias de otras víctimas e incluso objetos de personas que estaban desaparecidas.
Días después, otra excavación en otro domicilio perteneciente a su familia en descubrió el cuerpo de su primera víctima, su primo.
Por tales crímenes, que indignaron al país, en febrero, el presidente Luis Arce instruyó la conformación de una comisión para investigar los hechos irregulares en la administración de la justicia y sancionar a los corruptos.
“Ante la preocupante situación y conducta de jueces y operadores de justicia, instruimos la creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio (…). La misma deberá presentar resultados en un plazo máximo de 120 días”, escribió el primer mandatario en su cuenta de Twitter.
Marcha contra la violencia hacia las mujeres. Foto: Jorge Mamani
Comisión
Es así que nació la Comisión, integrada por 16 instancias del Estado, entre los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que luego de 120 días de trabajo confirmó que el caso de Choque solo era fue la punta del iceberg y que existían consorcios de jueces que beneficiaban a los delincuentes más peligrosos y los ayudaban a salir de las cárceles pese a tener una sentencia condenatoria.
Gracias al trabajo de la Comisión se intervino todos los juzgados penales del país y se logró la revisión de 327 casos, de los cuales se observó 141. Ante estas irregularidades el 83% de los administradores de justicia fueron procesados por la vía penal o administrativa.
“Es un logro histórico que demandaba la población boliviana respecto a administradores de la justicia. La señal que se da desde esta Comisión es que aquellos malos jueces no van a gozar de ningún tipo de impunidad”, manifestó en su momento la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Según datos oficiales, hasta la fecha se recapturó a 21 violadores y feminicidas. Además, se tiene la orden de recaptura de alrededor de 50 delincuentes. También se destituyó a 10 jueces y ocho fiscales por sus acciones irregulares.
“No se va a permitir ningún tipo de impunidad”, advirtió Prada, cuando presentó esos resultados, el 3 de junio.
Esta comisión fue presidida por siete mujeres: la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; la presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial, Karen Gallardo; la senadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Virginia Velasco; la exviceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani; la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón; la directora general del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud), Wendy Pérez y la ahora defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz.
Además, esa instancia la integraron autoridades del Ministerio Público, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional Plurinacional, de la Fiscalía General del Estado, de la Procuraduría y de la Policía Boliviana, entre otros.
Por primera vez
En febrero, la titular del Ministerio de la Presidencia destacó que por primera vez en la historia de Bolivia se conformó una Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, con máximas autoridades del Estado.
“Es una comisión histórica porque en realidad es la primera vez que las máximas autoridades de tres órganos del Estado se reúnen no solamente para hacer una revisión de casos, sino (…) coordinamos acciones conjuntas”, dijo.
El trabajo de esta comisión logró que diversas instituciones trabajen de manera conjunta para luchar contra la violencia encarando programas y medidas de prevención y persecución del delito para que las familias de las víctimas encuentren justicia.
Recientemente el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, además de los gobiernos municipales firmaron un convenio de coordinación y cooperación para la prevención y atención de delitos de feminicidio, infanticidio, violación y violencia por razones de género.
Mujeres participan en la promulgación de la Ley de Protección de víctimas de feminicidio, infanticidio y violación. Foto: Josue Cortez/ABI
De acuerdo con los datos del Ministerio Público durante esta gestión se registraron 46.187 casos, que están relacionados a violencia de género de enero al 24 de noviembre.
Ante esta situación, estas instituciones decidieron encarar una lucha frontal contra este flagelo que afecta a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, como niños, niñas, adolescentes y mujeres.
El ministro de Justicia, Iván Lima, lamentó que aún se tengan “serios problemas” de respuesta a las víctimas e incluso de “posible impunidad”, pero aseveró que a partir del trabajo de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio que instruyó el presidente Luis Arce, el seguimiento y procesamiento de estos casos se logró una “mejora significativa, pero no suficiente”.
Según los datos del Ministerio de Justicia, desde el 2013 hasta el 2019 se registraron 777 casos de feminicidio de las cuales solo 218 concluyeron con sentencia, representando el 28% de conclusión de estos procesos.
Entre el 2021 y el 2022 se registró la resolución con sentencia de 129 feminicidios de un total de 304 hechos, lo que muestra un avance de más del 42% en las ultima gestiones.
GMM/Mac