La Paz, 28 de julio de 2024 (ABI). – Al justificar su rechazo a más prestamos porque éstos “están generando grandes problemas en el país”, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero defendió el ilegal crédito que el gobierno de facto de Jeanine Áñez recibió en 2020 sin contar con la autorización de la Asamblea Legislativa, vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE).
De forme errónea, incluso, la legisladora le atribuye al presidente la facultad de “aprobar leyes”, cuando ésta es una atribución de la Asamblea Legislativa.
“En febrero de 2021, Luis Arce aprobó una Ley para devolver un préstamo de US$327,7 millones del FMI (Fondo Monetario Internacional), que se utilizaría para enfrentar la pandemia de Covid-19 (sic)”, señaló Campero en un mensaje en su cuenta de X.
Junto con el mensaje, la diputada divulgó un video donde señala que el presidente se “dio el lujo de devolver ese dinero que necesitábamos los bolivianos”.
No obstante, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, recordó que ese crédito con “el FMI ha sido mal gestionado por el gobierno de Áñez, porque han pasado por alto las atribuciones de la Asamblea”.
“Me llama la atención que los propios asambleístas cuestionen esa devolución cuando en ese momento no se habían cumplido las atribuciones de la propia Asamblea, que son las de aprobación de créditos externos”, argumentó el ministro.
En efecto, los numerales 8 y 10 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la Asamblea tiene la atribución de “aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones para la realización de obras públicas y de necesidad social” y “aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado”.
Pese a no contar con la autorización del Legislativo, el Gobierno de Áñez recibió el desembolso en abril de 2020.
El crédito era a cinco años plazo y la tasa de interés del 1%, pero se encontraba en Derechos Especiales de Giro (DEG), los cuales están indexados al dólar y fluctúan llegando a un interés real del 6%.
Pero, además, el FMI condicionó el crédito a “una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias” vulnerando los artículos 158 y 322 de la CPE y otras normas conexas vigentes, y, en consecuencia, la soberanía e intereses económicos del país.
Por estas vulneraciones, el 17 de febrero de 2021, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que realizó la devolución del crédito de $us 327 millones al FMI.
El crédito generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado, que a febrero de 2021 sumaron $us 24,3 millones, de los cuales 19,6 millones eran por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses.
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