El informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), de acuerdo con las autopsias y georreferenciación realizadas, determinó que los disparos de armas de fuego salieron del interior de la planta de gas de Senkata ocasionando la muerte de 10 personas.

El 19 de noviembre de 2019, a las 10.30, en la zona de Senkata, se ejecutó un operativo policial y militar para el reabastecimiento de combustible en las ciudades de La Paz y El Alto, desde la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata hasta el Regimiento Ingavi de la urbe alteña.

El Instituto de Investigación Forense explica que las pericias se realizaron tomando en cuenta la planimetría, se identificó el lugar y sector de posicionamiento de los impactos en los fallecidos y heridos, lo que permitió conocer de dónde se hicieron los disparos.

“Doce fueron por impacto de bala (incluye a dos muertos en La Paz), cuatro por proyectiles de calibre 22 mm, dos por pistola de 9 mm, una por proyectil de 5.56 mm y uno por postra o perdigón. Cuatro tienen impactos de bala en la cabeza, cuatro en el tórax y cuatro en el abdomen”, refiere el informe del IDIF.

Los detalles de las autopsias y otras pericias forman parte del informe final de conclusiones de la Comisión Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional que indagó sobre las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

“Tenemos indicios de las pericias perimetrales, inspección ocular, reconstrucción y declaración de testigos, que al regresar este convoy (a la planta de Senkata), algunos de ellos habrían disparado a personas. Nuestra georeferenciación también estableció que algunos disparos han salido del interior de la planta de Senkata”, informó el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, en pasadas declaraciones.

El traslado se hizo mediante un convoy en un contexto de manifestaciones civiles a causa del conflicto postelectoral de 2019. Esa jornada, perdieron la vida 10 personas y 31 quedaron heridas.

El líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina Lozada, se abstuvo de prestar su declaración informativa en el Ministerio Público por la querella en su contra presentada el 6 de octubre de 2020 por irrupción en el edificio de la Fiscalía General del Estado de la ciudad de Sucre y daños provocados a patrimonio del Estado.

“Me voy a abstener de prestar mi declaración informativa”, dijo, según establece el acta respectiva.

La querella contra Molina fue presentada por el presidente del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca, Delfin Romero Aguilar, por organización criminal con relación a los delitos de privación de libertad, tenencia, y porte o portación de uso de armas no convencionales, atentar contra bienes públicos, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, entre otros.

Otra denuncia fue también presentada por el caso bajo similares tenores por la presidenta de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Epifania Zenteno Mamani, así como la senadora Elizabeth Oporto y la adhesión posterior de la alcaldesa de Sucre, Rosario López.

Según los antecedentes, Molina y varios miembros de la RJC irrumpieron en la Fiscalía General del Estado para exigir la renuncia de su titular, Juan Lanchipa, quien fue acusado por diversos comités cívicos del país de estar parcializado con el Movimiento Al Socialismo en el caso de varias denuncias.

Los sindicados pintaron paredes, lanzaron petardos contra las puertas y las ventanas del inmueble patrimonial que quedaron destrozadas y pretendieron agredir a servidores públicos y transeúntes.

“No conforme con este hecho el señor Yassir Molina, líder de la RJC, de manera irresponsable y sin medir consecuencias por medio de la prensa instiga a otras resistencias a sumarse a su consigna exigiendo la renuncia del Fiscal General del Estado”, menciona el acta de declaración informativa en sus antecedentes.

El documento manifiesta, además, que Molina advirtió que los miembros de la RJC iban a quedarse a la espera de la renuncia de Lanchipa y que de no darse iban a tomar las medidas pertinentes que decidan con los comités cívicos, para luego lanzar la frase: “Este señor tiene hasta este martes para irse o nosotros lo vamos a sacar”.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aseguró que los líderes del grupo de choque Resistencia Juvenil Cochala (RJC) deben rendir cuentas ante la justicia por su participación en los hechos de violencia de 2019.

“Los cabecillas del grupo irregular denominado ‘resistencia’ de Cochabamba que ejercieron violencia sin medida, sembrando terror y miedo ante la población, también tienen que rendir cuentas ante la justicia”, dijo Rodríguez mediante su cuenta oficial en Facebook.

Se refirió al caso luego de que el líder de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, fuera aprehendido el sábado en Cochabamba por estar involucrado en el caso de golpe de Estado de hace dos años.

Después de las elecciones presidenciales del 2019, con el pretexto de supuestos indicios de fraude electoral, se generaron movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida del entonces presidente Evo Morales del Gobierno, quien denunció golpe de Estado.

La Resistencia Juvenil Cochala fue una organización de fuerza de choque que generó violencia frente a movilizaciones de simpatizantes y militantes del Movimiento Al Socialismo que defendían el gobierno de Morales.

Por ejemplo, la RJC estuvo involucrada en el ultraje en 2019 de la entonces alcaldesa del municipio cochabambino de Vinto y militante del MAS, Patricia Arce, quien fue agraviada por los integrantes de esta organización irregular.

La Policía aprehendió este sábado por la noche a Yassir Molina, cabecilla de la Resistencia Juvenil Cochala, en el marco del caso que investiga la Fiscalía por el golpe de Estado de 2019.

De acuerdo con reportes de prensa, Molina fue capturado por efectivos policiales en la localidad de Quillacollo, Cochabamba, desde donde será trasladado a la ciudad de La Paz para que responda ante la justicia.

El 6 de noviembre de 2019, los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, cubiertos el rostro con pañuelos o pasamontañas agredieron, golpearon y secuestraron a la alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Arce, quien fue trasladada hasta Huayculli, en Quillacollo, para sobre una tarima cortarle el cabello, echarle pintura y proferir insultos sin considerar su condición de mujer.

Los autodenominados motoqueros realizan "patrullajes" en la ciudad y zonas próximas a Cochabamba, obligando a mantener los bloqueos en rechazo a los resultados de las elecciones generales de 2019 en unos casos y agrediendo con actitudes racistas a mujeres de pollera o de condición humilde en otros.