El director del Instituto de Latinoamérica de Rusia, Dmitry Razumovsky, sostuvo este viernes que la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo como objetivo poner en duda la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2019 y la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Este informe no pretendía comprender objetivamente los resultados de la votación. Para mí, es claro que este reporte tenía un solo objetivo: hacer que la sociedad boliviana cuestionara la legitimidad de la victoria de Evo Morales, aseguró en entrevista con Bolivia TV.

Mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 239/2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral convocó a la elección de presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente, senadoras y senadores, diputadas y diputados, y de representantes ante organismos parlamentarios supraestatales del Estado Plurinacional de Bolivia para el domingo 20 de octubre de ese año.

Según los datos oficiales publicados por el Tribunal Supremo Electoral el 2019, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tenía como candidato presidencial a Evo Morales, logró 2.889.359 votos, número que representó el 47,08% de los válidos emitidos. El segundo lugar era ocupado por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) que postulaba a Carlos Mesa, quien recibió 2.240.920 sufragios a favor, es decir, 36,51%.

La Organización de Estados Americanos es cuestionada por su participación en esas elecciones, sobre todo por su misión de observación y rol del secretario General, Luis Almagro, quien denunció, basado en un informe preliminar, que existían indicios de un supuesto fraude. Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al Gobierno del entonces presidente Evo Morales, quien luego renunció y denunció un golpe de Estado.

El investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), Guillaume Long, sostuvo este viernes que indagaciones sobre informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) no demuestran fraude en las elecciones presidenciales de 2019.

“Como quisimos hacer las cosas de forma científica sin politizar, nuestro informe se llama Observando a los observadores, nos hemos centrado en verificar si las acusaciones de la OEA son técnicas y llegamos a la conclusión que las conclusiones no demuestran el fraude”, aseguró en entrevista con Bolivia Tv.

Guillaume Long aseveró que la acusación de fraude en 2019 fue apresurada y, en el mejor de los casos, abiertamente engañosa por parte del equipo de observadores de la Organización de Estados Americanos en Bolivia. Esa situación motivó al Centro de Investigación en Economía y Política a realizar las investigaciones del caso en el que no encontraron sustento técnico en los informes de la organización internacional.

En noviembre de 2019, la OEA hizo público un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales cuando aún continuaba el conteo de votos. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida del entonces presidente Evo Morales del Gobierno, quien denunció golpe de Estado.

El 4 de diciembre de ese año, la organización internacional presentó un informe final en el que vuelve a mencionar supuestas irregularidades. Eso viabilizó que la entones senadora Jeanine Áñez asuma la Presidencia y aplique un régimen con hechos de violencia.

“A lo largo de la historia, a veces, la OEA hizo un trabajo muy técnico, muy importante que jugó un rol positivo; pero, en algunos casos, lastimosamente, lo que hemos visto en Bolivia el 2019, se politizó esta observación electoral”, cuestionó el investigador.

Rogelio Mayta es aimara, tiene 49 años y un pasado como abogado defensor de las víctimas asesinadas en El Alto durante la llamada Masacre de Octubre Negro en 2003. Militante del MAS, llegó desde el llano a uno de los cargos más altos en el gobierno de Luis Arce Catacora. Fue elegido canciller de un país que se había convertido en paria después del derrocamiento de Evo Morales. Hoy tiene que desandar ese camino, pero en un escenario internacional más propicio para recuperar la integración continental que habían desmontado los golpistas. Un tablero regional donde los victimarios de Sacaba y Senkata en 2019, ahora empiezan a rendir cuentas. El canciller boliviano concedió una entrevista a Gustavo Veiga, periodista de Página 12 de Argentina.

-¿Cuál es su opinión sobre la reciente detención de la ex presidenta de facto Jeannine Áñez y algunos ministros de la dictadura?

-Ese proceso está en manos de la justicia boliviana. La denuncia se presentó ante el Ministerio Público varios meses atrás y transcurrió de manera normal. Las autoridades policiales cumplieron un requerimiento para detener a la señora Áñez y a otras personas del gobierno de facto. Al ejecutivo le corresponde generar un ambiente donde ese proceso pueda seguir su curso normal. Esperamos que así sea y se resguarden sus derechos constitucionales y derechos humanos.

-¿Qué nos puede explicar de la presunta injerencia británica en el golpe de Estado de 2019 que informaron medios de Inglaterra?

