En 11 meses de gestión del entonces ministro Iván Arias, se ejecutó el 15% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, lo que paralizó varios proyectos de desarrollo. Sin embargo, con la nueva gestión del ministro Edgar Montaño, se reactivó la ejecución presupuestaria hasta llegar al 38,40%.

Estos datos fueron hechos públicos este lunes durante la “Audiencia Final de Rendición Pública de Cuentas Gestión 2020” del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El ministro Montaño informó que “el golpismo ejecutó, en este Ministerio de Obras Públicas, solamente el 15 por ciento. Nosotros alcanzamos el 38,40 por ciento en menos de un mes y sus días”.

“Ellos, en más de 11 meses, solamente pudieron avanzar el 15 por ciento, por eso es que las carreteras, las telecomunicaciones y las viviendas dejaron un ritmo importante de crecimiento económico y ahora estos resultados tiene que sufrir el pueblo boliviano”, manifestó la autoridad.

La alusión de Montaño fue a la gestión de Iván Arias, quien fue ministro de Obras Públicas en la gestión de Jeanine Áñez y ahora es candidato a la Alcaldía de La Paz.

Indicó que ahora se reactivan varios proyectos de desarrollo, con la consigna de lograr un “Ministerio del pico, pala y la tecnología”.

Entre esos proyectos citó la priorización de obras como la hidrovía Ichilo-Mamoré, la reactivación de la carretera bioceánica, los aeropuertos y de la Red Vial Fundamental, entre otros.

Según un reporte de prensa, Arias paralizó el avance de varias obras, entre ellas el Tren Metropolitano que tenía un presupuesto de Bs 735.747.153. Hasta el 9 de noviembre de 2020, el porcentaje de ejecución sólo alcanzó el 10%; pero desde esa fecha y con una liberación de Bs 185 millones, realizada por el gobierno del presidente Luis Arce, la cifra ascendió al 36%.

Ante la baja inversión en obras, Montaño reactivó el proyecto Vía Férrea Montero - Bulo Bulo (Santa Cruz), que se encontraba con un 49% de ejecución presupuestaria. Ordenó el pago de una planilla que incrementó el desarrollo de las obras a 64%.

Durante la gestión de Montaño se gestionó la ampliación de los aeropuertos de Cobija y Trinidad. En la terminal pandina se ejecutan obras en la pista, plataforma y calles de rodaje, entre otras, con un avance de poco más de 71%. Mientras que, en la capital beniana, se realizan trabajos de infraestructura y de equipamiento moderno.

En cuanto a las comunicaciones por radio base, el gobierno de facto dejó de lado ese aspecto, mientras que Montaño desembolsó más de Bs 125 millones para este objetivo, que además generará 6.607 empleos directos e indirectos, agrega el informe institucional.

El Programa de Mejora de la Gestión Municipal que beneficia a 12 municipios con la actualización de catastros urbanos tenía un presupuesto de Bs 50.367.230.17, de los cuales, se invirtió el 24%.

El Programa de Regularización del Derecho Propietario (Prorevi) llegó al 59% de sus recursos económicos, y la Unidad Ejecutora de Titulación al 65,95% hasta diciembre de 2020.

“Por la pésima administración del anterior gobierno, los ingresos económicos de Boliviana de Aviación (BoA) descendieron a 885 millones de bolivianos, y en 2018 las ganancias superaron los 2.050 millones; lo mismo ocurrió con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) que mermó sus ganancias en más de 430 millones de bolivianos en relación al año 2018”, menciona el reporte de prensa.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) apenas construyó 32 kilómetros en todo el país, mientras que en 2018 se tendieron casi 400 kilómetros para la integración.

La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” registró números rojos en ganancias, en comparación con años anteriores, indica el informe de prensa.

Analistas económicos y periodistas de Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia, coincidieron en denunciar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorga créditos condicionados a los países, lo que deriva en aumento del desempleo, disminución de la inversión pública, achicamiento del Estado y eliminación de subsidios al combustible, con secuelas de violencia y levantamientos populares.

Estos análisis fueron expresados este domingo en el programa Economía Plural, de Bolivia Tv, por los periodistas Daniel Oiticica, de Brasil; Daniel Cacciabue, de Argentina; Orlando Pérez, de Ecuador; el exministro de Economía de Bolivia, Mario Guillén; el exviceministro Marío Durán y la exintegrante de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Otilia Choque.

Oiticica señaló que desde los años ’50, Brasil recibió, en distintos momentos, créditos condicionados del FMI, los cuales impulsaron la reducción de salarios, disminución de la inversión pública para sectores sociales bajo la lógica de defender “intereses del mercado financiero internacional”.

Para el analista argentino Daniel Cacciabue, el FMI tuvo su respaldo en los gobiernos neoliberales cuando se manejaba el discurso de la urgencia de la globalización o del “fin de la historia” de Francis Fukuyama.

Dijo que el FMI representa los intereses de EEUU, ya que ese país es el principal accionista del Fondo.

El especialista destacó la decisión del presidente Luis Arce de devolver el crédito al FMI como una señal de soberanía, ya que la lógica de la región debería ser “más justicia, más dignidad y menos FMI”.

Por su lado, el ecuatoriano Pérez, dijo que los créditos del Fondo, en su país, históricamente desembocaron en levantamientos populares, huelgas, privatización de empresas públicas y derrocamientos de autoridades debido a que el FMI normalmente exige achicar el Estado.

