El Gobierno dispuso este miércoles ampliar la restricción para el ingreso a Bolivia de vuelos procedentes de Europa hasta el próximo 15 de febrero para evitar la propagación de los contagios de COVID-19.

"Para proteger la salud de la población boliviana, mediante Decreto Supremo, ampliamos la suspensión de ingreso de vuelos procedentes de Europa a #Bolivia hasta el 15 de febrero de 2021. #NoBajemosLaGuardia #VamosASalirAdelante", escribió el presidente Luis Arce en su cuenta en Twitter.

Esa restricción comenzó el 25 de diciembre del pasado año y debía cumplirse inicialmente hasta el 8 de enero, ante la aparición en el Reino Unido de una nueva cepa del coronavirus que sería más peligrosa y contagiosa.

 No obstante, el Gobierno autorizó a la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) realizar vuelos solidarios para repatriar a los connacionales que están varados en España.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, cuestionó este miércoles el plan de confinamiento militarizado que ejecutó el año pasado el gobierno de facto y que ahora pide reeditar el exministro de Gobierno Arturo Murillo para frenar los contagios de COVID-19.

"No podemos nosotros entrar simplemente en un pensamiento militarizado, como si la cuarentena o una restricción sea la única medida. Nosotros esperamos que no haya necesidad de llegar a este punto", dijo Terrazas.

En las últimas horas, Murillo, acusado de malversación de fondos públicos y fugitivo de la justicia boliviana, arremetió contra el actual Gobierno afirmando que no tiene la "valentía" de enfrentar un confinamiento, como hizo el régimen de Jeanine Áñez.

El año pasado, las principales ciudades bolivianas fueron militarizadas para hacer cumplir el confinamiento estricto que sumergió al país en una fuerte recesión económica y que no logró evitar una crisis sanitaria.

Terrazas recordó, además, que en el periodo de la cuarentena estricta se verificó una serie de irregularidades, como la compra de equipos médicos con sobreprecios, además de que el gobierno de facto no logró abastecer al país de medicamentos, insumos de bioseguridad, pruebas de diagnóstico ni hacer las gestiones para la compra de vacunas contra el COVID-19.

"Nosotros en este tiempo estamos haciendo todos los esfuerzos acelerados para evitar los confinamientos que solamente fueron un "harakiri" (suicidio) para todo el pueblo boliviano (...). Estamos comprando las vacuas y las pruebas, estamos continuando con la ampliación de camas hospitalarias y vamos a dotar de los recursos humanos necesarios para afrontar esta segunda ola", remarcó.

En la inauguración del Año Judicial 2021, realizada este miércoles en la ciudad de Sucre, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, pidió a las autoridades judiciales acompañar las políticas de austeridad que aplica el Gobierno y agilizar las causas judiciales en las cuales se encuentra involucrado el Estado boliviano con el fin de evitar cuantiosas pérdidas al erario.

"En estos tiempos de austeridad, porque la austeridad ha llegado infelizmente a todo el planeta (...), creo que este es un gran desafío para todos nosotros este año: afrontar con recursos limitados las grandes tareas que tenemos. Evitar en lo posible, ya, gastos que antes nos parecían naturales de convivencia, en fin, hay que usar plataformas virtuales, ahorrar en esas cosas, ahorrar en viajes, viáticos. Eso es importante", dijo el Procurador.

La autoridad expresó esos criterios ante una audiencia de autoridades del Órgano Judicial, así como de la Fiscalía General del Estado y representantes de la Defensoría del Pueblo.

Chávez añadió que, si bien la disminución de ciertos gastos puede significar unos centavos, "pero centavos hacen millones".

El Procurador reiteró la importancia del respeto a la independencia de poderes y de mejorar la justicia en favor de la población.

La autoridad dijo que a la Procuraduría le preocupa la demora en varios juicios en los que está involucrado el Estado boliviano y que esta tardanza puede significar cuantiosas pérdidas para las arcas fiscales.

"Voy a pedir con muchísimo respeto a las autoridades de este Tribunal Supremo, y lo mismo al sistema judicial, que apoyemos al Estado para que no sea objeto de procesos internacionales y (como consecuencia) paguemos cuantiosas indemnizaciones cuando podemos tener soluciones tempranas", indicó Chávez.