- Ante la publicación del periodismo de investigación que difundió la desclasificación de ciertos documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, convocamos  al embajador de ese Estado a la CancilLería y le solicitamos por escrito que nos pudiera hacer entender esa situación. El viernes 12 de marzo nos llegó una nota escrita respondiendo a ese requerimiento y estamos en el proceso de evaluar la información que se nos está dando para saber si es satisfactoria o no. Como Estado vamos a manejar el tema con mucha prudencia. Aunque acá en Bolivia ha caído muy mal en varios sectores de nuestra sociedad. Se ha llegado a pedir desde las organizaciones sociales la expulsión de este diplomático, pero nosotros vamos a seguir lo que establecen las reglas del derecho internacional.

- ¿Cuál es su visión de la OEA?

- Queremos tener una presencia fuerte en diferentes escenarios y no solo en esos organismos que mencioné, sino también en otros como la OEA en relación a la cual tenemos una visión más bien crítica por nuestra mala experiencia con la misión de observación electoral y la auditoría electoral practicada en 2019 y subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro como su secretario general.

- ¿Cómo es la relación con Estados Unidos desde que cambió el gobierno en Washington con la asunción de Biden en lugar de Trump?

- Hasta el momento no ha habido ningún cambio significativo. De nuestra parte manifestamos que queremos establecer relaciones constructivas y positivas con todos los países de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. Siempre bajo el respeto de la soberanía boliviana y estamos ahí, un poco con la mano abierta para estrechar lazos. Lastimosamente pasa a depender más de la voluntad de los Estados Unidos porque tienen malos antecedentes, realizan injerencias políticas, tratan de tener cierto grado de control sobre determinados aspectos de interés regional o de determinados países. Hay un montón de pruebas y documentos desclasificados que nos muestran eso en las últimas décadas. Es más, en nuestra memoria reciente hay gobiernos de facto, gobiernos militares que tuvimos acá en Latinoamérica que han sido motivados por acciones de EE.UU. Aún así estamos dispuestos a generar relaciones constructivas y positivas, creo que eso, como quien diría, está más en la cancha de Estados Unidos que en la nuestra.

- EE.UU tiene agencias que actúan en nuestros países como la USAID, la NED, ni que hablar del papel que cumplen la CIA o la DEA. ¿Ustedes las han expulsado incluso durante el gobierno de Evo. ¿Qué opina de ellas?

- Está claro que son tan negativas y execrables como el accionar mismo del Estado. Que solamente tienden a camuflar o tratar de esconder el accionar o los intereses que determina un estado o potencia hegemónica como ha sido Estados Unidos. Para nosotros todo eso no debería ocurrir y creo que estamos en un momento de la historia en que conocemos perfectamente esos mecanismos. De ahí que en 2008 cuando acá viviamos un momento de tensión política se tuvo que sacar gradualmente a una agencia supuestamente antidrogas como la DEA y después a la USAID. Las conocemos ya y las rechazamos. Vamos a cuidar que en Bolivia no vuelvan a darse ese tipo de situaciones. El mundo está cambiando. Desde la década del 90 en que Fukuyama decía que era el fin de la historia y que teníamos una potencia hegemónica en un mundo unipolar, en este momento advertimos que estamos en un mundo multipolar o tripolar ya que la Federación rusa y China tienen pesos específicos.

- El presidente Arce cuando era ministro de Economía tenía una posición muy clara sobre la defensa de los recursos naturales de Bolivia como el litio ¿Esa política se supone que quedará ratificada?

-Más que una posición política de un gobierno es una determinación constitucional. Los recursos naturales son de los bolivianos y de las bolivianas y vamos a resguardar en todo momento que sus beneficios lleguen al pueblo. Que no se vayan con las transnacionales como ocurría antes. Eso no quiere decir que estemos cerrados a la inversión extranjera, a establecer relaciones que nos permitan una mejor explotación de nuestros recursos, pero como lo venimos sosteniendo hace más de una década, no como extranjeros en nuestra propia tierra, sino en un rol de socios, de iguales. Probablemente otros tengan capital y tecnología, pero nosotros tenemos los recursos naturales.

El pleno de la Cámara Diputados aprobó este jueves una declaración camaral que condena la injerencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en asuntos internos de Bolivia.

“La declaración camaral cuestiona la injerencia de organismos internacionales, como la OEA. Ustedes saben muy bien y el pueblo boliviano lo sabe, cómo es posible que no tengan los criterios contundentes. Indicaron que había fraude y en sus informes solo señalan que había irregularidades, esa es la posición de esa organización internacional”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

El documento aprobado en su parte resolutiva señala: “Condenar firmemente la injerencia de Luis Almagro Lemens, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia”.

En su artículo segundo exhorta al Órgano Ejecutivo a tomar las acciones legales que correspondan para hacer respetar la soberanía, independencia y autodeterminación de nuestro pueblo.

