Un juez determinó este viernes por la noche la detención preventiva por cinco meses en la cárcel de El Abra de Cochabamba para Daniel Leonardo Aliss Paredes, quien es el cuñado del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y está involucrado en una investigación por una legitimación de ganancias ilícitas vinculada con el caso denominado “Gases lacrimógenos”, informó su abogado defensor Patricio Vargas.

“Se ha dispuesto la detención preventiva por un período de cinco meses para el señor Daniel Aliss, habida cuenta de que existe un contradicción en el elemento arraigador trabajo, después la concurrencia del numeral 1 del artículo 235”, manifestó en una entrevista con Bolivia Tv.

El juez resolvió la aplicación de cuatro meses de detención preventiva para el caso del exedecán de Murillo y capitán de policía, Daniel Bellot, quien deberá cumplirla en la cárcel de San Pedro.

La fiscal asignada al caso, Magaly Bustamante, explicó que la resolución se tomó en una audiencia de medidas cautelares donde el Ministerio Público acreditó que los riesgos de obstaculización y fuga están presentes en el caso del imputado.

Además, recordó que entre los argumentos expuestos se mencionó que el sindicado se acogió al derecho constitucional al silencio.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, destacó que la reciente acción judicial demuestra que la justicia “está avanzando” y está investigando los hechos registrados en el caso “Gases lacrimógenos” que afectaron la economía del Estado y la buena fe de los bolivianos.

“Entendemos que en los próximos días también se va a definir la situación procesal de otras personas que están siendo investigadas”, aseveró.

La autoridad estatal recordó, además, que el Ministerio Público presentó en las últimas horas el pedido de extradición de Murillo a la juez del control jurisdiccional del caso, que es un primer paso que debe pasar por un análisis de requisitos formales y de fondo para su presentación a la Cancillería y posterior remisión a Estados Unidos.

El cuñado de Murillo fue aprehendido luego de que, entre el lunes y el martes, había retirado dinero y objetos de valor de una caja de seguridad de una entidad financiera de la ciudad de Cochabamba y que estaba a nombre de Murillo.

En el caso de Bellot, fue implicado porque presuntamente hizo al menos dos depósitos a favor de Aliss.

Los dos están imputados por una investigación contra Murillo por la compra irregular de material antimotín en 2019, durante el régimen de Jeanine Áñez, puesto que se pagó $us 5,6 millones y se calcula que hubo un sobreprecio de $us 2,3 millones que benefició a Murillo y a una organización criminal.

El fiscal William Alave informó este viernes que el Ministerio Público recibió la información de que el exministro de Defensa, Luis Fernando López, está en Brasil y comenzará a canalizar, vía Cancillería, los mecanismos correspondientes para su retorno con miras a que rinda cuentas por la imputación en su contra por el caso denominado “Gases lacrimógenos”.

“El día de hoy justamente hemos recibido la información de que estuviese en Brasil, hubiese ingresado a Brasil en enero por Corumbá, vía terrestre, y ya el Fiscal (General del Estado) tiene conocimiento de aquello, ya que analizaremos de manera inmediata, como lo hemos hecho en este caso de Murillo, y canalizaremos vía Cancillería lo que corresponda para poder también traerlo y que responda por esta imputación”, aseveró, en una entrevista con Radio Patria Nueva.

El caso denominado “Gases lacrimógenos” tiene como antecedente el hecho de que el 25 de noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno envió una carta-contrato a la empresa brasileña Cóndor, en la cual invita a la firma a presentar una propuesta económica para la compra de agentes químicos para la Policía Boliviana.

Al día siguiente, el 26 de noviembre, el Ministerio de Gobierno envió otra carta a la empresa Cóndor, mediante la cual hizo conocer que decidió la compra de agentes químicos a través de la empresa intermediaria Bravo Tactital Solutions Llc. Ambas cartas llevan la firma de altos funcionarios del Ministerio de Gobierno.

Los depósitos de pago de parte del Gobierno boliviano, en específico del Ministerio de Defensa, fueron realizados a través del Banco Central de Bolivia a una de las dos cuentas que la empresa intermediaria tiene en US Bank.

