El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, anunció la noche del jueves, durante la presentación del Plan de Reactivación del Upstream 2021 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que Perú tiene interés en comprar gas boliviano.

“Se están abriendo los mercados, hay oportunidades de negocio en toda la región, incluido el propio Brasil, que sigue interesado en nuestro gas. El Perú manifestaba claramente hoy día que necesita el gas boliviano; nos interesa también la exportación a la Argentina”, afirmó el mandatario, citado en un boletín de prensa de la estatal petrolera.

Sobre el tema, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, destacó que el país tiene mercados para el gas natural. “Tenemos una gran ventaja porque contamos con importante información geológica, técnica y lo principal, tenemos mercado. Hoy estábamos en el Perú y nuestro hermano presidente Pedro Castillo nos manifestó el deseo de comprar gas boliviano”, dijo.

El presidente Arce, junto a sus estrechos colaboradores, asistió a la posesión de su colega peruano, Pedro Castillo, acto que coincidió con el aniversario de la independencia del vecino país con el cual Bolivia mantiene relaciones bilaterales.

El vicepresidente David Choquehuanca y el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, presentaron este jueves la nueva imagen institucional de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y una herramienta tecnológica denominada chaTTbot para la atención a los usuarios a través de WhatsApp.

“Tenemos que aprovechar la tecnología, necesitamos democratizar las comunicaciones y telecomunicaciones. Por eso una felicitamos a la ATT, no sólo al director, sino a todos los que trabajan en la entidad (…); ya tenemos esa facilidad chaTTbot, muchos no conocemos pero aprenderemos”, dijo el Vicepresidente.

La presentación oficial de la nueva imagen y del nuevo sistema se realizó en el helipuerto del Centro de Comunicaciones de La Paz.

Según una nota de prensa, la ATT promueve el derecho al acceso equitativo, universal y con calidad a las telecomunicaciones, tecnologías de información – comunicación, transportes y servicio postal en Bolivia.

“Esta nueva imagen de la ATT representa a las 36 nacionalidades que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora, con esta tecnología, ya no se necesitará realizar los reclamos físicamente, sino a través de este sistema”, indicó Montaño.

En la gestión 2020, durante el gobierno de facto, la producción de trámites concluidos disminuyó en 26% con relación al año 2019. También se tuvo menor atención a los usuarios en aeropuertos y terminales terrestres.

Montaño explicó que el panorama se modificó en los últimos seis meses (enero a junio de 2021), ya que con la nueva administración se pudo recaudar más de Bs 520 millones. El 95% de los procesos fueron culminados, entre ellos, autorizaciones aéreas, entrega de certificados al transporte público, denominado “surubí”, homologaciones de equipos, atención de reclamos por llamadas fraudulentas, entre otras.

De forma paralela, también se reactivó el Centro de Control de Monitoreo del Espectro (control de frecuencias, señal e interferencias), cuyas operaciones estaban paralizadas. Asimismo, se identificaron operadores ilegales en el servicio postal.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), Néstor Ríos, explicó que el chaTTbot es una herramienta (operadora automática) que permite acercar al usuario con la ATT, con el fin de conocer sus derechos, compensaciones y reclamos para darles seguimiento hasta su solución, en el marco de la normativa vigente.

“El usuario necesita información las 24 horas del día, sólo se tiene que colocar el nombre, número de carnet y reclamo al 71533208. Por ejemplo, si en sábado la persona tiene un retraso en su viaje podrá hacer su reclamo”, explicó.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, firmaron este jueves en Ciudad de México un Memorándum de Entendimiento en materia de Lucha Contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La firma de este documento se realizó en el marco de la cooperación internacional especificada en los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según un boletín de prensa institucional.

La firma del convenio se produjo durante la realización de las reuniones de los Grupos de Trabajo y el “XLIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT)”, que se desarrolla México, y estuvo a cargo de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, y Ana María Morales Amonzabel, directora General Ejecutiva de la UIF de Bolivia.

En el memorándum se establecen las condiciones, requisitos, formalidades y aspectos bajo los cuales Bolivia y México podrán cooperarse para fortalecer la investigación y persecución del lavado de activos y demás delitos.

La firma de este instrumento de cooperación internacional permitirá que la UIF de Bolivia pueda fortalecer y consolidar la ejecución de sus políticas y acciones en materia de detección, investigación y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva, con miras a la evaluación País, que se realizará en noviembre por el GAFILAT, organismo internacional con sede en Argentina que promueve y vela porque todos los países de la región adopten los estándares internacionales de lucha contra estos delitos.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó este jueves que la Cámara de Senadores aprobó en grande y detalle el Proyecto de Ley N° 108/2020-2021, “Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo” (LGI/FT), normativa que en las próximas horas será remitida al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación.

Este proyecto de ley consta de siete artículos, una disposición adicional y una disposición final única. Busca promover y fortalecer acciones para prevenir, detectar y reprimir estas actividades ilícitas que además de ser un flagelo para la sociedad, se constituyen en una amenaza para la integridad del sistema financiero, económico y la sociedad en su conjunto. Esta normativa anteriormente fue aprobada en grande y en detalle por la Cámara de Diputados el 22 de abril de esta gestión, señala un boletín institucional.

La estrategia nacional busca promover y fortalecer la acción del Estado para la prevención, detección y represión de dichas actividades ilícitas que atacan y constituyen una seria amenaza para la integridad de las instituciones, sistema financiero, economía y sociedad en general, buscando, entre otros aspectos relevantes, reducir el poderío económico del crimen organizado relacionado con estos ilícitos.

La norma plantea un conjunto de medidas, acciones y actores orientados a resolver las situaciones de vulnerabilidad identificadas en el informe de Evaluación Mutua, efectuada al país en 2011 por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), hoy Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), las cuales han sido reevaluadas, actualizadas y complementadas por los equipos técnicos que se conformaron para la elaboración de la estrategia, configurando las mismas en objetivos concretos y factibles en su consecución.

Esto tiene la finalidad de evitar el incumplimiento de los estándares internacionales y las consecuentes restricciones para el sistema financiero y la economía nacional, traducidas en mayores exigencias en transacciones financieras internacionales que afectarán al sector empresarial y repercutirán en operaciones cotidianas que realizan los bolivianos, como ser las remesas, transferencias, giros y operaciones de comercio exterior.