El Ministerio de Justicia comunicó este miércoles que solicitará al Ministerio Público, a través del Viceministerio de Transparencia, la ampliación de la investigación en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante la gestión del gobierno de facto de Jeanine Añez.

“Esta nueva fase de indagación debe establecer los nexos del aparato de represión y corrupción organizado por el exministro de Gobierno, ahora prófugo de la justicia, Arturo Murillo Prijic, y el exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, también evadido fuera del país”, señala el comunicado.

El documento recuerda que el operador político y exjefe de gabinete de Murillo, Rodrigo Méndez, fue arrestado el pasado 21 de mayo en Estados Unidos, como parte de una investigación del FBI por el delito de conspiración de lavado de dinero, que también involucra a Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld.

Según el documento, la página 5 del informe de 18 hojas presentado por el agente Jonathan Eades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (FBI) ante la jueza Alicia O. Valle, de la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida menciona, entre otros individuos y entidades relevantes del esquema de lavado de dinero, al “Co-Conspirador 1”, persona cuya identidad es conocida por su declarante, ciudadano de Bolivia y funcionario de alto rango en el Ministerio de Gobierno de Bolivia.

“El ‘Co-Conspirador 1’ era un ‘funcionario extranjero’, según se define ese término en la FCPA, Sección 78dd-2(h)(2)(A) del Título 15 del Código de los Estados Unidos. El ‘Co-Conspirador 1’ fue también un ‘funcionario público’ y un ‘servidor público’, como se utilizan esos términos en el Código Penal de Bolivia, artículos 145, 146 y 158”, señala el reporte.

Según el reporte, el “Co-Conspirador 2”, es una persona cuya identidad es conocida por su declarante, ciudadano de Bolivia y un funcionario en el Ministerio de Defensa de Bolivia.

“El ‘Co-Conspirador 2’ era un ‘funcionario extranjero’, según se define ese término en la FCPA, Sección 78dd 2(h)(2)(A) del Título 15 del Código de los Estados Unidos. El ‘Co-Conspirador 2’ fue también un ‘funcionario público’ y un ‘servidor público’, como se utilizan esos términos en el Código Penal de Bolivia, artículos 145, 146 y 158”, indica.

El documento señala que ambos cómplices son calificados como “autoridades extranjeras”, en la mencionada denuncia. En esa indagación se nombra en 16 ocasiones al Ministerio de Defensa de Bolivia, cuyo titular era López Julio. 

“Esta Cartera de Estado usará todos los recursos que la ley le otorga para impulsar los procesos penales por este y otros casos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos perpetrados en el régimen de Añez”, remarca el comunicado.

El viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, confirmó este miércoles la detención de Daniel Leonardo Aliss Paredes, cuñado del exministro de facto Arturo Murillo, quien fue detenido en Cochabamba; y más temprano, en La Paz, fue aprehendido Daniel Bellot, exagente policial que trabajó para la exautoridad. Ambos están involucrados en el caso de compra de gases lacrimógenos.

Aliss fue detenido tras un operativo de Inteligencia cuando pretendía realizar el retiro de dinero y objetos de valor de una caja de seguridad de una entidad bancaria, a nombre de Murillo Prijic.

“Sí, se ha detenido al señor Daniel Leonardo Aliss Paredes en la ciudad de Cochabamba, sería el cuarto retiro que estaría realizando de una caja de seguridad en un banco privado del país, eso ha levantado sospecha”, indicó Rodas.

Aliss figura como parte del clan delincuencial de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, presentado este miércoles por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Se tiene información de que habría recibido depósitos en su cuenta personal de algunos oficiales de policía. Todas estas cosas están siendo investigadas, forman parte de una investigación general sobre los hechos de corrupción que ha denunciado el Ministro (Eduardo del Castillo) hace días”, dijo el Viceministro.

En el mismo caso, el exoficial de Policía de apellido Bellot, fue capturado y trasladado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para brindar su declaración en calidad de testigo en el caso de compra de armamento no letal y gases lacrimógenos, según un reporte de radio Éxito.

En la víspera, el exjefe de Gabinete de Murillo Prijic, Rodrigo Méndez, también fue detenido por el FBI en Estados Unidos implicado en el cobro de sobornos de una empresa para la compra del equipo antimotín con sobrepecio.

El abogado estadounidense Thomas Becker indicó este martes que el exministro de Defensa, Luis Fernando López; el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el exjefe de Gabinete, Rodrigo Méndez, deben ser extraditados de EEUU a Bolivia para que asuman su responsabilidad ante la justicia por hechos de corrupción y masacres.

