Cochabamba, 23 de junio de 2022 (ABI).- El presidente de la Brigada Parlamentaria cochabambina, Grobert Nogales, solicitó al Ministerio Público iniciar las acciones legales en contra de “grupos paramilitares” que operaron desde noviembre de 2019, como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), y que ahora se empezaron a reorganizar.
“Reprochamos el accionar y la rearticulación de estos grupos vandálicos, de estos grupos terroristas, quienes han atentado contra el pueblo cochabambino y boliviano; recordemos que la ONU ha indicado que son grupos paramilitares que necesitamos desarticular”, indicó Nogales.
En entrevista con BTV, condenó el denominado motocazo que fue protagonizado por estos grupos irregulares en la Llajta -actores que causaron zozobra en el país- que ahora pretenden rearticularse.
En esa línea, sectores sociales también exhortaron a la Fiscalía iniciar los procesos por los hechos violentos que realizaron los cabecillas y otros integrantes de estos grupos.
Asimismo, pidieron a las autoridades judiciales de Sucre poner fecha y hora para el auto de apertura del juicio por los daños que ocasionaron al Estado en el 2020.
Acusación por los daños a patrimonio del Estado
El inmueble de la Fiscalía General del Estado es considerado el patrimonio arquitectónico de Sucre. En noviembre del 2020, un grupo de personas causó daños al frontis de la edificación de la FGE.
De acuerdo con los elementos colectados en la investigación se estableció que Yassir Molina, Mario Bascopé R., Fabio Bascopé R. y Milena Soto L., en su calidad de cabecillas, impartieron instrucciones y directrices para que sus subordinados ejecuten el hecho ilícito en el inmueble de la Fiscalía.
En este caso se investigó la presunta comisión de los delitos organización criminal con relación a delito de destrucción, deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad, fabricación ilícita, tenencia y porte, portación ilícita, atentado contra bienes públicos, impedir, entre otros.
Además, en la investigación se estableció que Mario S.S. y Ayda R.L.T. habrían facilitado los medios logísticos y recursos humanos para engrosar las filas de esta organización para cometer el hecho criminal, por lo que la acusación fue ampliada en su contra por presunta complicidad.
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