El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este jueves que hasta la fecha se suscitaron 81 feminicidios y 27 infanticidios, durante ocho meses del 2021, por lo que exhortó a las autoridades subnacionales a endurecer sus políticas en la lucha contra la violencia en el territorio nacional.

“Son alarmantes estos números porque al parecer nuestras instancias encargadas de la prevención contra la violencia no están siendo efectivas. Nos preocupa de sobremanera y hacemos un llamado a las autoridades nacionales y locales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se registra la mayor cantidad de feminicidios”, indicó Quispe.

El secretario general de la Fiscalía, lamentó que en Unicia, Potosí, se suscitó un feminicidio, seguido de infanticidio y suicidio.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el autor, Efraín T.C., de 28 años, habría ingresado en horas de la noche a la casa de su exconcubina Nelly S.H.C. de 21 años, donde la estranguló hasta quitarle la vida, luego sacó del lugar a su hijo de tres años y lo llevó en su automóvil a la Comunidad de Chiru Chiru del Ayllu Layme, donde le quitó la vida, posteriormente él se ahorcó al interior de su domicilio.

“Pedimos a las gobernaciones y alcaldías que endurezcan sus políticas de lucha contra la violencia, siendo que el feminicidio es el último eslabón de una espiral y cadena de violencia”, explicó Quispe.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio Público, se suscitaron 81 casos de feminicidio y la mayor incidencia está en eje central del país. La Paz con 30 casos, Santa Cruz con 14 y Cochabamba con 11.

Asimismo, el fiscal señaló que hasta la misma fecha se suscitaron 27 casos de infanticidio. En La Paz se investigan nueve casos; en Chuquisaca, siete; en Potosí, seis; en Santa Cruz, dos; en Cochabamba, dos; y en Tarija, uno.

“Pedimos a las entidades encargadas de protección de la seguridad de los niños, niñas a nivel nacional, puedan implantar políticas de prevención de lucha contra este flagelo, siendo que son los sectores más vulnerables y necesitan el resguardo de la población y necesitan estar seguras”, enfatizó Quispe.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este jueves que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) se encuentran en la zona del incendio en Sacaba para investigar el origen y los responsables de la quema que causó la muerte de la bombera voluntaria, Ruth Orellana Arellano, de 32 años, en Cochabamba.

“De manera preliminar, el origen del incendio es un chaqueo y se convierte en un acto ilegal porque la autorización de quemas ha fenecido el 31 de julio; sin embargo, la Felcc está a cargo de hacer las investigaciones del caso, conjuntamente con la ABT”, informó la autoridad en conferencia de prensa. 

Calvimontes lamentó la muerte de la voluntaria de la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de Sacaba, que se convierte en la primera víctima de los incendios, en este caso por una quema ilegal, en este 2021.

“Queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias a la familia, acompañarles en este dolor, se convierte en nuestra primera víctima de estos desastres (…). La ABT en este momento se encuentra en la zona, haciendo ya las respectivas investigaciones para dar con los responsables del origen de este incendio”, explicó.

Ruth Orellana murió este miércoles, durante las tareas de mitigación de un incendio forestal en Melga, Sacaba, departamento de Cochabamba. De acuerdo al informe preliminar, el viento cambió de dirección y atrapó Orellana quien no pudo salir, y falleció por sofocación y quemaduras de segundo y tercer grado.

“Sabemos que la funcionaria ha sido encontrada en posición fetal y tiene como causa de muerte asfixia por sofocación”, indicó.

La autoridad aseveró que con las investigaciones darán con los autores y serán estas instancias correspondientes las que determinen el tipo de delito y las sanciones.

Asimismo, señaló que el incendio fue controlado anoche y se espera sofocarlo en su totalidad durante esta jornada.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este jueves que el reporte oficial de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), hasta el 30 agosto, identificó que los incendios afectaron a 1.407.914 hectáreas. Autoridades observan que estas quemas tengan el mismo origen que las de 2019, por lo que se emitió 58 citaciones por procesos administrativos.

“El origen de los incendios del 2021 tiene el mismo lugar de origen de los incendios del 2019, es un tema que está en investigación, porque nos parece rara la coincidencia”, aseveró la autoridad en conferencia de prensa.

De acuerdo con las investigaciones de la ABT, Defensa Civil identificó que el 82% de los incendios corresponde a pastizales y que el 18% a áreas protegidas en el territorio nacional.

“Es importante remarcar las áreas que se han quemado en relación a áreas pastizales corresponde al 82 por ciento, se suscitaron en pastizales y arbustos pequeños, y el 18 por ciento ha logrado ingresar a nuestras áreas forestales”, aseveró.

Asimismo, Calvimontes explicó que el 67% de las quemas se suscitaron en el departamento de Santa Cruz, en la región de la Chiquitania, por lo que se investiga este origen de incendios irregulares. Asimismo, aseveró que 26% de las quemas corresponde al departamento de Beni y el 7% a otras regiones del país.

La autoridad señaló que hasta la fecha el 95% de los incendios fueron mitigados y que el país está “libre” de incendios descontrolados; sin embargo, aseveró que las investigaciones para dar con los autores continúan hasta dar con los responsables y darles “sanciones ejemplificadoras”, para que estos incendios no vuelvan a ocurrir, porque causaron muchas pérdidas naturales.

“Son 58 citaciones que se están realizando en el departamento de Santa Cruz, que ya la ABT ha cursado, en el marco de sus competencias, se llaman citaciones por comparendo, esto tiene una sanción administrativa”, señaló.

