La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló este miércoles que con la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria el Estado boliviano tiene los mecanismos para regular la atención en salud y el expendio de medicamentos, a fin de evitar que se lucre con la vida de la población ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Ya está promulgada la Ley de Emergencia Sanitaria y eso es bueno para el país porque, como Estado, necesitamos nosotros contar con las herramientas que nos permitan dar respuestas efectivas en defensa de la salud y la vida de los bolivianos”, afirmó en entrevista para el programa Primer Plano, de Bolivia TV.

Alcón dijo que la norma, promulgada este miércoles, “va a permitir que nos evitemos la burocracia y tengamos una atención oportuna, efectiva, eficiente de salud. Va a permitir que los precios de los medicamentos se puedan regular y controlar porque hemos visto cómo se empezó a lucrar con los medicamentos”.

Dijo que los establecimientos de salud privados no pueden exigir depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado, situación que será regulada mediante la Ley. “Sabemos que se pedían 15.000 dólares antes de que el paciente pueda ingresar, como garantía, y no podemos, como Estado, permitir aquello. Estamos en una situación de emergencia, en una pandemia y ahí se necesita las herramientas, y la Ley de Emergencia te da esas garantías”, remarcó.

La autoridad resaltó que la Ley también reconoce la medicina tradicional y ancestral que durante el gobierno de facto de Janine Áñez no fue tomada en cuenta.

A su vez, recordó que se estableció un diálogo entre el Ministerio de Salud y representantes del Colegio Médico, el cual permitió hacer modificaciones y ajustes a la norma de acuerdo a las observaciones señaladas por el sector.

También aseguró que en el proceso de reglamentación de la Ley habrá la misma apertura por parte del Gobierno para atender las demandas del sector de salud.

“Esto requiere la reglamentación, el trabajo, sin duda alguna coordinado (…). Esto permite evaluar las regiones porque el comportamiento, por ejemplo, en Santa Cruz, puede ser distinto al de Potosí, al de Tarija y puede que en determinado momento Tarija requiera acciones distintas a las que se van a asumir, por ejemplo, en Santa Cruz, entonces todos estos mecanismos nos permite la Ley de Emergencia Sanitaria”, aseveró.

El Gobierno promulgó este miércoles la Ley de Emergencia Sanitaria que tiene por objeto proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro. La norma busca establecer medidas para proteger la vida, la salud, la integridad y el bienestar de la población, ante una emergencia de tipo sanitario en parte o en todo el territorio nacional.

Tras la denuncia que hizo el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, sobre la supuesta sustitución del Escudo nacional por la Cruz Chakana, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, desmintió tal aseveración y aclaró que lo que se está usando es un logotipo o marca institucional que representa la actual administración gubernamental, y que de ninguna manera se estaría reemplazando un símbolo patrio.

“Es importante aclarar, es importante informar y hablar con certezas, y no mentir. Nosotros no estamos modificando ningún símbolo patrio, en ningún momento el decreto dice: ‘estamos cambiando el Escudo de Bolivia por esta imagen’. Lo que estamos haciendo es normar la imagen corporativa del Gobierno, es un logotipo, es una marca”, aseguró este miércoles en entrevista para el programa Primer Plano, de Bolivia TV.

Alcón señaló que las declaraciones de Mesa son “un error garrafal” ya que el logotipo con la Cruz Chakana es una imagen representativa y no sustituye ningún símbolo patrio, algo similar a la implementación de la Marca País. “Es una marca, es una imagen de la gestión del presidente Luis Arce, tiene que quedar muy claro”, insistió.

La viceministra sostuvo que con el uso de esa imagen se están “estableciendo los tejidos que involucran a todo el territorio nacional, no estamos modificando ningún Escudo, no estamos alterando nada, eso está garantizado, eso está en la Constitución Política del Estado”.

En horas pasadas, Mesa denunció que el gobierno de Luis Arce sustituyó mediante el Decreto Supremo 4445 el símbolo patrio del Escudo nacional por la Chakana, símbolo que actualmente aparece en publicaciones estatales.

El Gobierno promulgó este miércoles la Ley de Emergencia Sanitaria que tiene por objeto proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro. La norma busca establecer medidas para proteger la vida, la salud, la integridad y el bienestar de la población, ante una emergencia de tipo sanitario en parte o en todo el territorio nacional.

La disposición jurídica garantiza la gratuidad de las vacunas, regula los precios de los medicamentos, evita la mercantilización de la salud y reglamenta los cobros en las clínicas privadas para evitar especulación.

También prohíbe el pago de garantías previas o depósitos anticipados a una atención de salud y evita que se suspendan los servicios en una emergencia sanitaria.

Por ejemplo, el Artículo 14 indica que “los procesos de inmunización autorizados en el marco de la emergencia sanitaria, serán gratuitos y no deben representar ningún tipo de costo para los beneficiarios”.

Añade que la vacunación “tendrá carácter voluntario y se aplicará previo consentimiento informado”.

Respecto a los medicamentos, el Artículo 17 señala que, durante la emergencia sanitaria, los laboratorios farmacéuticos industriales nacionales y las importadoras deben presentar a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) “las listas de precios máximos de venta de medicamentos y dispositivos médicos a establecimientos farmacéuticos públicos y privados de aplicación en todo el territorio nacional, cuando corresponda incluyendo otros canales de distribución”.

“La AGEMED –agrega la Ley– aprobará y publicará la lista actualizada de precios máximos unitarios de venta al consumidor final, de medicamentos y dispositivos médicos para la prevención y tratamiento de la emergencia sanitaria, la cual debe ser de cumplimiento obligatorio para los establecimientos farmacéuticos privados de venta de medicamentos en todo el territorio nacional, previa coordinación con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Viceministerio de Comercio Interno dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la AEMP”. 

