La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz amplió la detención preventiva de cuatro a seis meses para la expresidenta de facto Jeanine Áñez y sus dos exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, debido a los riesgos procesales demostrados por el Ministerio Público. Los tres detenidos son investigados por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo

“Se declara procedente, en parte, las cuestiones expresadas por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público en cuanto al tiempo de duración de la extrema medida de la detención preventiva y también solicitada por la Procuraduría General del Estado. Se confirma la parte dispositiva con la modificación de que el lapso de detención preventiva de los tres coimputados, que se ha señalado primigeniamente de cuatro meses, se determina seis meses de investigación en condición de detenido preventivo, además que la coimputada Jeanine Áñez tiene riesgo de fuga”, señaló el vocal Willy Arias, cuya audiencia virtual duró alrededor de nueve horas y 45 minutos.

Los abogados de la Procuraduría General del Estado presentaron la propuesta de ampliar la detención preventiva a seis meses y luego fue debidamente argumentada por los juristas del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, porque se requiere mayor tiempo para la investigación y se debe convocar a varias personas.

Durante la audiencia, los juristas de las tres instituciones estatales recordaron que los tres detenidos son, con probabilidad, autores o cómplices de los graves disturbios y la quema de los Tribunales Electorales Departamentales de Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Pando y Beni, además de otras instituciones estatales.

Recordaron que, en noviembre de 2019, Añez fungía como senadora y en cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores, fue elegida como segunda vicepresidenta de la directiva, pero se autoproclamó Presidenta del Estado violando la norma de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Constitución Política del Estado (CPE) que, en ninguno de sus artículos, menciona que la segunda vicepresidenta del Senado tomará las riendas del Estado en caso de renuncia de los gobernantes.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este sábado que se autorizará el ingreso de un familiar y el médico de cabecera de la exsenadora Jeanine Áñez al penal de Miraflores para garantizar que reciba la atención correspondiente en cuanto a su salud.

“Por razones humanitarias, el día de hoy estamos en la coordinación, vamos a permitir que un miembro de la familia, bajo medidas estrictas de bioseguridad, ya sea el hijo, la hija, lo que ellos vayan a determinar, pueda ingresar al contacto familiar con la señora Jeanine Áñez”, señaló, en conferencia de prensa.

Limpias dijo que todas las medidas de seguridad que se están asumiendo en relación a la salud de Áñez son “totalmente responsables”, y también se cuenta con las pruebas de antígeno nasal que serán aplicadas al ingreso de cualquier persona.

A su vez, indicó que, “para evitar cualquier tipo de susceptibilidad”, la administración penitenciaria, a través del Ministerio de Gobierno, coordinó con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para que una misión pueda verificar todo lo referente al trato y acompañamiento que se brindó a la expresidenta de facto desde el momento en que ingresó al penal.

“Tenemos toda la documentación para brindarles a estas misiones, a nivel internacional, pero, asimismo, nosotros hemos abierto también a lo interno, a lo nacional que tenemos, y hemos coordinado con la Defensora del Pueblo para que también, en el marco de sus competencias, puedan ingresar al centro penitenciario en minutos más”, acotó.

Respecto a un supuesto desobedecimiento a una orden judicial para que Áñez sea trasladada a una clínica privada, Limpias aclaró que esa decisión fue revocada por el juez del caso y posteriormente se determinó que personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sea el que acuda al penal para verificar el estado de salud de la privada de libertad.

“Para nada la administración penitenciaria ha desoído la orden judicial. Es más, esta resolución nos plantea que se comunique a instancias especializadas como el IDIF o especialistas en el área de salud y nosotros, obedientes de la misma, hemos participado al IDIF y en horas de la noche, ustedes han debido ver la presencia del IDIF y la administración penitenciaria ha brindado todas las condiciones para que esta instancia pueda realizar su trabajo al interior del centro”, dijo.

Sostuvo que, además de los implementos de primera necesidad, “aquí (en Miraflores) contamos con bastantes instrumentos que van a permitir el cuidado y garantizar, sobre todo, el derecho a la salud. Tenemos desde oxígeno, tenemos un monitor cardiaco, tenemos todos los instrumentos necesarios para que cualquier personal de salud, ya sea general o un especialista, pueda desarrollar su actividad al interior del centro”.