Asimismo, la autoridad indicó que de manera preliminar entregaron cuatro informes técnicos a la Fiscalía para procesos penales por los incidentes en Viru Viru, Otuquis, Samaipata; sin embargo, durante los últimos días, se enviaron 20 informes adicionales para sanciones por la vía penal, haciendo un total de 24.

Las víctimas de las masacres de Sacaba y de Senkata aplicarán nuevas medidas de presión en la ciudad de La Paz desde este viernes para reclamar justicia y rechazar cualquier posibilidad de liberación de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez.

“Ayer (miércoles), estuvimos hasta las 23.00 con los hermanos de Senkata para unificar y, gracias a Dios, hemos entrado en unidad y ahora vamos a tomar nuevas medidas de presión para empezar mañana desde las 08.00”, aseguró el  vicepresidente de la Asociación de víctimas, fallecidos, heridos, procesados y perseguidos en la Defensa de la Democracia de Huayllani, Sacaba, Roberto Jucumari, en entrevista con Bolivia TV.

El martes, una comisión de 10 víctimas de la masacre de Sacaba llegó a La Paz en demanda de justicia para que los responsables de la vulneración de derechos humanos en 2019 sean sancionados.

“Para empezar, vamos a hacer una marcha y, después, vamos definir qué medidas más vamos a tomar”, dijo Jucumari.

Áñez se encuentra con detención preventiva desde marzo de 2021 en La Paz por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019. La semana anterior, sectores opositores al Gobierno nacional demandaron la liberación.

Esa situación provocó que las víctimas se declaren en vigilia y emergencia para rechazar cualquier beneficio para Jeanine Áñez.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó el 17 de agosto los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos en 2019.

El documento concluye que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba y el 19 de noviembre de 2019 en Senkata existió, durante el régimen de Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, presentó este jueves a los presuntos autores del asesinato y descuartizamiento del joven universitario Anakin Pedro Tancara de 24 años. Los aprehendidos son Luz M. R. P. de 20 años, expareja de la víctima, y Pedro R. S. de 22 años.

“Estas personas van a ser puestas a conocimiento del Ministerio Público, encontramos como elementos probatorios los informes elaborados por el talento humano de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), el registro del lugar del hecho, la autopsia de ley, además del allanamiento del domicilio que nos permite colectar todos estos insumos (pruebas)”, explicó el comandante en conferencia de prensa.

La Policía logró colectar el arma blanca con el que se había atacado y causado la muerte de la víctima, un serrucho con el que se desmembró el cuerpo, además de las botas, el celular del joven, entre otros elementos. Además de encontrar el tronco del cuerpo y parte de las caderas en el cuarto de la imputada, quien al momento de ser aprehendida estaba bajo el efecto de sustancias aún no identificadas.

“En el examen del escenario del hecho, (…) se recoge elementos biológicos que corresponden a la humanidad Anakim, el instrumento que se ha utilizado para quitarle la vida, un arma blanca, además de un serrucho, que es utilizado para mutilar las partes”, explicó.

Se presume que Pedro, actual pareja de Luz, habría realizado los cortes, porque fue estudiante de cocina y tenía conocimiento de ciertos cortes.

“El perfil de estas personas está relacionado al desorden de orden social y psicológico (…) los tres eran estudiantes de Derecho y (los imputados) sabían cuáles son las consecuencias de sus actos”, aseveró la autoridad. 

De acuerdo con el reporte preliminar, el lunes por la noche los tres jóvenes se trasladaron a la vivienda de la mujer y compartieron bebidas alcohólicas, posteriormente se produjo una discusión que desencadenó en el ataque a la víctima con un arma blanca, quien intentó defenderse, pero fallece por la violencia con que lo atacan.

“Indudablemente presenta, por lo menos en los miembros superiores, señales típicas de defensa”, dijo Aguilera.

Los implicados habrían trasladado los restos del cuerpo en un taxi, y el conductor los cuestionó por el fuerte olor que desprendía. Ellos argumentaron que se trataba de carne de chancho. Tras descender del vehículo, procedieron a esparcir las bolsas en la calle.

El miércoles, la Policía realizó el levantamiento de las partes del cuerpo en la zona de Bella Vista de la ciudad de El Alto.

El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó la importancia de fortalecer la carrera judicial e implementar evaluaciones de desempeño de los jueces con el propósito de mejorar el acceso de las y los bolivianos a la justicia.

La autoridad, entrevistada en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, explicó la trascendencia de elaborar un plan de reforma judicial con el aporte de todos los sectores del país que podrán hacer escuchar sus propuestas en eventos programados en todos los departamentos.

Este miércoles, el Gobierno presentó el plan estratégico de trabajo en seis ejes para la reforma de la justicia como política de Estado. La propuesta se basa en el trabajo de los siguientes ejes: Balanceo del conflicto, el sistema de acceso a la justicia, la independencia judicial, las soluciones TIC, desarrollo normativo y la transparencia institucional.

En los primeros 30 días, que comienzan este jueves 2 de septiembre en Oruro, se escuchará a diferentes sectores que planteen alternativas y soluciones, incluyendo a la Iglesia, partidos políticos, entre otros.

Al respecto, Lima dijo que es importante fortalecer la carrera judicial y la capacitación permanente de los jueces.

“Si logramos que la carrera judicial funcione, que es una garantía fundamental para la independencia, necesitamos evaluar el desempeño de los jueces”, indicó.

“La evaluación de desempeño es garantía para los ciudadanos y hay que hacerla”, manifestó la autoridad, quien informó que existen 541 jueces de carrera, es decir institucionalizados; 524 jueces transitorios y 33 acefalías.