Durante el tratamiento de la declaración, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Vega Piña, recordó que, durante el golpe de Estado suscitado en noviembre del 2019, la OEA no se manifestó por los 36 muertos, los 800 heridos y los más de 1.500 aprehendidos y detenidos.

En esa misma línea, el diputado oficialista, Renán Cabezas, sostuvo que su bancada defenderá la democracia, la soberanía y autodeterminación del pueblo boliviano.

“No vamos a permitir que ningún extranjero nos diga qué tenemos que hacer en nuestro país, porque vamos a seguir con la autodeterminación de nuestros pueblos y vamos defender nuestros recursos naturales, si es necesario con nuestra sangre, no nos vamos a someter a ninguna voluntad externa del país”, resaltó.

En su parte considerativa el documento detalla que, “la injerencia electoral extranjera menoscaba el derecho de las personas a tener voz en el Gobierno de su país, de manera directa o a través de representantes elegidos libremente, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y constituye una violación del Derecho Internacional”.

“Tienen que pagar todos”, fue el clamor lanzado este jueves por uno de los heridos en la masacre de Senkata, Vladimir Huarachi Flores, con referencia a la expresidenta de facto Jeanine Áñez y los ejecutores de los hechos de violencia, muertes, lesiones y detenciones ocurridas en la ciudad de El Alto por el golpe de Estado de 2019.

“Tienen que pagar todos. Desde la expresidenta (Jeanine Áñez), que ha dado lo que es la orden, hasta el último soldado que ha sido capaz de disparar también”, manifestó, en una entrevista en el programa “Somos Democracia” de Bolivia TV.

El entrevistado quedó con esquirlas en el interior de la cavidad bucal, una lesión en el maxilar superior y tres dientes perdidos a causa de un proyectil que le impactó cuando pasaba por el cruce hacia Achocalla y se dirigía a su puesto laboral en “Mi Teleférico” de la Ceja de El Alto.

En ese contexto, Huarachi dijo que Áñez debe ser procesada “con más peso” por los hechos de violencia, porque promulgó un decreto supremo que eximía a los militares de responsabilidad penal por sus acciones de represión a las protestas contra el golpe de Estado.

“Justo después de eso, no creo que todo no haya sido planeado y, además, ella quería poner fuerza para que las mismas Fuerzas Armadas, ahí, no sufran nada y se atrevan a disparar a sus órdenes”, aseveró.

La violencia generada, recordó, dejó el saldo de 13 muertes en el sector de Senkata, de El Alto, y la zona sud de la ciudad de La Paz.

“De Sacaba hay más (…). Yo pienso que deberían poner más (argumentos) al tema de que, a causa de sus órdenes, sus mandatos, gente ha muerto, ha fallecido por esas órdenes que ha dictado”, finalizó.

Los dirigentes de la Central de Cooperativas Mineras de Caracoles, ubicada en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, se reunieron con el presidente Luis Arce para ratificarle su apoyo y pedir justicia por los hechos de violencia ocurridos durante el golpe de Estado de 2019, informó este jueves su presidente, Raúl Gutiérrez.

“Hemos venido a reforzar ese voto resolutivo que hemos dado en la conferencia de prensa el día martes (…). Hemos venido a reforzar para que nuestro presidente Luis Arce Catacora esté tranquilo y feliz, que no se sienta solo”, dijo a los periodistas, luego de la cita en la Casa Grande del Pueblo de La Paz.

El voto resolutivo referido fue aprobado por las siete cooperativas de la localidad de Caracoles, que agrupan a más de 8.500 asociados, y establece el apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a las autoridades judiciales.

Asimismo, anuncia que "de ser necesario, con el fin de defender el Estado de derecho y la gestión de nuestro compañero Presidente, saldremos en forma conjunta todos los compañeros asociados mineros a la sede de gobierno para defender la democracia".

A su turno, el dirigente Juan Ángel Santos Quispe dijo que en el encuentro con el mandatario se pidió que los implicados en el golpe de Estado se sometan a las instancias judiciales correspondientes, especialmente por el caso de los “caídos en Senkata y Sacaba”.

“Queremos ser claros de que los personajes que han sido protagonistas de este golpe de Estado asuman su responsabilidad (…) El que no tiene nada no teme, ¿no es cierto?, que cada uno esté sujeto a que sea (presentado) el descargo correspondiente, vamos las instancias competentes”, aseveró.

El dirigente pidió que los pequeños grupos de cívicos y políticos de la derecha que defienden a los autores de la ruptura democrática “estén sujetos a las leyes que rigen en el país, como la Constitución Política del Estado”.