El representante de la Asociación de Víctimas, Fallecidos, Heridos, Procesados y Perseguidos en la Defensa de la Democracia de Huayllani (Cochabamba), Ismael Marquina, informó este jueves que se realizarán nuevos procesos penales contra las personas que firmaron el Decreto Supremo 4078 que desencadenó en las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.

“Nosotros como víctimas vamos a iniciar un análisis y medidas penales contra los actores del golpe de Estado y los que han financiado la masacre, quiénes han dado la orden, quiénes han firmado ese maldito decreto, que les da la inmunidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para que puedan matar libremente”, expresó Marquina, en conferencia de prensa.

Explicó que la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, está recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores por la investigación del caso golpe de Estado y no por las masacres que se realizaron en Sacaba y Senkata, por lo que analizarán nuevas medidas penales en contra de los responsables de esos hechos luctuosos.

“Nosotros no estamos cometiendo lo que ellos han cometido en el 2019, han asesinado, han herido con armas de fuego, han encarcelado y hoy no hay responsables hasta la fecha. La señora Jeanine Áñez no está detenida por los delitos de lesa humanidad que ha cometido, ella está detenida por el golpe de Estado”, reiteró.  

El 15 de noviembre, el régimen de Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078 que autorizaba en su Art. 3 a los militares uso de la fuerza en manifestaciones y pretendía eximir de responsabilidad penal al personal de las FF.AA. que participe en los operativos.

“El personal de las FF. AA. que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art.11 y 12 del Cód. Penal. Ley Nº 1760 y el Código de Procedimiento Penal”, se lee en el Decreto, considerado como una carta blanca para matar.

El decreto fue firmado por Añez y 11 de sus ministros, en los que figuran: Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Fernando López, Roxana Lizárraga, José Luis Parada, entre otros.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado (FGE), Edwin Quispe, aclaró este jueves que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, y las leyes vigentes en Bolivia, una autoridad jurisdiccional determinará la situación procesal de la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, y no así del Ministerio Público.

“El Ministerio Público no define ninguna situación procesal, siendo que los actos investigativos en sí lo sujetamos a control jurisdiccional, conforme establece el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. No podemos determinar la situación procesal de ningún investigado, incluida la señora Jeanine Añez”, aseveró Quispe.

Explicó que es el Órgano Judicial quien, a través de las autoridades jurisdiccionales, considera las peticiones de las personas que sienten que sus derechos son “mancillados”, por lo tanto, es la única instancia competente de establecer la situación procesal de la exmandataria de facto.

“Ha circulado el rumor de que dependería del Ministerio Público determinar la situación solicitada por la CIDH; sin embargo, el tenor de la Comisión señala claramente, como punto de referencia, al Órgano Ejecutivo que tiene en sus manos la solicitud de la Comisión Interamericana. Estos siete días que conminan son para el Órgano Ejecutivo y al mismo tiempo para que se ponga a consideración de la autoridad jurisdiccional alguna petición”, explicó, según un boletín institucional.

Jeanine Áñez está recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores de La Paz, desde marzo pasado, acusada por el caso golpe de Estado de 2019. La audiencia virtual de Áñez debía realizarse el pasado miércoles, pero fue suspendida por fallas informáticas.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este jueves que hasta la fecha se suscitaron 81 feminicidios y 27 infanticidios, durante ocho meses del 2021, por lo que exhortó a las autoridades subnacionales a endurecer sus políticas en la lucha contra la violencia en el territorio nacional.

“Son alarmantes estos números porque al parecer nuestras instancias encargadas de la prevención contra la violencia no están siendo efectivas. Nos preocupa de sobremanera y hacemos un llamado a las autoridades nacionales y locales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se registra la mayor cantidad de feminicidios”, indicó Quispe.

El secretario general de la Fiscalía, lamentó que en Unicia, Potosí, se suscitó un feminicidio, seguido de infanticidio y suicidio.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el autor, Efraín T.C., de 28 años, habría ingresado en horas de la noche a la casa de su exconcubina Nelly S.H.C. de 21 años, donde la estranguló hasta quitarle la vida, luego sacó del lugar a su hijo de tres años y lo llevó en su automóvil a la Comunidad de Chiru Chiru del Ayllu Layme, donde le quitó la vida, posteriormente él se ahorcó al interior de su domicilio.

“Pedimos a las gobernaciones y alcaldías que endurezcan sus políticas de lucha contra la violencia, siendo que el feminicidio es el último eslabón de una espiral y cadena de violencia”, explicó Quispe.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio Público, se suscitaron 81 casos de feminicidio y la mayor incidencia está en eje central del país. La Paz con 30 casos, Santa Cruz con 14 y Cochabamba con 11.

Asimismo, el fiscal señaló que hasta la misma fecha se suscitaron 27 casos de infanticidio. En La Paz se investigan nueve casos; en Chuquisaca, siete; en Potosí, seis; en Santa Cruz, dos; en Cochabamba, dos; y en Tarija, uno.

“Pedimos a las entidades encargadas de protección de la seguridad de los niños, niñas a nivel nacional, puedan implantar políticas de prevención de lucha contra este flagelo, siendo que son los sectores más vulnerables y necesitan el resguardo de la población y necesitan estar seguras”, enfatizó Quispe.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este jueves que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) se encuentran en la zona del incendio en Sacaba para investigar el origen y los responsables de la quema que causó la muerte de la bombera voluntaria, Ruth Orellana Arellano, de 32 años, en Cochabamba.

