El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que una gran parte de los $us 2,3 millones de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal fue invertido en un proyecto y en una empresa inmobiliaria en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente.

"Ya tenemos identificado dónde se encuentra el dinero de la corrupción, gran parte de estos recursos provenientes de la corrupción han sido invertidos en una construcción aquí en el departamento de Santa Cruz, estamos hablando de la construcción del World Trade Center en el Urubó. Así también estamos manifestando que gran parte de los recursos se encontrarían en la inmobiliaria El Dorado”, informó en una conferencia de prensa.

Del Castillo aseguró que se trabajará para recuperar cada centavo que fue robado al pueblo boliviano durante la pandemia.

La autoridad explicó de manera detallada la "Ruta del Dinero" del clan mafioso del gobierno de Jeanine Áñez que, de acuerdo a informes del Departamento de Investigaciones de Estados Unidos (EEUU), contrastada con los reportes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), pudo dar con el destino de una parte del dinero generado por corrupción.

Recordó que el Estado boliviano firmó un contrato con Bravo Tactical Solutions por $us 5,6 millones, monto que Fernando López intentó cancelar a través del Banco Central de Bolivia (BCB) con un giro de aproximadamente $us 5.649.137.

“Casualmente esa misma fecha, el señor Arturo Murillo se encontraba en Estados Unidos, donde se reunió con Bryan Berkman. Más tarde, ese mismo día, Murillo abre una cuenta en un banco de EEUU y retorna a Bolivia”, detalló.

Explicó también que el Banco JP Morgan Chase Bank rechazó el pago que López trataba de realizar por generar sospechas, básicamente observó que la cuenta de BTS había sido abierta tres días antes de la millonaria transacción, por lo que no se ejecutó dicha transacción.

Por tal motivo, López trató una vez más de realizar el pago, logrando su cometido y haciendo un pago de $us 3,9 millones a la empresa BTS, posteriormente transfirió el saldo restante de $us 1,7 millones, haciendo un total de $us 5,6 millones, de los cuales $us 3,3 millones fueron a la empresa Cóndor en Brasil, y el restante $us 2,3 millones sería el monto de sobornos y lavado de dinero del clan que fueron en cuatro depósitos.

Recordó que el Ministerio de Gobierno abrió alrededor de 30 procesos judiciales por daño económico de más de Bs 150 millones de bolivianos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, detalló este lunes que la pandemia por el coronavirus no fue una excusa para dejar de generar políticas en beneficio de la sociedad, situación que obviaron las autoridades que tomaron el poder con un golpe de Estado en 2019.

“Bolivia ha vivido un momento especial, ya que en noviembre de 2019 ha habido una interrupción al mandato legal a causa de un golpe de Estado, asumiendo un gobierno ilegitimo pero que además ha tenido una política devastadora”, señaló Del Castillo, a tiempo de mencionar que el gobierno de facto no luchó contra el narcotráfico, excusándose en la crisis sanitaria.

La autoridad hizo esas declaraciones durante el III Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible, que tocó el tema de Seguridad y Paz en tiempos de grandes transformaciones, digitalización y crisis climática, organizada por la Friedrich Ebert Stiftung (FES), según un boletín de prensa.

Del Castillo señaló que las autoridades del régimen de Jeanine Áñez usaron el COVID-19 para proteger al narcotráfico y al crimen organizado transnacional; pero con el retorno de la democracia al país, se retomó el modelo boliviano de erradicación de la hoja de coca excedentaria, lucha contra el narcotráfico, entre otros, generando resultados favorables para el bien del país.

Asimismo, indicó que un tema que todavía se debe trabajar, es la tasa alta de feminicidios y violencia y familiar, situación que presenta números similares en las últimas tres gestiones.

Entre otros temas, manifestó que, para el control del coronavirus, se apela a la conciencia del pueblo con medidas de prevención, en vez de la represión, como se usó durante el Gobierno de facto.

El Ministro dijo que el Gobierno boliviano pidió ayuda a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) para generar protocolos que permitan la destrucción e incineración de fábricas de droga, sin afectar a la Madre Tierra; además, el Estado reforzará los controles para sancionar a quienes afecten al medio ambiente con la minería ilegal.