Se refirió al tema luego de conocer que el 21 de mayo fue detenido en Naple – Florida, Rodrigo Méndez, jefe de Gabinete y uno de los hombres de confianza de Arturo Murillo, acusado de haber recibido una millonaria cantidad de dinero en sus cuentas de EEUU.

Un informe del FBI devela una serie de sobornos y pagos que se hicieron en EEUU y Bolivia por la compra de agentes químicos en diciembre del 2019 a la empresa Cóndor por parte del Ministerio de Defensa por encargo del Ministerio de Gobierno.

El 24 de diciembre de 2020, la Interpol informó al Estado boliviano que los prófugos López y Murillo se encuentran en EEUU, por lo que el Ministerio Público decidió asumir acciones para lograr la detención preventiva. Ambos son investigados por las masacres de la zona de Senkata de la ciudad de El Alto y del municipio de Sacaba en Cochabamba, hechos ocurridos en 2019.

“Tengo la responsabilidad de decir ‘no debemos ofrecer refugio a personas corruptas que cometen delitos como soborno, genocidio, masacres’. Entonces, ojalá los extraditen”, sostuvo el abogado Thomas Becker en entrevista con el programa Primer Plano de Bolivia TV. 

“Ojalá se pueda abrir la puerta para dar justicia a Bolivia, sufrió mucho el 2019 y 2020. Estas personas cometieron varias violaciones de derechos humanos, Sergio Méndez, también otros que escaparon a Estados Unidos como Murillo y López”, añadió.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó este martes que de manera oficial, desde esa instancia legislativa, se solicitará a la Cancillería realizar las gestiones para la extradición del exministro del régimen de facto, Arturo Murillo, quien cuenta con ocho procesos según informó el Ministerio de Gobierno, entre ellos, por la desaparición de droga de una incautación que se produjo en 2019.

“Vamos a promover desde el Senado, de manera oficial, ante la Cancillería y ante las instancias que corresponde, la extradición”, afirmó Rodríguez, citado en un boletín de prensa institucional.

El titular del Senado destacó el seguimiento que realiza el Ministerio de Gobierno a estos actos de corrupción y afectación al Estado, y adelantó que también se solicitará al Ministerio Público que se dé celeridad a las investigaciones en los diferentes casos en los que está involucrado Murillo.

“Vamos a pedir de manera formal al Ministerio Público que se aceleren las investigaciones en todos los casos donde (Arturo Murillo) haya tenido algún grado de participación, como ministro de Gobierno, en la gestión de Jeanine Áñez”, dijo.

También lamentó que una persona cercana al exministro de Gobierno esté siendo investigada en Estado Unidos por el delito de lavado de dinero, evidenciando con ese hecho que durante el gobierno de facto “ellos han tenido todo el poder para encubrir” los delitos cometidos.

El Ministerio de Justicia anunció que se prepara una acusación por delitos de corrupción respecto al caso de Sergio Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete del exministro de facto Arturo Murillo, quien fue detenido en EEUU por sobornos y lavado de dinero en la compra intermediada de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma para la represión durante la gestión de Jeanine Áñez.   

“El operador del prófugo Arturo Murillo, Sergio Rodrigo Méndez, fue arrestado el 21 de mayo en EEUU con 3 cómplices por lavado de dinero. La investigación evidenció que se transfirió $us 5.6 MM del @BancoCentralBO a una cuenta personal en #EEUU. Preparamos acusación por corrupción (sic)”, indica el Ministerio de Justicia en su cuenta de Twitter.

El pasado 21 de mayo fue detenido en Naple – Florida, Méndez, jefe de Gabinete y uno de los hombres de confianza del exministro de facto, Arturo Murillo, acusado de haber recibido una millonaria cantidad de dinero en sus cuentas de Estados Unidos (EEUU).

El exjefe de gabinete de Murillo, se encontraba asilado en el país norteamericano, donde fue objeto de una investigación por parte del FBI que pinchó teléfonos, correos y mensajes desde noviembre de 2019 y que terminó con un proceso por lavado de dinero y sobornos en esa nación.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que oficialmente se solicitará a la Cancillería realizar las gestiones para la extradición del exministro del gobierno de facto, Arturo Murillo, quien además cuenta con ocho procesos, entre ellos, por la desaparición de droga de una incautación que se produjo en 2019.

“Vamos a promover desde el Senado, de manera oficial, ante la Cancillería y ante las instancias que corresponde, la extradición”, señaló.

