El analista político Marcelo Arequipa consideró este viernes que el paro médico en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria "es un movimiento político” y no así una medida que reclama legítimamente los derechos del gremio.

Consultado respecto a si consideraba que había afanes políticos tras el paro, Arequipa dijo: "yo respondería a eso de manera categórica con un sí, creo que es ciertamente un movimiento político".

En una entrevista con el canal Bolivia Tv, recordó que el Colegio Médico de Bolivia firmó un acuerdo con el Gobierno, documento que “debe ser respetado”.

“Los artículos observados por los médicos a nivel nacional fueron modificados, y luego se promulga la ley, y después un sector de los médicos llama al paro. Uno tiene la sospecha de que algo más está ocurriendo ahí, que no es necesariamente una demanda legítima respecto del gremio de los médicos", agregó.

Arequipa afirmó que la Ley de Emergencia Sanitaria prevé temas importantes y "urgentes para la población", como por ejemplo la anulación del "dichoso depósito de garantía que las clínicas privadas pedían a los pacientes que intentaban internarse por el tema del COVID-19".

Sostuvo que la norma establece que las personas que atenten contra la salud pública "no van a ser detenidas", sino pagarán una sanción pecuniaria o de trabajo social, a diferencia de lo que se hacía en el régimen de Jeanine Áñez, en el que "había una suerte de persecución penal".

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lamentó este viernes el paro médico decretado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) en medio de la pandemia por el COVID-19 y dijo que se trata de una medida de presión lesiva para los derechos fundamentales de la población al acceso a la atención médica.

“Un paro de salud definitivamente no es coherente, no es una acción de prevención ni de atención del COVID-19 (…) No terminamos de comprender cuál es la demanda de fondo, cuál es la demanda de los trabajadores de salud para poder llegar a una medida tan lesiva de los derechos fundamentales de la población”, dijo, en una entrevista con Bolivia Tv.

El Conasa resolvió convocar a un paro general de actividades a partir de esta jornada hasta el próximo 28 de febrero en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, que fue promulgada la noche del miércoles último.

En ese contexto, Cruz expresó su preocupación y alarma por la decisión de los galenos y dijo que la Defensoría del Pueblo comenzó un proceso de verificación en los hospitales para identificar a los médicos que lleguen a paralizar sus servicios y exigir las acciones correspondientes en su contra.

“Por otro lado, sí, estamos analizando la posibilidad de la interposición de una acción popular, nuevamente”, agregó.

La titular de la Defensoría del Pueblo recordó que está vigente la Sentencia Constitucional 326/2019, que menciona que el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales tienen la obligación de garantizar la continuidad de los servicios de todos los servicios médicos.

“Es decir, que en este momento, al encontrarnos ante un paro que se podría considerar en este caso desproporcionado y que no ha adoptado las instancias de diálogo y que no se cuenta con una demanda pública, clara y transparente hacia la población, pues es obligación de nosotros exigirle a estas instancias estatales que asuman las acciones que correspondan para asegurar los servicios a la población”, concluyó.

Largas filas se registraron en centros de salud públicos y del seguro social en la ciudad de La Paz, donde la población se encontró con un aviso de suspensión de actividades debido al paro médico dictado en plena pandemia del COVID-19.

“Estoy haciendo fila desde las 05.30, no sabía nada del paro”, dijo un adulto mayor entrevistado por la Red Uno en la puerta del Policlínico Central de la Caja Nacional de Salud (CNS).

“Hay un letrero que dice que están en paro, voy a esperar a ver si me atienden”, señaló otro afiliado quien aseguró que desconocía de la medida de presión.

En la víspera, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) decretó el inicio de un paro médico nacional hasta el 28 de febrero en protesta por la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, que establece medidas extraordinarias durante la emergencia sanitaria relacionadas a la regulación de precios del servicio que prestan las clínicas privadas y de medicamentos y dispositivos médicos, entre otros aspectos.