Un fallo judicial determinó que no es necesario el traslado de la exsenadora Jeanine Áñez a una clínica privada para verificar su estado de salud, por lo que la imputada, cerca de la 01.00 de este sábado, fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, donde permanecerá recluida y se le garantizarán todas las condiciones necesarias para su atención.

Un fallo judicial determinó que no es necesario el traslado de la exsenadora Jeanine Áñez a una clínica privada para verificar su estado de salud, por lo que la imputada, cerca de la 01.00 de este sábado, fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, donde permanecerá recluida y se le garantizarán todas las condiciones necesarias para su atención.

El juez Décimo de Instrucción en lo Penal, Armando Zeballos, determinó que de acuerdo con la SC/0965/2014, es el médico del Centro de Orientación Femenina quien debe establecer la necesidad de traslado a un centro de salud de cualquier interna. El fallo ratifica que para verificar el estado de salud de Áñez, no es necesario su traslado a una clínica privada.

"Que en el presente, de la revisión de los antecedentes se tiene que es evidente que los informes médicos no hace referencia a que la imputada deba ser necesariamente trasladada a un centro de salud por lo que la valoración que requiere la privada de libertad puede ser llevada adelante en el mismo COF de Obrajes ya que no existe restricción de médicos especialistas", establece parte del documento judicial.

Asimismo, señala que se debe tomar en cuenta que por la pandemia del COVID-19, resulta también oportuno y conveniente que la imputada sea atendida en el mismo centro penitenciario a efectos de no exponerla a un posible contagio.

La Resolución 1/2020 de la CIDH “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” establece en sus puntos 45 y 46 que los Estados deben implementar “medidas para enfrentar el hacinamiento” y “adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad (…) para impedir el contagio intramuros del  COVID-19”.

En el caso del traslado de Áñez al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, la Dirección Régimen Penitenciario, en un comunicado oficial, explica que se tomó esta determinación tras recibir los informes médicos realizados a la exsenadora, por parte del personal de salud del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el equipo del Ministerio de Salud y médicos de Régimen Penitenciario.

"El Centro Penitenciario Femenino de Miraflores cuenta con instalación médica, equipos y personal médico acorde al tratamiento específico y recomendado que requiere la privada de libertad", señala el comunicado.

Una jueza determinó este viernes la detención preventiva del general en retiro y excomandante de la División Mecanizada del Ejército, Franko Suárez Gonzales, por su presunta participación en la masacre de Senkata, ocurrida en 2019.

Suárez es acusado por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves. Deberá cumplir seis meses de detención preventiva mientras se realizan las investigaciones.

La masacre de Senkata, ocurrida en noviembre de 2019 en la ciudad de El Alto, produjo 10 muertes y dejó un saldo de más de 40 heridos tras una intervención militar y policial.

Según la imputación del fiscal, fueron los regimientos “Bilbao Rioja”, “Max Toledo”, “Ayacucho” y “Teniente General, Germán Busch”, los que actuaron en las acciones represivas de la planta de Senkata, el 19 de noviembre de 2019. El documento señala que tres de los 10 fallecidos de aquella jornada, tienen proyectiles que coinciden con el armamento militar, según el periódico El Deber en su edición digital.

Hubo 10 fallecidos a causa de los impactos de proyectiles de arma de fuego. De ellos, dos personas murieron por balas de calibre 9 mm, un fallecido por calibre 5,56 y cuatro por calibre 22.

En los dos primeros casos, se descubrió que el calibre de las balas coincide con el tipo de munición que portaban los militares a cargo de Suárez, indica el reporte de prensa.

La imputación señala también que los dos acusados, Luis Valverde Ferrufino y Suárez, habían asumido la responsabilidad de recuperar el control de la planta de Senkata. “Se registraron provocaciones por parte de la población civil, empero los efectivos militares arremetieron contra estos teniendo como saldo múltiples heridos”, añade el informe.