Rodríguez adelantó que también se solicitará al Ministerio Público dar celeridad a las investigaciones en los diferentes casos donde está involucrado Murillo.

“Vamos a pedir de manera formal al Ministerio Público que se aceleren las investigaciones en todos los casos donde haya tenido algún grado de participación como ministro de Gobierno en la gestión de Jeanine Áñez”, dijo.

El abogado estadounidense Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, informó que dentro del proceso contra Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de gabinete del  entonces ministro de Gobierno del régimen, Arturo Murillo, acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero, también están involucrados otros dos exfuncionarios de alto rango de los ministerios de Gobierno y Defensa del gobierno de facto.

“Como digo, hay dos personas del gobierno (de Jeanine Áñez) que no son nombrados todavía, pero son parte de la operación, uno del Ministerio de Defensa y otro del Ministerio de Gobierno”, dijo en contacto con el canal televisivo ATB.

Becker, ratificó que son tres personas, Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes sobornaron a Méndez y a un exfuncionario del Ministerio de Defensa, aún no identificado, para que el régimen de Jeanine Áñez compre gases lacrimógenos y armamento no letal a una empresa brasileña a través de un intermediario, identificado como Intermediary Company.

“Según la información que hemos recibido hay muestras de las llamadas que evidencian que Sergio recibió dinero ilegalmente para comprar estos armamentos no letales”, dijo el abogado.

Este caso, según comentó Becker, fue seguido por una agencia especial de investigaciones de EEUU, que también comenzó el juicio contra Méndez y otras personas porque escucharon varias llamadas y detectaron actos de corrupción, “entonces el gobierno de EEUU comenzó este juicio, no personas civiles”, subrayó.

El abogado también mencionó la posibilidad de que el exministro Murillo sea procesado, además de otras personas que estuvieron involucradas en estos hechos de corrupción.

“Hay personas que están involucradas en el mando de responsabilidad, el jefe Murillo también puede ser procesado si estaba involucrado, como digo hay dos personas del gobierno que no son nombrados todavía, pero son parte de la operación”, ratificó.

La investigación del FBI, revela que la empresa intermediaria, ubicada en Estados Unidos, tuvo ganancias de más de $us 2 millones en todo el proceso (dinero que sirvió también para pagar los sobornos a los exfuncionarios bolivianos).

"Al menos alrededor de noviembre de 2019 hasta al menos alrededor de abril de 2020, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Co-Conspirador 1, Co-Conspirador 2, y otros utilizaron sus cargos oficiales para ayudar a la empresa intermediaria a obtener del gobierno contratos para el suministro de armamento no letal y equipo táctico al Ministerio de Defensa y recibir pago del Ministerio de Defensa de Bolivia (sic)", detalla el documento traducido al español.

El 25 de noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno envió una carta-contrato a la empresa brasileña Cóndor, en la cual invita a la firma a presentar una propuesta económica para la compra de agentes químicos para la Policía Boliviana.

Al día siguiente, el 26 de noviembre, el Ministerio de Gobierno envió otra carta a la empresa Cóndor, mediante la cual hizo conocer que decidió la compra de agentes químicos a través de la empresa intermediaria Bravo Tactital Solutions Llc. Ambas cartas llevan la firma de altos funcionarios del Ministerio de Gobierno.

El documento del FBI también señala que los depósitos de pago de parte del Gobierno boliviano, en específico del Ministerio de Defensa, fueron realizados a través del Banco Central de Bolivia a una de las dos cuentas que la empresa intermediaria tiene en US Bank.

Por su parte, el exministro de la Presidencia del gabinete de Áñez, Jerjes Justiniano, señaló que en el proceso de adquisición de gases lacrimógenos y armamento no letal existió un negociado con un contrato perjudicial para el Estado boliviano, utilizando a una empresa intermediaria de EEUU, creada en EEUU y muy vinculada a Arturo Murillo.

“Este caso desvirtúa el tema de que la persecución a Murillo es política, creo que aquí hay procesos penales por los que tiene que responder, no de connotación política sino de connotación de corrupción”, enfatizó.

Justiniano lamentó que, en un momento delicado políticamente para el país, el gobierno de facto se haya dedicado a enriquecerse y a cometer actos de corrupción.

“No se olviden ustedes que este funcionario tenía calidad de asilado en EEUU y resulta que ahora está prácticamente detenido, lo que puede pasar lo mismo con Arturo Murillo que teniendo supuestamente calidad de asilado político ahora termine siendo también perseguido en EEUU y termine huyendo de EEUU lo que ya no nos causaría sorpresa”, finalizó.