Comisión de la Verdad entrega informe final sobre 18 años de dictadura en Bolivia y pide que hechos no queden impunes
Comisión de la Verdad entrega informe final sobre 18 años de dictadura en Bolivia y pide que hechos no queden impunes

La Comisión de la Verdad entregó este lunes al presidente Luis Arce el informe final de indagaciones sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982, durante la dictadura.

La presidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, entregó 11 tomos de la documentación recabada para que el Gobierno nacional pueda asumir las acciones correspondientes y los hechos no queden impunes.

“Vamos a leer en detalle cada uno de los elementos, recogemos las sugerencias de la Comisión de la Verdad. Estamos seguros que con nuestros ministros, la Asamblea Legislativa, con la cooperación del Órgano Judicial, vamos a poder cumplir”, aseguró el presidente Luis Arce.

Creación y labor de la Comisión de la Verdad

Mediante Ley Nº 879 de 23 de diciembre de 2016, se creó la Comisión de la Verdad. Cesó sus funciones administrativas y operativas el 20 de diciembre de 2019, por lo que, en el marco del Artículo 12 de la Ley Nº 879, se hizo la entrega del informe final al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Desde su creación, la comitiva revisó y analizó las condiciones geopolíticas, políticas, sociales, económicas y culturales en el que se dio lugar a la violación de derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población boliviana, como aporte a la construcción de la memoria histórica.

Contribuyó al esclarecimiento de la verdad acerca de los casos de violaciones graves de derechos humanos, a fin de evitar la impunidad. Investigó y recabó información y documentación que permita establecer indicios de responsabilidades civiles y penales de los posibles autores intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores en los casos de grave violación de derechos humanos para su procesamiento por autoridad o tribunal competente.

La presidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, recomendó el diseño de políticas públicas de prevención y no repetición de violaciones graves de derechos humanos y las medidas de satisfacción a las víctimas, en el marco de la normativa interna, así como de derecho internacional en materia de derechos humanos.

“El tiempo transcurrido en la realización de los hechos obligó a buscar y consultar a una diversidad de fuentes bibliográficas, hemerotecas, investigaciones previas, denuncias y testimonios escritos y otros que se pudo conseguir; sistematizarlos, articularlos y relacionarlos con otras distintas fuentes fue una tarea muy ardua. Se recuperaron testimonios que constituyen un material de enorme valor histórico”, informó Heredia en el acto oficial.

Asimismo, los 11 tomos presentados incluyen información de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, ministerios de Estado, la Policía Boliviana y, además, documentación clasificada del Departamento Segundo de las FFAA.

“Es preciso remarcar que fuimos la única Comisión de la Verdad en el continente que accedió, tarde, pero accedió a documentación clasificada de las FFAA. Su conservación y orden no fueron los que ameritan un archivo estandarizado; sin embargo, es posible afirmar que el material logrado es de alto valor por su importancia. Las Fuerzas Armadas deberán desclasificar la enorme documentación que ha quedado y que la Comisión de la Verdad no ha logrado digitalizar toda o la mayoría”, indicó.

Al respecto, el presidente del Estado destacó la labor realizada por la Comisión de la Verdad, que estuvo conformada por Nila Heredia como presidenta, Edgar Ramírez Santisteban, quien falleció recientemente; María Isabel Viscarra y Teodoro Barrientos como comisionados; y Luis Fernando Rodríguez Ureña como Director General Ejecutivo.      

 “No puede volver a ocurrir este tipo de violaciones de los derechos humanos en contra de la población”, sostuvo el presidente Luis Arce y pidió que la información entregada por la comisión sea de acceso público.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, indicó: “Definitivamente, el esclarecimiento de la verdad y la información que ha llegado, que vamos a tomar conocimiento todos en el país, es pública; es parte de un proceso de memoria, justicia y verdad, que todas las generaciones sepan lo que sucedió en el país y que se les dé a todas las víctimas una garantía de no repetición del pasado, de no dictaduras y golpes de Estado”.  

Antecedentes

En Bolivia, se tuvo 18 años de gobiernos represivos que dejaron un saldo de miles de personas víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, incluidas alrededor de 150 víctimas de desaparición forzada. 

El periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 1964 hasta el 10 de octubre de 1982, se ha caracterizado por la toma del poder por gobiernos militares de facto que vulneraron los derechos humanos en general y en particular los derechos de quienes se opusieron a estos regímenes luchando por la recuperación de la democracia.

El primer golpe militar de este periodo, tuvo lugar el 4 de noviembre de 1964 bajo las órdenes del general René Barrientos Ortuño, quien a partir de 1965 compartió el poder con el general Alfredo Ovando. Durante su gobierno las minas y poblaciones campesinas fueron violentamente asaltadas, suspendiendo el funcionamiento de sindicatos y partidos políticos, y llevando adelante una sistemática persecución de dirigentes y activistas.