En cuanto a la transformación digital para mejorar la Seguridad Ciudadana, Del Castillo mencionó que un punto alto en el país es la implementación del sistema Bol-110.

Expresó que la lucha contra la corrupción, también es una tarea que se está desarrollando con la digitalización de los trámites a realizar, para que estos sean más rápidos, y exista menos probabilidad de que exista corrupción.

“Como Estado boliviano debemos apostar por la digitalización y tecnologización de nuestro Gobierno, porque mientras más rápido realicemos los trámites, menos oportunidades de corrupción generamos en algunas entidades del Estado, con tecnologías para luchar contra la corrupción que es algo que estamos desarrollando y con una normativa para la operabilidad de todos los sistemas judiciales”, manifestó.

En el congreso participó la ministra de Seguridad de Argentina, el viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el representante de la FES de Colombia, el representante de la FES en Argentina y el ministro de Gobierno de Bolivia.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, indicó este lunes que, de acuerdo al informe preliminar de la Unidad de Bomberos de la Policía Boliviana, el incendio en la casa del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, fue provocado por un cortocircuito.

“De acuerdo al informe preliminar de la Unidad de Bomberos, se determinó que, para el desarrollo de este incendio, no intervino mano humana y se trataría de una falla mecánica posiblemente por un cortocircuito. Preliminarmente descartamos la posibilidad de cualquier tipo de atentado al inmueble del gobernador Damián Condori”, dijo Quispe en conferencia de prensa.

El profesional aseguró que el Ministerio Público activó las investigaciones necesarias y las pericias correspondientes para establecer con claridad si existía o no materia justiciable en ese caso.

Asimismo, la autoridad explicó que el informe es analizado por el fiscal asignado al caso y de confirmarse que el origen del incendio fue por un cortocircuito, el caso podría ser rechazado.

De acuerdo a las investigaciones, la madrugada del 29 de mayo de 2021 se registró un incendio en dos habitaciones del domicilio del Gobernador de Chuquisaca y no se registraron daños personales a causa del siniestro.

El mismo día, la Fiscalía inició con las investigaciones y precintó el lugar del hecho con la finalidad de realizar los peritajes correspondientes, según un boletín de prensa.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este lunes que dentro de las denuncias recibidas en contra de Jeanine Añez, el Ministerio Público remitió tres requerimientos acusatorios a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una solicitud de autorización para la activación del juicio de responsabilidades como establece la ley.

“En el marco de las competencias de la Fiscalía General del Estado, de las cuatro proposiciones acusatorias presentadas en contra de Añez por el Ministerio de Justicia, tres fueron remitidas al TSJ y una fue rechazada por falta de argumentos. Los delitos que se investigan son Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Delitos Contra la Salud Pública, Discriminación, entre otros”, dijo Quispe, citado en un boletín de prensa.

Quispe explicó que el primer requerimiento acusatorio se debe a la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no contaba con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en virtud a que no se habría cumplido con el procedimiento para la aprobación del crédito y que no siguió el conducto regular. 

Añadió que, el segundo requerimiento acusatorio está relacionado con la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa, para registro mercantil por 15 años, sin que se haya observado el procedimiento de licitación que establece la Ley N°2196 sobre la otorgación del Registro de Comercio.

El tercer caso tiene que ver con el Decreto Supremo N° 4200, por el que se habría vulnerado la libertad de expresión durante la cuarentena rígida por la pandemia del COVID-19.

“Esta norma criminalizaba las acciones de los individuos que informen falsamente o causen incertidumbre a la población, con el fin de someterlos a cargos penales por Delitos Contra la Salud Pública, Art. 13 - II. ‘Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública’, señalaba la norma”, recordó.

Quispe explicó que el cuarto requerimiento acusatorio fue rechazado por falta de mayores elementos de justificación.

Este se refería a que Añez, en su condición de Presidenta, habría emitido órdenes para que policías, militares y personal de la Dirección de Migración del Estado Plurinacional de Bolivia no permitan el paso de compatriotas desde Chile a Bolivia durante la cuarentena rígida.