El Gobierno informó este viernes que evaluará junto a las asociaciones de padres de familia las condiciones para un eventual retorno a las clases presenciales o semipresenciales ante la segunda oleada del COVID-19 en el país.

"Con los padres de familia también vamos a conversar en esta lógica de podernos escuchar mutuamente y la posición final la vamos a comunicar de manera oficial y específica la semana que viene", dijo el vocero presidencial Jorge Richter.

Según la incidencia de la pandemia, las clases serán presenciales, semipresenciales o a distancia.

"Esto en función de lo que sucede con el covid, cómo evoluciona, cómo evolucionan también las pruebas de diagnóstico, los procesos de aislamiento, si esto nos permite tener clases en las tres líneas", agregó.

El inicio del año escolar 2021 está previsto para febrero próximo y la premisa del Gobierno es cuidar la salud y vida de los estudiantes y maestros.

Las autoridades de las instituciones que forman parte del órgano Ejecutivo definieron este viernes, en el Primer Gabinete Ampliado del 2021, la hoja de ruta para incrementar la "eficiencia" del Gobierno respecto a la toma de decisiones de la administración pública y frente a los problemas que afectan al país.

Esa reunión se desarrolló "fundamentalmente bajo un lógica de establecer niveles de coordinación y de flujo informativo que puedan hacer a la eficiencia progresiva de la actual gestión", informó a la prensa el portavoz presidencial Jorge Richter.

Durante las horas de la mañana, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca escucharon el informe de los representantes de los ministerios, viceministerios y empresas estatales, entre otras reparticiones del Ejecutivo, respecto al estado de situación de los mismos, sus necesidades y capacidades.

Hay una serie de irregularidades y anormalidades que se han encontrado en las mismas, dijo Richter, por lo que se instruyó proceder con auditorías en el marco de la ley y de forma inmediata.

Por otro lado, "se ha solicitado que se puedan trabajar en el marco del nuevo Decreto 4451 algunas normas que preserven la salud de los funcionarios públicos", agregó.

Richter enfatizó, además, que el Gobierno de Arce realizará balances de gestión de forma permanente para identificar falencias y virtudes de la administración pública.

"Se tienen pensadas una cantidad de secuencias de gabinetes ampliados de tal forma de que no existan monopolios informativos en viceministerios, en ministerios, en direcciones y todo pueda ser de conocimiento de los primeros mandatarios", remarcó.

Al inaugurar el Gabinete Ampliado, el presidente Luis Arce manifestó que durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez la población boliviana se sintió desamparada y sin la protección del Estado.

"Tenemos la misión de reactivar la economía, de devolverle la confianza a la población, de devolverle la salud, la educación", señaló.

Mediante el Decreto Supremo 4451, el Gobierno ratificó la autorización para que las Gobernaciones puedan usar el dinero sobrante del Sistema Único de Salud para proceder a la contratación de personal de salud necesario para atender los pacientes con coronavirus.

Esa disposición también establece que las Gobernaciones y Alcaldías puedan apoyar en la distribución y operativización de pruebas de diagnóstico y vacunas contra el COVID-19.

La contratación de personal es una de las principales demandas de las entidades de salud pública. Al respecto, la norma jurídica indica que "se autoriza a los Gobiernos Autónomos Departamentales destinar los saldos de los recursos del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito incorporados en sus presupuestos institucionales en el marco de la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 1356, de 28 de diciembre de 2020, del Presupuesto General del Estado Gestión 2021, en la contratación de servicios de consultoría de profesionales y trabajadores en salud pública".

Sobre la distribución y aplicación de las pruebas de antígeno nasal y de las vacunas contra el coronavirus,  el Decreto menciona las responsabilidades y tareas asignadas tanto del Gobierno como de las Gobernaciones y Alcaldías.

"El Ministerio de Salud y Deportes, distribuirá de manera gratuita: a) Las pruebas de diagnóstico Antigénica y RT-PCR, y vacunas contra la COVID-19 a los Gobiernos Autónomos, a través de las instancias correspondientes; b) Las vacunas contra la COVID-19 a la Seguridad Social de Corto Plazo, previa suscripción de acuerdos interinstitucionales", menciona el Decreto.

Para la operativización de la distribución, la disposición indica que "se establece que: a) Los Gobiernos Autónomos son responsables de la realización de pruebas de diagnóstico Antigénica y RT-PCR, y vacunación contra la COVID-19 de manera gratuita; b) Los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo son responsables de la vacunación contra la COVID-19 de manera gratuita a su población asegurada".

Respecto a las medidas laborales, el Decreto 4451 menciona la jornada laboral del sector público y privado en horario continuo, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

Indica que el Ministerio de Trabajo, para evitar aglomeraciones y la propagación del COVID-19, emitirá normativa para el sector público y privado considerando "a) Ingreso y salida escalonado; b) Alternar al personal del sector público y privado entre la asistencia física a su fuente de trabajo y teletrabajo uno o dos días por medio, atendiendo las condiciones de trabajo y el número de personas del establecimiento laboral; c) Teletrabajo como opción permanente, siempre y cuando la naturaleza del trabajo y las actividades de la función lo permitan; d) Teletrabajo como opción preferente, para personas en situación de vulnerabilidad, mayores de 65, mujeres embarazadas, y personas con patología crónica, de acuerdo a sus actividades y naturaleza de sus funciones; e) Teletrabajo por turnos, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada sector".

El Gobierno amplió la vigencia, hasta el 31 de marzo de 2021, de las cédulas de identidad y de las licencias de conducir que estén vencidas. Además, estableció las potestades de las Alcaldías y Gobiernos departamentales en el control de las medidas de bioseguridad en el autotransporte.

Estas disposiciones están contenidas en el Decreto Supremo Número 4451 que busca establecer medidas y acciones orientadas a continuar la contención y reducción de contagios en la segunda ola de la COVID-19, con la finalidad de proteger la salud y la vida de la población.

El artículo 17 de la mencionada norma indica que "se amplía la vigencia de las Cédulas de Identidad – C.I. y de las Licencias para Conducir que se encuentran vencidas a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, hasta el 31 de marzo de 2021".

Respecto al autotransporte, el Decreto indica que "los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales, en el marco de sus competencias y responsabilidades, y de acuerdo al Índice de Alerta Temprana emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, deberán establecer las medidas de bioseguridad para las actividades del servicio de transporte público local, municipal e interprovincial, según corresponda".

Para evitar el incremento de contagios, agrega la norma legal, las Alcaldías y Gobernaciones, en el marco de sus competencias, normarán:  "a) Los horarios de atención en los centros comerciales, tiendas y otro tipo de establecimientos comerciales; b) La suspensión de eventos sociales y folclóricos que aglomeren personas; c) El aforo para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y religiosas en espacios cerrados; d) El aforo en la prestación de servicios en restaurantes, bares, discotecas y otros establecimientos que realizan actividades de recreación".