El 24 de junio de 1967, el gobierno golpista junto con el ejército toma por sorpresa y al amparo de la noche, los campamentos mineros de la zona de Potosí dando lugar a la llamada Masacre de San Juan.  Bajo este régimen en octubre, se toma preso y luego se asesina a Ernesto Che Guevara, quien lideraba el grupo guerrillero instalado en Ñancahuazú.

En 1969, tras un golpe de Estado, asume el poder el general Alfredo Ovando, quien durante su gobierno asesina a la mayoría de los 70 hombres que conformaban la guerrilla de Teoponte.

En 1971, el entonces coronel Hugo Banzer Suárez llega al poder tras otro golpe de Estado que perduraría hasta 1978.  Banzer apoyó y participó de la “Operación Cóndor”, un plan concentrado entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de varios países de Sudamérica con el fin de eliminar a opositores políticos y disidentes.

El 1 de noviembre de 1979, el coronel Alberto Natusch Busch protagonizó un nuevo golpe de Estado y encabezó un régimen autoritario de 16 días. Como reacción se produjo un levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana que generó a su vez una violenta represión, dentro de los hechos acontecidos en este periodo de la historia, tenemos la conocida Masacre de Todos Santos. 

En marzo de 1980, Bolivia pierde a Luis Espinal, quien. Fue detenido y asesinado por un grupo de paramilitares, quienes luego echaron su cuerpo inerte y con muestras visibles de tortura.

El siguiente golpe de Estado lo realizó Luis García Meza, quien se mantuvo en el gobierno hasta el 4 de agosto de 1981. El uso de la fuerza tuvo lugar el asalto a las oficinas de la Central Obrera Boliviana. El líder político y exparlamentario Marcelo Quiroga Santa Cruz y el dirigente sindical Carlos Flores Bedregal fueron desaparecidos. Asimismo, en este periodo se produjeron 26 desapariciones forzadas. El 15 de enero de 1981 nueve dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria fueron asesinados cuando se encontraban reunidos en la calle Harrington de la ciudad de La Paz.


 
Organizaciones sociales reclaman justicia en las calles por la vulneración de derechos humanos en el régimen de Áñez
Organizaciones sociales reclaman justicia en las calles por la vulneración de derechos humanos en el régimen de Áñez

Organizaciones sociales salieron este lunes a las calles de las nueve capitales del país para reclamar justicia por la vulneración de derechos humanos en el régimen de Jeanine Áñez y exigir que se sancione a los responsables de los hechos.

La secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Flora Aguilar, sostuvo que los casos no deben quedar impunes y que las investigaciones deben continuar.

“Tantos hermanos hemos perdido para recuperar la democracia, para ellos pedimos justicia. Justicia para aquellas compañeras que fueron maltratadas en Cochabamba; aquí en Senkata tantos fallecidos”, aseguró.

El conflicto poselectoral de 2019 dejó en Bolivia 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos o aprehensiones, con masacres en Senkata de El Alto y Sacaba de Cochabamba, según la Defensoría del Pueblo.

El secretario Nacional Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Eber Rojas, quien también participó de las movilizaciones, cuestionó que líderes de la oposición y cívicos inciten a rechazar los procesos judiciales contra exautoridades que son investigadas por hechos de violencia en 2019.

“Están incitando desde sus casas, por qué no hablan con la sociedad boliviana, con las organizaciones sociales. Exigimos justicia y paz en Bolivia”, afirmó.

La semana anterior, el Pacto de Unidad convocó para este lunes a concentraciones en las capitales del país en defensa del Gobierno del presidente electo Luis Arce frente a las amenazas de sectores cívicos y plataformas ciudadanas que organizan protestas en varias regiones.

Las protestas de sectores opositores al Gobierno se deben a los procesos judiciales contra exautoridades del régimen de Jeanine Áñez sindicadas por la presunta comisión de delitos de conspiración, sedición y terrorismo por los hechos de violencia de 2019 que provocaron el golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales.


Golpe de Estado: Presidente garantiza que hará respetar el voto popular con justicia para El Alto
Golpe de Estado: Presidente garantiza que hará respetar el voto popular con justicia para El Alto

El presidente Luis Arce garantizó este lunes que hará respetar el voto popular con justicia para El Alto, donde en noviembre de 2019 se registró la masacre de Senkata que saldó con muertos, heridos y detenidos producto de la represión policial y militar.

“Vamos a hacer respetar el voto popular con justicia para el pueblo alteño”, aseveró, en un acto público en el que se entregó un sistema de agua potable ampliado en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto.

El mandatario consideró que el requisito principal para que haya paz social en el país es la justicia.

En ese contexto, Arce pidió que el pueblo se mantenga unido para enfrentar los ataques de la derecha, que está conformada por los políticos de partidos que perdieron en las elecciones subnacionales realizadas el 7 de marzo de este año.

