Canciller denuncia que régimen de Áñez obstaculizó que expertos internacionales investiguen hechos de violencia de 2019
El canciller Rogelio Mayta denunció este martes que el régimen de Jeanine Áñez obstaculizó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) inicie el 2020 las investigaciones de los hechos de violencia ocurridos en 2019 tras la crisis poselectoral. Hizo referencia al tema durante el informe de Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Hay un tema que resulta altamente sensible para las bolivianas y los bolivianos comprometidos con la defensa de la vida. Es el hecho de la masacre de Sacaba y Senkata que se sufrió en noviembre de 2019. Ese entonces, el gobierno de facto se vio acorralado por los cuestionamientos de la comunidad internacional, pese al cerco mediático interno que había logrado desplegar. Ante ese cuestionamiento, aceptó a regañadientes que venga a Bolivia un grupo de expertos independientes de la CIDH a investigar lo que había ocurrido”, dijo el jefe de la diplomacia boliviana.
Sobre las gestiones de investigación
Mayta explicó que el equipo de expertos internacionales conformado a sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debía llegar durante los primeros meses de 2020, porque el régimen de Áñez no realizó las gestiones.
El Canciller hizo mención a un documento diplomático del 17 de octubre de 2020. Dijo que se constituye en una prueba donde las ahora exautoridades se negaron a que ese grupo de expertos internacionales inicie las indagaciones.
“Para ellos, era muy riesgoso una investigación independiente, podía determinar que eran responsables de la masacre. El Gobierno de facto actuó negando de forma expresa que este grupo pudiera conformarse y pueda llegar a Bolivia. Lo hicieron a través de una acción diplomática, una nota verbal”, aseguró.
Durante el 2019, luego del golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales tras los comicios presidenciales de esa gestión, ocurrieron hechos de violencia en varias regiones del país, por ejemplo, en Senkata de El Alto y Sacaba de Cochabamba. Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, el conflicto poselectoral dejó en Bolivia 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos o aprehensiones.
El GIEI-Bolivia fue creado mediante acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019, para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de ese año.
Pese a que la suscripción del acuerdo se hizo en diciembre de 2019, el equipo del GIEI-Bolivia se instaló el 23 de noviembre del 2020, en La Paz. Este equipo retomó la segunda semana de enero de 2021, luego de una etapa preliminar de investigación.
“El Gobierno democrático, recientemente constituido, consciente de la necesidad de que exista justicia y esclarecimiento de esos hechos, a los pocos días de haber asumido mandato, el 23 de noviembre de 2020 escribió el protocolo que viabiliza la presencia de este grupo de expertos internacionales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, resaltó el canciller Mayta.
Restablecimiento de las relaciones internacionales
El Ministro de Relaciones Exteriores explicó que el régimen de Áñez también cometió una serie de acciones irregulares que provocaron efectos ante la comunidad internacional como la vulneración a derechos de representaciones diplomáticas.
“El gobierno de facto, el gobierno de la masacre, realizó vulneración de privilegios e inmunidades, persecución política y hostigamiento a diplomáticos de México, España, Argentina, Venezuela y Cuba, sin observar la convención de Viena que regula el trato de las legaciones diplomáticas y el resguardo que dan los países anfitriones”, dijo.
Aseguró que la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez borró del mapa multilaretal al Estado Plurinacional debido a las acciones contrarias a los cánones diplomáticos que caracterizaban al país, sobre todo con la ruptura de relaciones con países como Rusia y China, que fueron claves en 2021 para la adquisición de vacunas contra el COVID- 19.
Dijo que, ante esa situación, el gobierno del presidente Luis Arce asumió acciones para el restablecimiento de relaciones internacionales en escenarios de integración de carácter multilateral.
“Este paso ha sido importante para que nuestro país pueda proseguir la senda que había tenido antes del golpe de Estado. Un país soberano que no baja la cabeza, pero que es capaz de relacionarse con toda la comunidad internacional en el marco del respeto mutuo y la reciprocidad. Hemos recibido, de parte de los pueblos hermanos, una respuesta positiva. Eso nos ha permitido que tengamos una relación fuerte, constructiva y amigable”, aseguró.
“Bolivia volvió al terreno de la diplomacia multilateral con fuerza. Nos falta probablemente muchísimo para hacer, pero hemos dejado la falta de brújula del gobierno de facto y hoy nos encaminamos a poder seguir la senda”, añadió Mayta.