Dijo que, en Ecuador, una de las recetas del Fondo fue el retiro del subsidio del combustible, lo que generó una conmoción popular de magnitud.

Pérez también destacó la decisión del Gobierno boliviano de devolver el crédito del FMI.

Al respecto, el exministro de Economía, Mario Guillén, explicó que esa devolución del crédito se realizó por que el mismo era ilegal, debido a que no contó con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Además de ello, el préstamo implicaba condicionamientos aceptados por el régimen de Jeanine Áñez, ya que generó no solo intereses por un monto de $us 5 millones, sino que incluyó derechos especiales de giro, es decir, un mantenimiento de valor que significó el pago de otros $us 20 millones para el Estado en un solo año.

Entre los condicionamientos exigidos, Guillén citó los despidos, la reducción de la inversión pública, una posible devaluación y, lo más importante, el riesgo de dejar “con las manos atadas” al gobierno de Luis Arce. 

Para la exasambleísta Otilia Choque, el Legislativo rechazó el crédito del FMI debido a que fue desembolsado sin conocimiento de la Asamblea, no contaba con un contrato público, no especificaba condiciones financieras ni objetivos claros y el plazo de pago era muy corto, además de los intereses muy elevados.

Por su parte, el exviceministro Jaime Durán explicó que, históricamente, los condicionamientos del FMI estuvieron detrás de la “guerra del agua”, del “impuestazo” y de la privatización de empresas estatales durante el neoliberalismo.

“Con el FMI hay más desempleo, pobreza y bajo crecimiento”, indicó.

En 100 días de gestión, ya comenzaron a surgir los primeros signos de recuperación y reactivación económica, informó este domingo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Aclaró que, en un año y medio o dos, recién se verá una revitalización completa.

La autoridad, entrevistada en el programa Asuntos Centrales, del canal televisivo PAT, hizo un balance de las cifras rojas que dejó el gobierno de facto y también socializó las medidas implementadas por la gestión actual para reactivar y reconstruir la economía, redistribuir el ingreso y restablecer el Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

“Vemos elementos de recuperación en la economía, se está iniciando esta recuperación”, indicó el Ministro, quien insistió que ya se evidencian los “primeros signos” en ese sentido.

Entre estos signos, se encuentran el decisivo aumento de la inversión pública, “darle oxígeno a nuestras empresas públicas que estaban muy abandonadas, fomentar la demanda interna del consumo a través del Bono contra el Hambre”, indicó la autoridad.

Respecto a la inversión pública, el Ministerio de Planificación informó que el Gobierno destinó, entre noviembre de 2020 y enero de este año, $us 725,8 millones.

El Presupuesto General del Estado establece que se prevé invertir $us 4.011 millones durante la gestión 2021.

En el caso del Bono contra el Hambre, 3.955.642 personas ya cobraron ese beneficio hasta el 17 de febrero.

Por el lado productivo, se generó un fideicomiso de Bs 911 millones de partida, al 0,5% de interés, para los productores que sustituyan insumos o productos finales importados.

Además de ello, se estableció la subasta electrónica y el mercado virtual estatal; el apoyo al sector productivo y viviendas sociales; la promoción y recuperación del turismo interno, entre otras medidas.

Otra de las señales es la reprogramación de los seis meses de gracias para los prestatarios que hayan diferido sus créditos.

Signo de reactivación económica también es que, hasta diciembre de 2020, las actividades que más dinamizan la economía y el empleo, como supermercados, restaurantes, transporte aéreo y hoteles, aumentaron sus ventas en 38,2% respecto a noviembre de 2020, indica un informe del Ministerio de Economía difundido en Facebook.

Otro síntoma positivo es que el Indicador Global de la Actividad Económica, a noviembre de 2020, ya registra una tasa positiva del orden del 5,8%, según informó el Ministerio de Planificación.

Sin embargo, la economía “no se ha recuperado totalmente, este es un proceso de mediano plazo, va a llevar entre un año y medio o dos, pero vemos que hay signos de recuperación”, explicó el ministro Montenegro.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó este sábado que el Gobierno propuso a los pequeños productores una serie de medidas como la utilización de silos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en San Julián y San Pedro, con el objetivo de mejorar el precio para los subproductos de la soya y garantizar el abastecimiento en el mercado interno.

Entre otras propuestas, está realizar un estudio de costo logístico de exportación, apoyo en la exportación de grano de soya a través de Insumos Bolivia, generar mecanismos de control de calidad y de precios para los agroquímicos, aumentar más silos de almacenamiento, la construcción de una planta de transformación de subproductos de soya y aplicar mecanismos de regulación, seguimiento y control sólo al 20 por ciento de la harina de soya solvente.

“Las opciones presentadas resuelven las demandas planteadas por el sector productor y son las alternativas para mejorar los precios de compra de la industria. Sin embargo, los productores han rechazado con argumentos que no tienen sustento técnico. No quisiéramos pensar que existen otro tipo de intereses para crear un escenario que perjudique el normal abastecimiento de alimentos a la población”, manifestó.

El titular de Desarrollo Productivo dijo que, como Gobierno, se trabaja en la reactivación de la economía y recuperación del aparato productivo, por lo que es fundamental cuidar la economía del pueblo boliviano para garantizar la provisión de alimentos de primera necesidad a precio justo.