“Mientras otros están atendiendo en clínicas privadas, nosotros tenemos que estar aquí madrugando en busca de atención y eso no está bien”, dijo una persona entrevistada por el canal Bolivia Tv en puertas del Hospital de Clínicas.

“Pido a los médicos que respeten el juramento hipocrático que hicieron y reconsideren su paro, por favor”, instó otro entrevistado.

En la víspera, el ministro de Salud, Jeyson Auza, invitó a los médicos a iniciar mesas de diálogo sobre sus nuevas observaciones a la Ley de Emergencia Sanitaria, las cuales podrán ser incorporadas en la reglamentación a dicha norma jurídica.

El Ministerio de Salud reportó este jueves 1.029 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que el número de pacientes recuperados durante la jornada asciende a 1.196.

Según el Reporte COVID-19 en Bolivia N° 340, Santa Cruz volvió a encabezar la lista de los departamentos más afectados con 446 casos. Le siguen Cochabamba, con 146 y La Paz, con 134.

Chuquisaca presenta 58 nuevos contagios; Potosí, 27; Oruro, 96; Beni, 29; Pando, 11; y Tarija, 82.

Ese reporte oficial precisa que, desde el comienzo de la pandemia, en Bolivia se reportaron 239.524 casos positivos, de los cuales 45.637 están activos.

Además, se descartaron 417.406 casos, se tienen 2.566 pacientes sospechosos, y la cifra de muertes a causa del virus asciende a 11.353. El total de pacientes recuperados suma 182.534.

El presidente Luis Arce participó este jueves en el acto de homenaje al 50 aniversario de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y allí destacó los avances registrados en los tres últimos meses respecto a la recuperación de la democracia, la salud, la educación y la economía.

El Mandatario lamentó que durante el gobierno de facto se persiguieron y enjuiciaron a quienes pensaban distinto con el fin de aniquilar a las organizaciones sociales y estigmatizarlas como subversivas.

Sin embargo, la movilización social del pueblo boliviano logró la recuperación de la democracia, manifestó.   

“Cuando entramos al Gobierno, encontramos un Estado saqueado, sin recursos y además endeudado. Nos dejaron sin salud, nos dejaron sin educación, y poco a poco, hermanos, nos hemos estado parando”, indicó Arce en referencia a la clausura del año escolar determinada por el régimen de Jeanine Áñez.

El Presidente también destacó los avances en la lucha contra el coronavirus ya que se priorizó “la salud y hoy tenemos pruebas, tenemos vacunas, y ahora acabamos de recibir un hospital móvil inclusive, tenemos medicamentos, ayer ha llegado un lote de medicamentos, ahora estamos preparados”.

Respecto a la educación, el Mandatario destacó la implementación de clases a distancia, semipresenciales y, en algunas regiones, presenciales.

Sobre la economía, Arce dijo que se avanza poco a poco. “Hemos reactivado la inversión pública, queremos seguir apoyando a los productores” interculturales, afirmó. 

“Y poco a poco nos vamos recuperando, poco a poco ya vamos saliendo otra vez, y entendemos que hay muchas necesidades que tenemos”, indicó el presidente, quien entregó cinco vehículos a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales.

Tras una audiencia con el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio determinó cuatro ejes para viabilizar el proyecto de ley de modificación a la Ley 348.

Como primer elemento, la Comisión convocará a una reunión en la que participarán las instituciones e instancias correspondientes para articular la coordinación entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la Policía Nacional y otras instituciones.

Según un boletín informativo institucional de la Cámara Baja, como segundo aspecto se estableció que, en la próxima reunión entre la Comisión y el Presidente Nato de la Asamblea, se revisarán las propuestas de modificación a las leyes: 348 - Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; y 1168 - De Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La tercera determinación consiste en que la Comisión elaborará un paquete de proyectos de ley que será presentado el 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

El cuarto punto está relacionado a la socialización de información referente a la lucha contra la violencia de género, con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre esa temática. A su vez, en coordinación con el Ministerio de Educación, se realizarán acciones para fortalecer la prevención social en niños, niñas y adolescentes.