La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) capacita a representantes de las empresas que desean ofertar bienes o servicios a la petrolera, con el fin de que los proveedores sepan exactamente qué documentación deben presentar y qué pasos seguir para habilitarse exitosamente a los procesos de contratación.

Carlos Zeballos, gerente de contrataciones de YPFB explicó que los temas tratados durante los talleres son varios, y abarcan desde las pautas para habilitarse a terciar en las convocatorias y, sobre todo, se hace énfasis en la documentación que debe presentarse como requisito indispensable; la falta de un documento, automáticamente inhabilita o descalifica a los postulantes, según explica en un comunicado de prensa.

Los documentos que deben ser presentados por los postulantes son: documento de identidad del propietario o representante legal, número de identificación tributaria o equivalente, poder del representante legal, matrícula de comercio o equivalente, documento de constitución o equivalente, entre otros.

Los proveedores pueden inscribirse para participar de las capacitaciones en la página web https://ypfbpuertasabiertas2021.com.bo/ e ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/3Etufb0, correspondiente al registro de proveedores y mejores prácticas de YPFB.

Los errores que cometen los proponentes en la presentación de las propuestas ocasionan que los procesos se declaren desiertos y se tenga que iniciar una nueva convocatoria. A fin de evitar esos errores, YPFB encara las capacitaciones.

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, informó este lunes que el Gobierno nacional destinó $us 4.011 millones para garantizar la inversión pública e impulsar el crecimiento económico del país.

“Desde que asumimos el Gobierno en noviembre de 2020 hemos generado una serie de políticas para impulsar el crecimiento económico y la inversión pública en el país. Los gobiernos municipales y departamentales sufrieron la baja de ingresos producto de la mala gestión del gobierno de facto, a lo que se sumó también los efectos de la pandemia del COVID-19”, dijo la autoridad.

Mencionó que una de las primeras medidas para mitigar la crisis económica fue el pago del Bono Contra el Hambre, consistente en Bs 1.000, con el cual se fortaleció la demanda interna.

A ello, se suma la aplicación del crédito SIBOLIVIA, a una tasa de interés anual del 0,5%, dirigido a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios del sector productivo, quienes necesitan capital de operación y/o de inversión para la producción de bienes de consumo final o intermedio de productos agropecuarios y manufacturas que sustituyan importaciones.

“También se ha reactivado la otorgación de créditos productivos y créditos de vivienda social para fortalecer toda la parte de la demanda interna. También se ha aprobado una ley y un decreto reglamentario por el cual se liberó el gravamen arancelario de las importaciones de maquinaria industrial y productiva”, aseveró el viceministro.

Adicionalmente, dijo, se puso en vigencia el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (Farip) de Bs 2.000 millones, destinados a financiar proyectos de inversión pública de las entidades territoriales autónomas.

“Y ahora hemos creado el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (Focipp) de 1.500 millones de bolivianos para ser otorgados a los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos, para mejorar las condiciones de desarrollo económico y social en las regiones”.
Acotó que los municipios pueden acceder a esos recursos con la generación de proyectos productivos (orientados a la sustitución de importaciones, infraestructura productiva y mejorar la producción), que deben ser presentados ante el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), entidad encargada de ejecutar los recursos económicos del Focipp, generar el proceso de convocatoria y evaluar los proyectos.

“Seguimos apostando al tema de la inversión pública, vamos a seguir fortaleciendo el aparato productivo en el país para mejorar la economía y los ingresos de los bolivianos (…). A partir de noviembre de 2020 estamos saliendo adelante, y hoy tenemos una economía que se está reactivando de a poco y muestra señales positivas de crecimiento”, acotó Mamani.

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, invitó este lunes a las alcaldías del país a preparar sus proyectos para beneficiarse con recursos del Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (Focipp), tomando en cuenta que se prevé lanzar la convocatoria en octubre. 

"Nosotros esperamos que hasta finales de octubre se lance la convocatoria (…) y obviamente esperamos el concurso de todos los municipios, que presenten sus carpetas para proyectos productivos", dijo en contacto con Patria Nueva.

Explicó que el Focipp financiará iniciativas en tres categorías que son: "sustitución de importaciones, infraestructura productiva y proyectos productivos" de gobiernos autónomos municipales e indígena originarios campesinos.

"Son esas tres categorías, que se han establecido, y estamos ahora a la espera del reglamento operativo, que tiene que ser aprobado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD)", señaló.

Enfatizó que el Focipp es una medida más, que le permite al Gobierno nacional continuar apostando por el fortalecimiento a la inversión pública y a la producción, en el territorio boliviano, para la reactivación y reconstrucción económica.  

"Yo invito a todos los alcaldes (…) a que vayan preparando los proyectos productivos", exhortó.

El 16 de septiembre de este año, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que se promulgó el Decreto Supremo (DS) 4587 que crea el Focipp de Bs 1.500 millones.

La normativa consiste en que esa cartera de Estado, a través del Tesoro General de la Nacional (TGN), asignará a favor del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) ese recurso, para destinarlo a proyectos de los gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos.

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró este lunes que la Ley "Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo", cuyo proyecto está en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión ni la labor periodística.

En rueda de prensa, explicó que la Asociación de Periodistas solicitó incluir en el artículo 11 de esa ley, una previsión que permita mantener el secreto de imprenta reconocido en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE).    

"Al respecto, es importante señalar, nuevamente, que la ley que se ha aprobado en grande y en detalle en la Cámara de Diputados, no vulnera la Constitución Política del Estado ni contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión, la labor periodística ni incurre en censura", dijo.

Señaló que esa ley fue elaborada con base en principios éticos, morales, mediante los cuales se garantizan el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección y la dignidad de las personas, en el marco de la CPE.

"Esta ley tiene como objetivo establecer un sistema normativo para proteger a la sociedad de los delincuentes y organizaciones criminales en el marco de lo que está dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado", remarcó.

Enfatizó que el artículo 11 de ese proyecto de ley es aplicable sólo a los "sujetos obligados", que son los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, las entidades financieras de vivienda, los almacenes generales, las casas de cambio, las remesadoras de dinero, las compañías de seguro, las agencias de bolsa, las sociedades administradoras de fondos de inversión, los notarios de fe pública, los juegos de azar y casino, entre otras. 

"En ese sentido, el ámbito de aplicación es exclusivamente a estas entidades y empresas (…), cuyo alcance no incluye a los periodistas y medios de comunicación", reiteró la titular de Pensiones y Servicios Financieros.