UNIVida y trabajadores de la construcción firman convenio para la venta del SOAT-C
UNIVida y trabajadores de la construcción firman convenio para la venta del SOAT-C

La estatal UNIVida y la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia firmaron este lunes un convenio de cooperación interinstitucional para la venta del SOAT-C en las instalaciones de las sedes de esa institución que representa al sector.

El documento fue suscrito por el subgerente Nacional Comercial de UNIVida, Mauricio Jiménez, y el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia, Valerio Ayaviri, en un acto especial realizado en la ciudad de La Paz, en presencia del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.

"Para nosotros es importante, a través de este convenio interinstitucional, el hecho de poder comercializar este seguro también en las sedes, en primera instancia, de la Confederación Sindical de Trabajadores; y, posteriormente, ya al cabo de los próximos días, lo vamos a poder hacer en cada una de las sedes de las federaciones y de las regionales que tiene esta importante institución", dijo el subgerente Nacional Comercial de UNIVida.

Señaló que para esta empresa estatal de seguros y reaseguros el convenio interinstitucional es muy importante porque permitirá trabajar de manera conjunta para llegar a varias regiones del país con el SOAT-C.

"A partir de ahora (…) en nuestras federaciones se van a instalar los puestos de venta de la póliza de seguro de vida, de accidentes, que ha promulgado nuestro presidente 'Lucho' (Luis) Arce el 10 de mayo (de este año)", dijo, Ayaviri, por su parte.

Añadió que la finalidad de los dirigentes del sector es alcanzar, con el SOAT-C, a la mayor cantidad de trabajadores de la construcción, tomando en cuenta que en el país hay más de 480.000, según datos oficiales y un estudio en ese rubro.

En mayo del presente año, el presidente del Estado, Luis Arce, lanzó el "Seguro Obligatorio para la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción (SOAT-C)”, mediante UNIVida, a un costo de Bs 150 anual.


 

Desde este lunes, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) pone a disposición de sus usuarios la aplicación (app) "Entel TV Smart", que con sólo descargarla ofrece el acceso a 10 canales nacionales de manera gratuita.

"Hoy día, se lanza oficialmente la aplicación 'Entel Tv Smart', esta aplicación nos permitirá tener la televisión nacional e internacional en vivo (…). Con solo descargar la aplicación ‘Entel TV Smart’, ya directamente, tienen acceso a 10 canales nacionales de manera gratuita", dijo el gerente general de la empresa, Roy Méndez, en el acto de presentación, realizado en la ciudad de La Paz.

Explicó que esa aplicación, inicialmente está habilitada para los usuarios de móvil de Entel y puede ser descargada desde la plataforma Play Store en teléfonos móviles (celulares) con sistema operativo Android. 

Para tener la app, el usuario debe enviar un SMS (servicio de mensajes cortos) con las palabras "Entel Tv" al 4488, luego la empresa solicitará remitir el número móvil de Entel y tras hacerlo podrá obtener las credenciales de acceso y el link para realizar la descargar.

Pero eso no es todo, la app "Entel Tv Smart", además permite suscribirse a dos planes; el Estándar, que tiene un precio de Bs 10 por el acceso a 23 canales (10 nacionales y 13 internacionales); y el Plus, que tiene un costo de Bs 35 por 35 canales (10 nacionales y 25 internacionales).

Méndez añadió que otra de las ventajas de este servicio, es que se puede retroceder hasta tres días el programa, serie o telenovela. En ese sentido, destacó que la empresa de telecomunicaciones no sólo ofrece televisión en línea, sino "la mejor prestación de servicio". 

Por el momento, la aplicación está habilitada para los usuarios de móvil de Entel; sin embargo, "en corto tiempo", también estará disponible para clientes de cualquiera de los otros operadores en el territorio nacionales, señaló.

"Con esto Entel se expande, innova y democratiza las telecomunicaciones (en Bolivia)", resaltó y destacó que esta empresa, a partir de su nacionalización en mayo de 2008, dio "pasos acelerados y grandes" en innovación tecnológica.

 


El ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, Edgar Montaño, informó este lunes que durante su inspección de vías camineras por el sector de Mairana (Santa Cruz) se encontró con "muy poca presencia de trabajadores", por lo que convocará a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y a la empresa contratista.

"144 kilómetros desde Santa Cruz y ya estamos en Mairana, y como ustedes ven, hemos recorrido y muy poca presencia de trabajadores y no estoy criticando absolutamente a nadie, simplemente he venido a recorrer este tramo", reportó, mediante un video publicado por esa cartera de Estado.

Señaló que, para la reactivación de tramos carreteros, el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca inyectó recursos, por lo que lamentó el hecho de que "las empresas contratistas no estén cumpliendo".

"Entonces vamos a convocar a los ingenieros de (la) ABC y como también a la empresa contratista. Que no aparezcan los padrinos a defender a nadie, porque obviamente, aquí falta la presencia de personal trabajando y estoy ya a las 08.00 en este trayecto y no hay nadie", manifestó.