Los representantes de la derecha no triunfaron en los comicios subnacionales porque no tenían votación y hoy salen a los medios de comunicación a reclamar y pretender hacer respetar sus argumentos con un nivel de respaldo popular tan bajo, advirtió.

“Sabemos lo que ha pasado en nuestro país y no lo va a ocultar un spot televisivo. No va a ocultar un gobierno de facto lo que hemos vivido los bolivianos en octubre y noviembre del año pasado. No se puede ocultar, la justicia tiene que demostrar y tiene que traer a todos los culpables de lo que ustedes se están quejando”, sentenció.

Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, el conflicto de 2019 dejó en Bolivia 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos o aprehensiones, con masacres en Senkata de El Alto y Sacaba de Cochabamba y operativos conjuntos entre FFAA y la Policía Bolivia.


Comisión Mixta de la ALP investigará la paralización de plantas y obras camineras durante el régimen de Áñez
Comisión Mixta de la ALP investigará la paralización de plantas y obras camineras durante el régimen de Áñez

La siguiente semana se conformará una Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para investigar la paralización de plantas y obras camineras durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, informó este lunes el presidente del Senado Andrónico Rodríguez.

“Vamos a conformar la próxima semana una comisión mixta de investigación entre diputados y senadores para investigar las plantas y grandes proyectos camineros que se han paralizado teniendo el financiamiento”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa que ofreció en Cochabamba.

La autoridad explicó que dicha comisión tendrá la tarea de investigar la situación de las plantas de Amoniaco y Urea (en Cochabamba), de Cloruro de Potasio (Potosí), además de las termoeléctricas, hidroeléctricas (Santa Cruz y Tarija), solares y eólicas.

El complejo petroquímico de Amoniaco y Urea, instalado en la localidad de Bulo Bulo, en Cochabamba, estuvo paralizado por más de 11 meses y ello ocasionó un daño económico de más de 250 millones de dólares, manifestó el presidente del Senado.

“Queremos saber en 11 meses cuánto daño se ha causado al Estado paralizando plantas industriales y grandes proyectos con financiamiento. Es algo que nos preocupa mucho, vamos a constituirnos a los lugares de construcción de las plantas que hemos iniciado en la gestión de nuestro hermano Evo Morales”, señaló.

Rodríguez agregó que los problemas técnicos identificados en la Planta de Amoniaco y Urea tendrán que ser solucionados por profesionales coreanos y europeos, quienes transfirieron la tecnología a esta factoría.

Las exautoridades del gobierno de facto “dijeron que es una planta obsoleta, que no genera ingresos, que hay que trasladarla a Santa Cruz y finalmente la paralizaron, arruinaron y quemaron muchos equipos”, lamentó Rodríguez.


Presidente: El agua es un derecho humano que nunca debe ser privatizado
Presidente: El agua es un derecho humano que nunca debe ser privatizado

El presidente Luis Arce dijo este lunes que el acceso al agua es un derecho humano que nunca debe ser privatizado, en el marco del “Día Mundial del Agua” que se celebra el 22 de marzo de cada año por resolución de Naciones Unidas.

“Para nosotros, el agua es un derecho humano que nunca debe ser privatizado“, manifestó, durante la entrega de un sistema de líquido potable ampliado en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto.

El mandatario recordó que la historia sobre la lucha nacional por el acceso al líquido potable comenzó con la denominada “Guerra del Agua”, que se registró en 2000 en la ciudad de Cochabamba con las organizaciones sociales enfrentadas al gobierno neoliberal de Hugo Bánzer Suárez.

El descontento social fue ocasionado porque se entregó la administración de ese recurso natural a la multinacional Bechtel y sus socios nacionales, entre ellos la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), lo que demostró que cuando los recursos naturales se entrega a empresas “nos los venden a nosotros mismos a precios injustos, más caros”, aseguró.

“Todos sabemos quién era dueño de Soboce ¿no ve? Estos privados empezaron a cobrar por el agua precios exorbitantes, carísimos para nosotros los bolivianos, siendo el agua un recurso que no puede ser propiedad de nadie”, manifestó.

A contramano, Arce rememoró que el gobierno del Movimiento Al Socialismo logró en 2010 que Naciones Unidas declare al agua como un derecho humano esencial para la vida.

En ese contexto, relievó que el Gobierno nacional trabajó desde entonces para proveer agua potable a las familias de todo el país, “preservando ante todo la salud de la población”.

”Entre los años 2011 y 2019, el programa Mi Agua ha permitido que 1,6 millones de personas en nuestro país tengan acceso al agua limpia en sus domicilios. Asimismo, con el programa Mi Riego hemos logrado que miles de hectáreas de tierra en nuestro país puedan también acceder al riego y aumentar la producción agrícola”, detalló.

El jefe de Estado manifestó que el Gobierno nacional continuará con las acciones para garantizar el acceso al agua y no permitirá que la derecha neoliberal vuelva a privatizar ese recurso natural.


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