El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este lunes que la Policía Internacional (Interpol) rechazó en tres oportunidades la solicitud de activar la notificación azul para dar con la ubicación de las exautoridades del régimen de facto de Jeanine Áñez, que huyeron del país en 2020.

“Nosotros como Ministerio Público habíamos solicitado en tres oportunidades a la Interpol que se nos pueda facilitar la notificación azul, es decir, la ubicación exacta de estas personas en los países del extranjero, lastimosamente la Interpol nos ha respondido que era una persecución política y no iba a dar curso a las solicitudes”, subrayó.

Lanchipa apuntó que, con los últimos acontecimientos acaecidos tras la detención del exministro de facto Arturo Murillo y sus excolaboradores, se demostró que no existía persecución política alguna y que se trataba de casos de corrupción.

“Ahora queda demostrado y está totalmente acreditado que no se trata de una persecución política, es un tema de legalidad, un tema de justicia, la prosecución penal está enmarcada dentro de la garantía y defensa de los derechos de cada uno de los investigados, así que no se trata de una persecución política, es un tema de justicia, es un tema de legalidad”, ratificó Lanchipa.

Asimismo, detalló que, hasta la fecha, dentro del caso de compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, son 20 personas investigadas y cinco aprehendidas, además de que se desarrollaron varias actuaciones procesales.

“Estamos desarrollando el proceso de investigación, también se ha ampliado para el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Son siete tipos de delitos por los cuales está siendo procesado todo este grupo de personas”, subrayó.

Por otro lado, el Fiscal General comunicó que, tras la presentación de la solicitud de extradición de Murillo, el cual sigue su trámite regular a través de la autoridad jurisdiccional y el Ministerio de Relaciones Exteriores para posteriormente ser remitido a Estados Unidos (EEUU), se pidió también la repatriación de todos los activos relacionados con este caso.

“De manera paralela, también el Ministerio Público ha solicitado, o ha iniciado el proceso para la repatriación de todos los activos, de todo el dinero que tiene allá el señor Arturo Murillo y toda su banda que ha cometido estos hechos ilícitos en el país”, mencionó.

Este domingo, la Policía aprehendió en Cochabamba a una persona que intentó hacerse pasar como portero de un edificio, pero en realidad se trató de alguien vinculado al exministro Arturo Murillo, detenido en EEUU por soborno y lavado de dinero.

El sábado, la Fiscalía emitió una orden para la aprehensión de Giovani E. F. T., quien antes había dicho ser el portero de un edificio en Cochabamba. Esa persona inclusive intentó impedir a la Policía y Fiscalía ejecutar un allanamiento en un inmueble, informó el canal televisivo Unitel.

En una primera declaración, Giovani E. F. T. confesó que era colaborador del exministro Arturo Murillo. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia cautelar de esta persona que, tras su aprehensión, fue trasladada hasta La Paz, añade el reporte.

También en esta jornada, la jueza Cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Ximena Palacios, dispuso la detención preventiva en el penal de San Pedro de los exfuncionarios del Ministerio de Defensa, Pedro M. R. S. y Raúl M. L. G., por estar involucrados en procesos derivados del caso de la red de Arturo Murillo, informó La Razón en su edición digital.

Se conoce que la determinación fue asumida por la “concurrencia de la probabilidad de autoría y los riesgos procesales”, como la posible obstaculización en la investigación, que no fueron desvirtuados con documentación suficiente.

Raúl M. L. G. fue Director Jurídico del Ministerio de Defensa durante la gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y Pedro M. R. S. era Director de Logística de la misma cartera de Estado. Ambos fueron imputados por supuesto “uso indebido de influencias” y otros delitos, añade el reporte de prensa.

En los últimos días, fueron aprehendidas al menos siete personas acusadas de estar vinculadas, de manera directa e indirecta, a la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio y a la investigación abierta por el delito de legitimación de ganancia ilícitas.

Este domingo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que esa cartera de Estado se querelló contra el exministro de facto, Luis Fernando López, por ocho casos irregulares.

Fernando López está implicado en la compra de gases lacrimógenos y equipamiento no letal con un sobreprecio de más de $us 2 millones, dinero que sirvió para pagar sobornos, motivo por el cual el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se encuentra recluido en Estados Unidos acusado por lavado de dinero.

La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó este domingo que el Ministerio Público registró un hecho de doble infanticidio en un barrio de la ciudad capital, en el que las víctimas son dos hermanos de tres y cinco años de edad quienes perdieron la vida a causa de una explosión de dinamita que habría sido activada por su padre Macario T.C. de 35 años.

Con este último hecho, suman 13 los casos  a nivel nacional en lo que va del año.

"En cuanto tuvimos conocimiento del hecho desplazamos al equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida conformada por un fiscal, tres médicos forenses, una psicóloga y una trabajadora social quienes se constituyeron al lugar del hecho para realizar el levantamiento legal de los cadáveres, iniciar con las investigaciones correspondientes y realizar la contención emocional a la madre de los niños y un menor de once años que presenció el hecho”, dijo Choque.

Según las investigaciones preliminares, el 29 de mayo de 2021 aproximadamente a horas 20:00, Macario T.C. llegó a su domicilio en estado de ebriedad y continúo consumiendo bebidas alcohólicas, hecho que provocó una discusión con su pareja quien salió de la vivienda para pedir ayuda a un familiar, pero cuando la mujer regresó escuchó un estallido en el cuarto de sus hijos. Al ingresar, encontraron los cuerpos sin vida de Macario y los dos niños a causa de la explosión por dinamita, señala un boletín de prensa.

Según el informe de la autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el niño de tres años murió por lesión de centros nerviosos superiores, traumatismo cráneo facial severo abierto secundario a explosión de dinamita, mientras que su hermana de cinco años perdió la vida por traumatismo torácico abdominal abierto secundario a explosión de dinamita y Macario por trauma torácico abdominal abierto por explosión de dinamita.

Los datos oficiales del Ministerio Público dan cuenta que, del 01 de enero al 30 de mayo de 2021, el departamento con mayor incidencia de hechos de Infanticidio es Chuquisaca con 5 casos, seguido de La Paz con 3, Potosí 2, Cochabamba 1, Santa Cruz 1 y Tarija 1.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este domingo que esa Cartera de estado se querelló contra el exministro de facto, Fernando López, por ocho casos irregulares.

“Como Ministerio de Defensa, en lo que corresponde a los casos que tenemos y hemos encontrado ocho casos irregulares, hemos presentado la querella ante el Ministerio Público, vamos a coadyuvar en todos los requerimientos que se nos solicite la Policía o a través de otras instancias”, dijo en un breve encuentro con periodistas.

La autoridad explicó que las ocho querellas son en contra del exministro de Defensa y sus excolaboradores.

Entre los casos se encuentra la suscripción de contratos privados para adquirir materiales e insumos, como también el alquiler de cisternas; otra demanda por la contratación de talleres de arreglo mecánico de vehículos que no tiene ningún proceso de contratación sin documentación de respaldo con exigencia de pago; compra de uniformes; además del cobro excesivo a premilitares.

“Son todas estas irregularidades, un conjunto que hacen los ocho casos, incluido el caso de compra de gases lacrimógenos”, indicó Novillo.

El exministro de Defensa, Fernando López, está implicado en la compra de gases lacrimógenos y equipamiento no letal con un sobreprecio de más de $us 2 millones, dinero que sirvió para pagar sobornos, motivo por el cual el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se encuentra recluido en Estados Unidos acusado por lavado de dinero.