De acuerdo con datos oficiales, acompañado de una comisión, Montaño inspecciona, desde la semana pasada, la Red Vial Fundamental que conecta a Cotoca, Pailón y Cuatro Cañadas en Santa Cruz, a fin de garantizar el buen estado de las vías camineras.

"Estamos revisando e inspeccionando que todo se lleve a cabalidad, estos tramos que nos ha costado reacondicionar y reactivar; porque el golpe de Estado nos quitó todos los recursos económicos”, lamentó el ministro.


ASP-B considera que chilena EPA no puede subir tarifas unilateralmente mientras no haya acuerdo
ASP-B considera que chilena EPA no puede subir tarifas unilateralmente mientras no haya acuerdo

La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) señaló este lunes que no puede ser efectivo un incremento unilateral de las tarifas por el puerto de Arica mientras no exista un acuerdo suscrito, tal cual reconoce enfáticamente la chilena Empresa Portuaria de Arica (EPA).

El gerente ejecutivo de la ASP-B, Dante Justiniano, reveló que la chilena EPA reconoce tácitamente que junto a su concesionaria Terminal Portuaria Arica S.A. (TPA) se ven imposibilitados de elevar las tarifas hasta que no se llegue a un acuerdo con la estatal boliviana.

“Al no existir un nuevo acuerdo, por el principio de ultra actividad de la norma, el acuerdo de 2019 continúa vigente ante el vacío normativo por no existir un acuerdo firmado entre entidades estatales, bajo el principio de buena fe; por lo que, no es admisible la aplicación de sus tarifas públicas, al no estar sujetas a una reglamentación definida por mutuo acuerdo y en actos públicos”, aseveró.

Además, indicó que la EPA reconoce ese principio, por lo que reitera la solicitud de ampliar el acuerdo de 2019 de tarifas por seis meses.

Ante esa situación, consideró que bajo ese argumento no hay pretexto para aplicar las tarifas públicas que implican un incremento en las acordadas desde el 2019, por lo que el lapso de seis meses, servirá para hacer un estudio técnico a la propuesta que presenta la empresa chilena.

Ratificó que no se aceptará ninguna imposición tarifaria por parte de Chile sobre este tema y reitera su disposición al diálogo para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Dijo que demostraron que no hubo ningún acuerdo firmado y que este tipo de acuerdos “siempre deben tratarse de Estado a Estado”.

Asimismo, desvirtuó versiones de la empresa chilena en sentido de que desde febrero se haya recibido una oferta sobre las nuevas tarifas. 

Aclaró que dicha empresa entorpeció las reuniones técnicas a título de encontrarse en fase uno de la pandemia del COVID-19, incluso rechazaron la posibilidad de entablar reuniones virtuales con los técnicos bolivianos.


INRA: Conflicto por la distribución de la tierra en Santa Cruz es “más político que técnico”
INRA: Conflicto por la distribución de la tierra en Santa Cruz es “más político que técnico”

El director general de Planificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan de Dios Fernández, dijo este domingo que el conflicto por la distribución de tierras suscitado en el departamento de Santa Cruz es “más político que técnico”.

“El tema aquí es más político que técnico. Esa es la interpretación después de todo lo que se ha visto en estos días y desde que empezó este conflicto de tierras”, manifestó, en el programa A todas luces de Bolivia Tv.

La autoridad estatal ratificó que el tema tiene un contenido de intereses políticos, porque en su juicio surgió como un intento de posicionamiento, legitimación y reconocimiento para el beneficio de la Gobernación de Santa Cruz, por lo que no tuvo una movilización “más fuerte” que se hubiera esperado para un conflicto social.

“Aquí, un tema que por ejemplo ha conflictuado mucho ha sido el tema de distribución de tierras, donde se han hecho declaraciones de algunos comités cívicos provinciales, que dicen que la tierra es para los cruceños y cosas así, cuando eso está claramente establecido en el Artículo 395 de la Constitución Política del Estado, que dice que las tierras fiscales serán dotadas a indígenas, campesinos interculturales y afrobolivianos, es decir, a todos”, sostuvo.

En el caso de la participación estatal en la distribución de tierras, Fernández recordó que el INRA tiene una posición “muy clara” sobre lo que sucede en el oriente, puesto que su trabajo es netamente técnico en la resolución de temas de propiedad de tierras.

En ese contexto, mencionó que esa entidad estatal tiene un avance del 90% en la titulación de los cerca de 35 millones de hectáreas disponibles para saneamiento en el departamento de Santa Cruz. 

Dijo que, del total, se tiene casi 16 millones de hectáreas que son tierras fiscales disponibles y no disponibles para distribución equitativa.

“Nos falta (sanear) unos 3,5 millones de hectáreas. La mitad de eso todavía es para el sector empresarial y la otra mitad para todos los actores”, concluyó.


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