“De manera preliminar, el origen del incendio es un chaqueo y se convierte en un acto ilegal porque la autorización de quemas ha fenecido el 31 de julio; sin embargo, la Felcc está a cargo de hacer las investigaciones del caso, conjuntamente con la ABT”, informó la autoridad en conferencia de prensa. 

Calvimontes lamentó la muerte de la voluntaria de la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de Sacaba, que se convierte en la primera víctima de los incendios, en este caso por una quema ilegal, en este 2021.

“Queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias a la familia, acompañarles en este dolor, se convierte en nuestra primera víctima de estos desastres (…). La ABT en este momento se encuentra en la zona, haciendo ya las respectivas investigaciones para dar con los responsables del origen de este incendio”, explicó.

Ruth Orellana murió este miércoles, durante las tareas de mitigación de un incendio forestal en Melga, Sacaba, departamento de Cochabamba. De acuerdo al informe preliminar, el viento cambió de dirección y atrapó Orellana quien no pudo salir, y falleció por sofocación y quemaduras de segundo y tercer grado.

“Sabemos que la funcionaria ha sido encontrada en posición fetal y tiene como causa de muerte asfixia por sofocación”, indicó.

La autoridad aseveró que con las investigaciones darán con los autores y serán estas instancias correspondientes las que determinen el tipo de delito y las sanciones.

Asimismo, señaló que el incendio fue controlado anoche y se espera sofocarlo en su totalidad durante esta jornada.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este jueves que el reporte oficial de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), hasta el 30 agosto, identificó que los incendios afectaron a 1.407.914 hectáreas. Autoridades observan que estas quemas tengan el mismo origen que las de 2019, por lo que se emitió 58 citaciones por procesos administrativos.

“El origen de los incendios del 2021 tiene el mismo lugar de origen de los incendios del 2019, es un tema que está en investigación, porque nos parece rara la coincidencia”, aseveró la autoridad en conferencia de prensa.

De acuerdo con las investigaciones de la ABT, Defensa Civil identificó que el 82% de los incendios corresponde a pastizales y que el 18% a áreas protegidas en el territorio nacional.

“Es importante remarcar las áreas que se han quemado en relación a áreas pastizales corresponde al 82 por ciento, se suscitaron en pastizales y arbustos pequeños, y el 18 por ciento ha logrado ingresar a nuestras áreas forestales”, aseveró.

Asimismo, Calvimontes explicó que el 67% de las quemas se suscitaron en el departamento de Santa Cruz, en la región de la Chiquitania, por lo que se investiga este origen de incendios irregulares. Asimismo, aseveró que 26% de las quemas corresponde al departamento de Beni y el 7% a otras regiones del país.

La autoridad señaló que hasta la fecha el 95% de los incendios fueron mitigados y que el país está “libre” de incendios descontrolados; sin embargo, aseveró que las investigaciones para dar con los autores continúan hasta dar con los responsables y darles “sanciones ejemplificadoras”, para que estos incendios no vuelvan a ocurrir, porque causaron muchas pérdidas naturales.

“Son 58 citaciones que se están realizando en el departamento de Santa Cruz, que ya la ABT ha cursado, en el marco de sus competencias, se llaman citaciones por comparendo, esto tiene una sanción administrativa”, señaló.

Asimismo, la autoridad indicó que de manera preliminar entregaron cuatro informes técnicos a la Fiscalía para procesos penales por los incidentes en Viru Viru, Otuquis, Samaipata; sin embargo, durante los últimos días, se enviaron 20 informes adicionales para sanciones por la vía penal, haciendo un total de 24.

Las víctimas de las masacres de Sacaba y de Senkata aplicarán nuevas medidas de presión en la ciudad de La Paz desde este viernes para reclamar justicia y rechazar cualquier posibilidad de liberación de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez.

“Ayer (miércoles), estuvimos hasta las 23.00 con los hermanos de Senkata para unificar y, gracias a Dios, hemos entrado en unidad y ahora vamos a tomar nuevas medidas de presión para empezar mañana desde las 08.00”, aseguró el  vicepresidente de la Asociación de víctimas, fallecidos, heridos, procesados y perseguidos en la Defensa de la Democracia de Huayllani, Sacaba, Roberto Jucumari, en entrevista con Bolivia TV.

El martes, una comisión de 10 víctimas de la masacre de Sacaba llegó a La Paz en demanda de justicia para que los responsables de la vulneración de derechos humanos en 2019 sean sancionados.

“Para empezar, vamos a hacer una marcha y, después, vamos definir qué medidas más vamos a tomar”, dijo Jucumari.

Áñez se encuentra con detención preventiva desde marzo de 2021 en La Paz por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019. La semana anterior, sectores opositores al Gobierno nacional demandaron la liberación.

Esa situación provocó que las víctimas se declaren en vigilia y emergencia para rechazar cualquier beneficio para Jeanine Áñez.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó el 17 de agosto los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos en 2019.

El documento concluye que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba y el 19 de noviembre de 2019 en Senkata existió, durante el régimen de Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.