La Ley, que fue difundida en la Gaceta Oficial, prohíbe pagos anticipados o garantías previas a la atención en salud. “No se podrá exigir depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado en los establecimientos de salud del subsector privado”, indica el Artículo 20.

La norma jurídica añade que, durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, no podrán ser interrumpidos los servicios del Sistema Nacional de Salud.

También enfatiza la importancia de la medicina tradicional “para la prevención y contención de enfermedades, ante una emergencia sanitaria”.

La disposición jurídica garantiza el funcionamiento de los servicios. “Durante la vigencia de la emergencia sanitaria, no podrán ser suspendidos, la atención de los servicios de salud, los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones, telefonía móvil y fija, así como los servicios de internet”, indica el Artículo 24.

Respecto a la contratación de personal, explica que el Ministerio de Salud “podrá abreviar plazos y simplificar requisitos y procedimientos para la contratación del personal profesional y técnico de salud, egresados y/o estudiantes de medicina y médicos jubilados, quedando habilitado a contratar profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o en el extranjero siempre y cuando no exista disponibilidad de recursos humanos en el país y en otro caso haya predisposición de profesionales bolivianos a prestar servicios al Estado”.

Este aspecto de la contratación de personal que se incluyó en la Ley, fue consensuado con colegios médicos que incluyeron sus observaciones a la norma jurídica.

Tras 100 días de función legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, afirmó que esa instancia trabajó en favor del pueblo aprobando importantes leyes para los sectores de salud, educación, y para promover la reactivación económica del país.

“Es importante destacar que se han trabajado en los ocho proyectos de ley y ahora, lo más importante, es poder reactivar la economía boliviana (…). El año pasado hemos visto cómo (el gobierno de facto) ha dejado algunas normativas que no estaban oportunamente planteadas”, señaló, según un boletín informativo de la Cámara Baja.

Mamani explicó que, por ejemplo, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 fue un presupuesto planteado fuera de la realidad actual, por lo que se tuvo que trabajar de manera urgente, por tiempo y materia. Aseguró que ahora la normativa permite la reconstrucción de la economía, garantizando el 10% del presupuesto para salud y otro 10 % para la educación, además de un presupuesto de Inversión Pública por más de $us 4.000 millones.

Respecto al proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria, afirmó que la normativa permite realizar las compras necesarias de los antígenos y las vacunas para combatir los contagios por COVID-19.

También calificó de acertada la Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), ya que, en su criterio, en estos tiempos de pandemia las familias con riquezas acumuladas deben compartir con el pueblo boliviano que está siendo azotado por los efectos del coronavirus.

El presidente Luis Arce destacó este miércoles que en el país se registre una desescalada respecto a los nuevos casos de COVID-19 presentados en esta segunda ola de la enfermedad.

“Nos alienta saber que según datos de @SaludDeportesBo #Bolivia se encuentra en etapa de desescalada de la segunda ola del coronavirus”, escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.

La referencia del Jefe de Estado surgió luego de que, en los últimos días, se registró una disminución en el número de contagios por coronavirus. Por ejemplo, ayer martes se presentaron 562 nuevos casos y un día antes, el lunes, fueron 412.

Estas cifras son menores a las registradas el 3 de febrero, cuando los contagios nuevos llegaron a 2.021, es decir que en esa fecha se evidenció el pico más alto de la segunda ola del coronavirus en el país.

Días atrás, el ministro de Salud, Jeyson Auza, indicó que varios departamentos registran un proceso de desescalada en los casos de COVID-19, por lo que instó a la población a mantener las medidas de bioseguridad como el uso de barbijo, lavado de manos y distanciamiento social.

En ese contexto, el presidente Arce destacó también la efectividad de la estrategia gubernamental para luchar contra el virus.

“Ejecutamos el #PlanEstratégico con miles de pruebas gratuitas, el proceso de vacunación y la coordinación entre diferentes niveles de gobierno. ¡Avanzamos en la lucha contra la Covid-19!”, afirmó en Twitter.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó este miércoles que las 20 toneladas de medicamentos que son transportadas a Bolivia mediante un vuelo de la aerolínea estatal BoA llegarán este jueves y serán destinadas para reforzar la atención en las unidades de terapia intensiva en la lucha contra el COVID-19.

“Esto va a llegar directamente a los centros de salud para las unidades de terapia intensiva. Son medicamentos que el país requería y, a partir de ello, esto va a entregarse por medio del Sistema Único (de Salud), el SUS. Lo vamos a tener en las siguientes horas, el día de mañana de hecho, porque ya está el avión de retorno a nuestro país”, indicó Alcón en entrevista con la red ATB.    

Sostuvo que la adquisición de este lote es el resultado de la gestión del Gobierno para reguardar la salud de las familias bolivianas, darles certeza y facilitar el acceso a los medicamentos.

Las gestiones gubernamentales se realizaron en coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores para acudir directamente a las empresas farmacéuticas y laboratorios, debido a que intermediarios comercializan medicamentos incluso con un precio siete veces mayor al real.

“Son más de 100 empresas de medicamentos con las que se tuvo contacto a nivel de todo el mundo y se estableció este primer lote. Son más de 20 toneladas de medicamentos para las unidades de terapia intensiva”, explicó.

Un avión Boeing 767 de la aerolínea BoA se trasladó el martes hasta la India para recoger el lote de medicamentos contra el COVID-19 de la ciudad de Bombay. La Viceministra de Comunicación informó que no será el primer vuelo, porque se tienen programados dos viajes más en las próximas semanas.

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