Más de 150 inspectores de 25 jefaturas departamentales y regionales de Trabajo reunidos en La Paz, fortalecieron sus competencias en la atención de trámites administrativos y en el procedimiento de inspecciones integrales.

“La tarea de los inspectores y jefes de trabajo es esencialmente una labor social, y si no tenemos la capacidad de ponernos en lugar de los trabajadores que presentan su demanda somos los mismos abogados neoliberales que dieron golpe en noviembre del año pasado”, afirmó la ministra de Trabajo, Verónica Navia, al clausurar el viernes el Taller de Integración y Lineamientos de la Gestión Pública para jefes e inspectores de trabajo.

El taller, durante dos días, definió los lineamientos nacionales para fortalecer y reconstruir las competencias en la atención de trámites administrativos y del procedimiento de inspecciones integrales en jefaturas departamentales y regionales de Trabajo, señala un boletín de prensa institucional.

“El inspector no es el funcionario de un juzgado laboral, el inspector no es un abogado que espera en su escritorio la visita de los trabajadores que tienen alguna demanda laboral. Los inspectores son el único refugio que tienen los trabajadores del país para presentar sus denuncias. Cuando a los trabajadores no les pagan sus salarios, no pueden ir a un bufete de abogados, el único lugar al que recurren es a la inspectoría laboral”, recordó la autoridad.

Navia remarcó que la función del Ministerio de Trabajo es hacer respetar y garantizar los derechos de los trabajadores que quedaron en la indefensión total de sus derechos durante la mala administración de la gestión pública del gobierno golpista, quienes remplazaron a servidores públicos capacitados por personal sin conocimientos del derecho laboral y de la función pública.

Por su lado, el director General de Trabajo, Arturo Alessandri, expresó su satisfacción porque a partir de este encuentro los servidores y servidoras públicas brindarán un asesoramiento ético, transparente, protegiendo y velando los derechos socio laborales de los trabajadores.

“Además de recuperar la confianza que existía antes del golpe de Estado, nuestro objetivo es que el Ministerio de Trabajo vuelva a ser la casa de las y los trabajadores, donde se sientan protegidos ante los atropellos recurrentes de sus empleadores”, sostuvo Alessandri.

Explicó que, a partir de ahora, el personal recientemente incorporado a las jefaturas departamentales y regionales de Trabajo está preparado para atender al público con calidad y calidez, acorde a las demandas laborales y sin burocracia de por medio.

“Garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones socio laborales de las trabajadoras y trabajadores y de las servidoras y servidores públicos, promoviendo y defendiendo el trabajo y empleo digno, requiere la alineación de esfuerzos de todo el personal de las diferentes áreas de esta cartera ministerial”, concluyó Alessandri.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, visitó este sábado el departamento de Santa Cruz para reunirse con el sector productor y desarrollar una agenda de trabajo referente a la seguridad alimentaria y el uso de tecnologías, tras la abrogación del decreto 4232 que permitía el uso de transgénicos.

“Recientemente hemos abrogado un decreto, el 4232, donde se permitía el uso de transgénicos en cinco cultivos: en el maíz, soya, trigo, caña de azúcar y algodón. Pero ese decreto que se instaló en gobierno de facto de Áñez carecía de fundamento técnico, económico y no garantizaba la bioseguridad. En ese marco, se lo ha abrogado el miércoles pasado”, afirmó a los periodistas.

Gonzales dijo que está acompañado de un equipo para trabajar con el sector a fin de viabilizar la producción “con tecnología, pero con fundamentos técnicos, económicos”.

“Vamos a empezar con el cultivo de soya y esperamos que a la brevedad posible podamos no solamente sacar un decreto, sino constituirnos con una ley que eso sí habilita la Constitución, porque el Artículo 406 de la Constitución dice que el tema de los transgénicos debe tratarse con una ley”, sostuvo.

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, anunció el jueves pasado la abrogación del Decreto Supremo N° 4232 aprobado durante el régimen de Jeanine Áñez para la producción de alimentos transgénicos.

El Decreto Supremo N° 4432 autorizaba de manera excepcional al “Comité Nacional de Bioseguridad” establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.

El canciller Rogelio Mayta informó que la propuesta boliviana de liberación de patentes para la distribución equitativa de vacunas contra el COVID-19 ya es de conocimiento de escenarios internacionales. Una de las metas es que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) se sumen.

“Hemos partido expresando nuestra posición en Naciones Unidas en el Foro Económico Social. Lo hemos hecho de forma clara en la participación que tuvo el Ministro de Relaciones Exteriores. También, en la XXVII Cumbre Iberoamericana, en el capítulo que correspondía al Ministerio de Relaciones Exteriores, hicimos nuestra exposición y planteamos esa situación”, aseguró el jefe de la diplomacia boliviana.

“También, estamos llevando nuestra iniciativa a escenarios como la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), el Mercosur (Mercado Común del Sur) y otros en los que participamos. Ahí se van a emitir declaraciones; pero, el escenario donde se puede ganar y perder: Naciones Unidas y la OMC, Organización Mundial del Comercio, y estamos trabajando para que nuestra iniciativa pueda llegar ahí también”, dijo Mayta.

Bolivia plantea en su campaña que países desarrollados que concentran más vacunas de las que necesitan permitan distribuirlas equitativamente a los países con mayor necesidad y efectos de la pandemia.

Además, propone que empresas farmacéuticas lleven a dominio público las patentes de diagnósticos, medicamentos y vacunas o emitir autorizaciones voluntarias oportunamente para lograr un acceso real a las mismas por parte de todas las naciones sin excepción.

El Ministerio de Salud y Deportes reportó este viernes que la cifra de inmunizados con la primera dosis de la vacuna anticovid ascendió a 456.643, mientras que los inoculados con la segunda dosis suman 190.475.

Según el reporte, Santa Cruz es el departamento con la mayor cantidad de beneficiarios de la primera dosis, habiendo alcanzado esta jornada los 104.522 inmunizados.

La Paz registra 101.417 inmunizados con la primera dosis; Cochabamba, 88.322; Chuquisaca, 31.665; Tarija, 24.251; Potosí, 26.456; Beni, 29.929; Oruro, 30.613; y Pando, 19.468.

También señala que los inmunizados con la segunda dosis de la vacuna ascendió a 190.475, siendo Santa Cruz el departamento que tiene la mayor cantidad de beneficiarios, con 50.963. Le siguen La Paz, con 43.210 y Cochabamba, con 42.517.

El martes pasado, un lote de 200.000 vacunas rusas Sputnik V contra el COVID-19, transportado por un avión de Boliviana de Aviación (BoA), llegó cerca de las 10.30 al aeropuerto “Jorge Wilstermann” de la ciudad de Cochabamba, para dar continuidad a la inmunización masiva a nivel nacional.