El excomandante del Ejército, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, fue aprehendido este lunes por el caso denominado golpe de Estado, por el que fueron detenidos preventivamente la expresidenta de facto Jeanine Áñez y dos de sus colaboradores.

La orden de aprehensión se ejecutó en cumplimiento de una instructiva emitida el pasado viernes por la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios.

“La presente orden se expide en la ciudad de La Paz en cumplimiento de la resolución de aprehensión de fecha 10 de marzo del 2021”, menciona el documento sobre el caso emitido por la Fiscalía Departamental de La Paz.

El sindicado fue comandante del Ejército y parte del Alto Mando Militar que sugirió la renuncia del entonces presidente Evo Morales durante los hechos de violencia postelectoral de 2019 y que derivaron en un golpe de Estado.

La denuncia del caso fue presentada por la exdiputada Lidia Patty Mullisaca por la presunta comisión de los delitos calificados de terrorismo, sedición y conspiración en el grado de autoría.

Orlando Pozo, un habitante de Montero que en 2019 fue senador electo, recordó que en esa región cruceña varias personas fueron asesinadas, entre ellas un joven de 22 años, por paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que actuaron al amparo del golpe de Estado y ahora permanecen en la impunidad.

Pozo, entrevistado en el programa 180, de radio Patria Nueva, relató detalles de las incursiones de grupos armados de la Unión Juvenil Cruceñista “financiados por el Comité Cívico”, por las “logias” y por la “oligarquía” cruceña.

Indicó que esos grupos armados no solo amedrentaron a la población, sino que quemaron casas, asaltaron negocios y persiguieron a los habitantes de Montero. En esas acciones de terror, mataron a un joven de 22 años que participaba en una manifestación de mototaxistas, manifestó.

“Ahora, la familia de ese joven exige justicia” y sanciones para los autores materiales e intelectuales, indicó Pozo, quien lamentó que esa situación de impunidad se mantenga aún, en referencia a las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal.

El representante de Montero lamentó que la jerarquía de la Iglesia Católica y la OEA salgan en defensa de los autores intelectuales de las muertes ocurridas poco antes y durante el golpe de Estado, pero no hayan tenido condenas sólidas respecto a las muertes acontecidas en Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.

“¿Dónde estaba la Iglesia Católica cuando estaban matando (en 2019)?”, preguntó Pozo. Dijo que las aprehensiones de la exsenadora Jeanine Áñez y otras personas buscan que la justicia establezca responsabilidades y termine con la impunidad.

“No debe haber impunidad, se necesita saber quiénes son los responsables materiales e intelectuales de las muertes para que se siente un precedente y no se puedan repetir este tipo de actos”, sostuvo.

El fiscal de materia Pablo Gutiérrez informó este lunes que el Ministerio Público emitió las citaciones y las órdenes de aprehensión de presuntos implicados en el caso denominado golpe de Estado, en el marco de sus atribuciones y competencias y con la garantía en todo momento del debido proceso y el respeto a los derechos y garantías constitucionales de las partes procesales.

“La Fiscalía emitió requerimientos, citaciones y órdenes de aprehensión, en el marco de sus atribuciones y competencias, cumpliendo con las debidas formalidades de ley, garantizando en todo momento el debido proceso, así como los derechos y garantías constitucionales de las partes procesales”, menciona un boletín institucional.

El documento oficial manifiesta que la Fiscalía de La Paz siguió la investigación de este caso con el debido proceso establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado, “habiéndose respetado, en todo momento, los derechos y garantías constitucionales de los sujetos investigados, conforme lo determinado en el Código de Procedimiento Penal y los estándares internacionales”.

De acuerdo con la Fiscalía, luego de haber emitido las citaciones de ley, algunos de los sujetos investigados fugaron del país, a la fecha con paradero desconocido.

“Con el propósito de evitar la fuga de otros procesados y garantizar su presencia durante la investigación, así como evitar que los mismos obstaculicen el proceso investigativo, se han emitido los correspondientes mandamientos de aprehensión, poniendo a consideración de la autoridad jurisdiccional para que, en el marco de sus competencias, resuelva su situación procesal”, agrega el comunicado que leyó Gutiérrez.

Asimismo, se aclaró a la opinión pública que este procedimiento no responde ni se ajusta a una persecución política sino a los actos propios de una investigación promovida ante una denuncia.

El Ministerio Público es una institución que realiza la investigación del caso con base en los principios de objetividad, legalidad, transparencia e imparcialidad, garantizando en todo momento el debido proceso y respeto a los derechos humanos de las personas procesadas y, sobre todo, el cumplimiento del debido proceso, concluye el comunicado.

La expresidenta de facto Jeanine Áñez ingresó este lunes al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde guardará detención preventiva por cuatro meses por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, en el marco del caso golpe de Estado.

Áñez fue trasladada en una vagoneta guinda que fue escoltada por una camioneta policial y una ambulancia desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde pasó la noche, tras la maratónica audiencia cautelar virtual en la que la jueza de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de La Paz, Regina Santa Cruz, determinó su encarcelamiento.

A las 10.59, Áñez cruzó la puerta del centro penitenciario vestida con una chamarra verde, unos jeans y unas zapatillas deportivas blancas, en medio de un fuerte resguardo policial y el seguimiento de la prensa.

La detención preventiva de Áñez fue dictada en el maco de lo solicitado por el Ministerio Público por la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización.

La resolución de la juez fue esperada por los familiares de las víctimas del régimen que instalaron una vigilia al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) con carteles y fotos de quienes murieron en la represión militar avalada por Áñez mediante el Decreto Supremo 4078.

Sus colaboradores, los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Gúzman fueron remitidos, paralelamente, a la cárcel de San Pedro, donde cumplirán la detención preventiva por cuatro meses por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

La ampliación de la imputación contra las tres exautoridades se concretó en el marco del proceso investigativo del caso presentado por Lidia Patty Mullisaca, exlegisladora del Movimiento Al Socialismo, quien denuncia los delitos presuntamente cometidos. Además, la Fiscalía toma en cuenta una declaración informativa de Ana Teresa Morales Olivera, quien aportó a las investigaciones en calidad de testigo.