Según una investigación del Buró Federal de Inteligencia (FBI, por sus siglas en inglés), la empresa intermediaria, ubicada en Estados Unidos, tuvo ganancias de más de $us 2 millones en todo el proceso, dinero que sirvió también para pagar sobornos a los exfuncionarios bolivianos implicados en el caso.

El Ministerio Público aprehendió a dos implicados más en el caso denominado “Gases lacrimógenos”, quienes fueron identificados como Raúl Martín Loma y Pedro Miguel Gemio, informó este viernes el fiscal William Alave.

“El día de hoy debo informarles también a ustedes de manera primicial que se está deteniendo al señor Raúl Martín Loma y al señor Pedro Miguel Gemio, que están en estos momentos en dependencias de la Fiscalía, a efectos de poder responder por el caso Gases (lacrimógenos)”, dijo en una entrevista con Radio Patria Nueva.

De acuerdo con Alave, las dos personas son parte del Ministerio de Defensa y están a cargo del recibimiento de gases lacrimógenos y logística.

Los dos deberán dar su declaración informativa mañana, sábado, y por la tarde serán remitidos al juez cautelar respectivo para que determine su situación procesal, agregó.

La autoridad judicial recordó que el caso denominado “gases lacrimógenos” comenzó a ser investigado el 5 de junio de 2020 y, sobre esa base, surgió otro proceso penal por el que están aprehendidos, los oficiales de Policía, Iván Víctor Gómez Apaza, Daniel Bellot Ponce y Daniel Leonardo Aliss Paredes, este último cuñado de Arturo Murillo.

“Ellos en este momento están siendo imputados, dos de ellos, tanto Bellot como Aliss Paredes, en estos momentos están en la audiencia de medidas cautelares, esperemos que ya concluya y tendremos la información, pese a ello, nosotros hemos solicitado la detención preventiva de estos dos”, acotó.

Finalmente, Alave explicó que Gómez fue aprehendido ayer jueves, y será puesto mañana a disposición de un juez cautelar.

El fiscal William Alave informó este viernes que el Ministerio Público presentó la solicitud de extradición del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, ante la juez a cargo del control jurisdiccional del caso denominado “Gases lacrimógenos”.

“El día de hoy, hasta aproximadamente las 16.00, hemos presentado la solicitud de extradición para Arturo Murillo ante la juez, conforme nos determinan las normas del Código de Procedimiento Penal, propiamente el artículo 156”, manifestó, en una entrevista con Radio Patria Nueva.

El exministro de Gobierno del régimen de Jeanine Áñez está aprehendido en Estados Unidos por los cargos de lavado de dinero y soborno, al haber aplicado un plan desarrollado entre noviembre de 2019 y abril de 2020, con la finalidad de beneficiar con un contrato millonario a una empresa, con sede en Florida, para que tuviera negocios relacionados a la compra de equipos no letales y gases lacrimógenos con el Misterio de Defensa de Bolivia.

Según Alave, el Ministerio Público presentó como sustento de la solicitud de extradición la imputación del caso, además de los datos y las señas particulares del sindicado, entre otros documentos.

Dijo que se tiene la seguridad de que la juez a cargo del caso proveerá el exhorto suplicatorio respectivo, para que la Cancillería lo traduzca al inglés y tramite la extradición con Estados Unidos a fin de que Murillo pueda ser trasladado al país para que responda por los delitos que le fueron imputados por el caso “Gases lacrimógenos”.

La exautoridad del gobierno de facto tiene una imputación por el caso, al igual que el exministro de Defensa, Luis Fernando López; y el exjefe de gabinete de Murillo, Rodrigo Méndez Mendizábal, recordó.

“Debemos señalar que están (imputados) por incumplimiento de deberes, por negociaciones incompatibles contra la función pública, por uso indebido de influencias y por contratos lesivos al Estado”, detalló.

La autoridad judicial recordó que es posible solicitar a Estados Unidos la aplicación de la extradición de Murillo porque se cuenta con un convenio bilateral para los casos de delitos de corrupción, además de que para ello puede recurrirse a la Convención de Viena, que es un acuerdo multilateral para la lucha anticorrupción.