El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este miércoles que el extitular de la cartera de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, fue aprehendido en flagrancia tras recibir $us 20.000 para el favorecimiento en el trámite y la provisión de predios.

“Queremos comunicarle al pueblo boliviano que el día de ayer, martes, hemos aprehendido al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, al señor Edwin Characayo, por la comisión de varios delitos en flagrancia (…). Al haber recibido la suma de más de $us 20.000 para favorecer a un sector”, manifestó, en una conferencia de prensa.

Según Del Castillo, el aprehendido cometió los delitos de cohecho, coacción y beneficios en razón del cargo, entre otros, y será puesto a disposición de la justicia para que responda por los ilícitos.

La autoridad estatal explicó que Characayo fue capturado luego de ser filmado recibiendo dinero “en propias manos” de parte de las víctimas del cobro, en el paseo de El Prado de la ciudad de La Paz.

Tras recibir el dinero, Characayo puso los $us 20.000 en la mochila de un cómplice, Hiper García, para luego retirarse del lugar, agregó.

Los policías que intervinieron en el caso aprehendieron a ambos y los pusieron a disposición del Ministerio Público, para luego procederse a la requisa de la mochila y evidenciar que los sindicados estaban en posesión del dinero.

Asimismo, manifestó que la investigación del caso continuará porque se tiene varios “elementos de convicción” para establecer la posible participación de más personas en los hechos ilícitos.

“Tenemos conversaciones telefónicas entre las personas que estarían incitando a la comisión de estos delitos, pero creemos que la cabeza de esta red de corrupción ha caído y va a caer caiga quien caiga”, detalló.

En ese contexto, Del Castillo recordó que los hechos de corrupción no tienen cabida en la administración estatal y reiteró el compromiso de ser implacable en la toma de decisiones “con quienes usen cargos gubernamentales para beneficiarse personalmente”.

“Además, les digo a todas y todos, que el equipo de Inteligencia del Gobierno y la tecnología con la que cuenta es suficiente como para estar pendientes de todas las personas que estén involucradas en este tipo de actos de corrupción que atentan contra la institucionalidad de nuestro país”, advirtió.

El titular de Gobierno manifestó que personas que estén involucradas en cualquier hecho de corrupción serán investigadas y sancionadas conforme manda el ordenamiento jurídico nacional.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este miércoles que el extitular de la cartera de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, fue aprehendido en flagrancia tras recibir $us 20.000 para el favorecimiento en el trámite y la provisión de predios.

“Queremos comunicarle al pueblo boliviano que el día de ayer, martes, hemos aprehendido al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, al señor Edwin Characayo, por la comisión de varios delitos en flagrancia (…). Al haber recibido la suma de más de $us 20.000 para favorecer a un sector”, manifestó, en una conferencia de prensa.

Characayo Villegas fue posesionado como ministro de Desarrollo Rural y Tierras, el 1 de diciembre de 2020.

El Gobierno expuso ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) el Modelo de Nacionalización de Lucha contra el Narcotráfico y Control Social a la producción de hoja de coca, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

La presentación fue realizada durante su intervención en el 64° Periodo de Sesiones de la Convención de Estupefacientes de Naciones Unidas.

Explicó que antes del 2006 existía un modelo represivo, ajeno a la realidad boliviana que no tomaba en cuenta los usos culturales, tradicionales y medicinales, estigmatizando a la hoja de coca como un estupefaciente vinculado directamente con la cocaína, y una fuerte intromisión de los Estados Unidos que violaba los derechos humanos y la soberanía nacional.

“En el Gobierno de 2006, se diseñó de manera digna y soberana una política de lucha contra el narcotráfico basada en la nacionalización, dándole un reconocimiento legal a la hoja de coca incluyéndola a la Constitución Política del Estado y logrando incluir en la Convención de Viena de 1961, que despenalizó el masticado (acullico) de la hoja de coca”, indica un reporte de prensa institucional.

En la gestión 2017, se aprobó la Ley General de la Hoja de Coca, basada en el control social, el diálogo, concertación y el respeto a los derechos humanos, con los sindicatos y comunidades para la toma de decisiones, donde se establece un límite de producción de 22.000 hectáreas destinadas al consumo interno.

"Estamos orgullosos de que el modelo basado en el control social haya sido exitoso, reconocido por diferentes organismos internacionales y medios de comunicación, el cual nos permitió disminuir las cifras de 20 por ciento a un 11 por ciento del total de los cultivos, con la consigna de que no puede haber libre cultivo ni tampoco coca cero", acotó Mamani, según añade el informe.

Pese a los conflictos suscitados por el gobierno de facto, se continúa con el modelo de nacionalización de lucha contra el narcotráfico y control social a la producción de hoja de coca en Bolivia, seguros de cumplir los objetivos propuestos como Gobierno, indica el reporte de prensa.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este martes que una investigación iniciada por un presunto tráfico de vacunas contra el COVID-19 en un inmueble que funcionaba como clínica en la ciudad de La Paz se ampliará hacia los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

“Tenemos una queja en Santa Cruz que la vamos a atender y también hemos recibido (denuncias) de Cochabamba”, manifestó, citado en un boletín institucional.

La autoridad hizo la declaración durante una operación conjunta con la Policía Boliviana realizada ayer, lunes, en un establecimiento que operaba como clínica en la zona de Villa Fátima de La Paz que aplicaba supuestas vacunas contra el COVID-19, donde también se aprehendió a dos personas.

Silva reiteró que las únicas instituciones autorizadas para la distribución de las inyecciones inmunizantes son los servicios departamentales de salud y las entidades de seguridad social a corto plazo.

En ese sentido, la autoridad explicó que se investiga el caso con tres hipótesis: la sustracción de los reactivos de depósitos de un servicio departamental de salud o una caja de salud; la comercialización de otro tipo de reactivo, lo que podría poner en riesgo la vida de la población o el contrabando de vacunas.

“Nos preocupa enormemente este tema porque no sabemos si estas vacunas son originales, si son truchas o si se está internando al país vacunas por contrabando”, dijo.

Por último, Silva mencionó que si los fármacos hallados en el inmueble que funcionaba como clínica son inoculantes originales para el COVID-19 sería grave, porque eso “significaría que de las cajas o los servicios departamentales de salud se estaría sustrayendo estas vacunas para ponerlas a la venta a través de estos consultorios privados o clandestinos”.

“Sería grave si fueran vacunas truchas o que sean otro producto, porque eso sería letal para la vida de las personas que se estarían animando a ir a estos consultorios a hacerse vacunar”, finalizó.