La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) mejoró el precio referencial de la tonelada de trigo a 335 dólares para la campaña agrícola invierno 2021, con la finalidad de incentivar la siembra y cosecha de este grano, además de garantizar las metas fijadas  para esta gestión. 

Según una nota de prensa de la empresa, el historial de precios de Emapa indica que la compra de la tonelada de trigo se fijó en 330 dólares en 2020, lo que significa que la compra mejoró a 335 dólares, el mismo volumen, esta gestión.  

"Esta cifra por tonelada de trigo fue aumentando progresivamente desde el 2015 cuando alcanzó a 285 dólares, en 2016 llegó a 315 dólares, en 2017 bajó a 310, en 2018 se incrementó a 320, en 2019 a 330 dólares, en 2020 a 330 dólares y para este 2021 se fijó un precio referencial de 335 dólares", indicó Emapa.

El gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, Marvin Pereira, explicó que el objetivo de la mejora de este precio referencial es promover la siembra de esta gestión para alcanzar las metas fijadas.

En ese sentido, informó que Emapa programó la siembra de trigo en 67.660 hectáreas (ha) para la campaña de esta gestión, con la finalidad de llegar a una producción de 123.817 toneladas (t). Asimismo, se estima acopiar de 100.137 t de este grano.

El acto oficial de lanzamiento del precio de la tonelada de trigo se realizó el miércoles en la ciudad de Santa Cruz con la participación de autoridades de Emapa, del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y agricultores 

Emapa apoya a los productores del grano de trigo con insumos en semilla, fertilizantes (úrea y fosfatos) y agroquímicos a crédito con cero de interés. Asimismo, fomenta el uso de la semilla certificada a los pequeños productores de trigo con una subvención al precio de 15%.

El Gobierno aprobó el  Decreto Supremo 4505 para que las entidades públicas adquieran productos nacionales registrados en el catálogo electrónico denominado "Compra Hecho en Bolivia", informó este jueves el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.  

"Este decreto supremo, que reglamenta la Ley 1257, es para que las entidades públicas deban adquirir productos nacionales registrados en un catálogo electrónico que hemos denominado 'Compra Hecho en Bolivia'", dijo en rueda de prensa.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, explicó que este catálogo estará integrado al Sistema de Contrataciones (Sicoes) y el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

"Esta medida que está adoptando el gobierno nacional para el sector productivo es sumamente importante porque por fin establecemos una política de fomento a las compras de bienes que realizan las entidades públicas", explicó la autoridad. 

En esa línea, Huanca explicó que en este catálogo electrónico cada producto nacional contará con fichas técnicas donde se encontrará características principales, como por ejemplo precios referenciales.  

"Todas las empresas bolivianas ahora deben registrar sus productos nacionales en el catálogo electrónico de 'Compra Hecho en Bolivia' (que) es el registro de bienes estandarizados y de medicamentos identificados como producción nacional", indicó.

Señaló que, en 2019, las contrataciones públicas representaron para Bolivia alrededor de Bs 34.954 millones, de los cuales Bs 7.374 millones fueron compra de bienes. Considerando estos datos, esta medida reactivará y beneficiará sectores como madera, metalmecánica, cerámica, pintura, entre otros.  

"Hay varios productos que el Estado Plurinacional tiene capacidad de producir. En ese sentido, estos productos tendrán que ser ofrecidos por el catalogo electrónico", agregó el titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

El Ministro de Economía y Finanzas Públicas añadió que para los proveedores nacionales esta medida ofrece varios beneficios como reducción de costos, ahorro de tiempo en la preparación de propuestas, entre otros.

"¿Cuál es el beneficio para las entidades públicas? También reduce los costos de transacción y ahorro de tiempo porque si ya el catalogo está listo inmediatamente el productor nacional o la empresa estatal entra al catálogo y ofrece directamente", añadió.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías suscribió un convenio con la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) con la finalidad de proveer un pack de baterías hechas con litio boliviano para el vehículo eléctrico ‘Alt Katari 4’. 

Según una nota de prensa de esa Cartera, ese tipo de vehículo fue diseñado y construido en la carrera de Ingeniería Eléctrica de esta casa de estudios superiores. Se abastecerá con dichas baterías para que pueda participar en competencias internacionales.

“Esperamos seguir avanzando en este tipo de convenios con el desarrollo de pasantías y otras actividades para fortalecer la investigación de la universidad y de los jóvenes. Todo el apoyo para llevar adelante estas iniciativas”, dijo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

En ese marco, Molina recibió un reconocimiento de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la UPEA por el trabajo que realiza para la transformación de la matriz energética del país y la implementación de nuevas tecnologías limpias.

“Pisar las instalaciones de la UPEA no solamente nos motiva, también nos trae a la mente a esa juventud de El Alto que luchó por los recursos naturales y muchos de ellos dieron su vida por el país”, expresó el Ministro.

En cumplimiento al mandato del Presidente Luis Arce, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, promueve varios proyectos para la generación hidroeléctrica, energía solar, eólica y geotérmica, además de la producción de hidrógeno verde, diésel renovable y la industrialización del litio. 

“Esta política energética que estamos desarrollando está enfocada a diversificar la matriz energética, a descarbonizar y a incrementar la participación de fuentes renovables”, agregó Molina.

El sector energético tiene un rol fundamental en la reactivación económica del país y desde el Gobierno se busca fortalecer los vínculos con la comunidad académica nacional para ejecutar los diversos proyectos de implementación y uso de energías renovables.

El gerente de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Miguel Ángel Rojas, informó este jueves que esa entidad ejecutará proyectos de ganadería y producción de cacao orgánica con una inversión de más de Bs 3 millones, que beneficiarán a 620 familias de comunidades indígenas y campesinas que viven cerca de áreas de influencia hidrocarburífera en los departamentos de Chuquisaca y Pando.

“Este es un proyecto que estaba paralizado durante el 2020 y, desde que asumió el ingeniero Wilson Zelaya como presidente de YPFB, se ha reactivado en enero de este año, para compensar a familias que viven cerca de áreas de influencia hidrocarburífera como la exploración sísmica 2D Aguarague Norte y Sísmica 2D fase II área Río Beni Faja Pericratónica”, precisó, citado en un boletín de prensa institucional.

De acuerdo con el documento, el Directorio de YPFB se reunió en enero para aprobar la transferencia de Bs 2.407.687,48 en el caso de las comunidades de Pando y Bs 1.744.219, 24, para las comunidades de Chuquisaca.

Un informe técnico del 31 de diciembre de 2020, emitido por la Gerencia de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Social Corporativa, menciona que “en Chuquisaca 17 comunidades pertenecientes a la zona de Machareti, 11 comunidades pertenecientes a la Capitanía Villa Mercedes y a la Asociación Comunitaria Indígena Zona Santa Rosa y 7 comunidades pertenecientes a la Capitanía Zona Ivo, cuyo total suman 35 comunidades, serán compensadas con apoyo a la producción ganadera bovina, promoción y comercialización de ganado vacuno en pie y producción y comercialización de ganado bovino en la Capitanía Zonal Ivo”.

En Pando, los proyectos apuntan a la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Sena y Sena Lorenzo, Organización Indígena de Cavineños de la Amazonía y comunidades indígenas de El Carmen, Monte Sinaí, Naranjal y la comunidad indígena El Turi.

Además, los proyectos serán ejecutados por una entidad pública, que en este caso es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Programa de Alianzas Rurales (PAR).

Esa cartera de Estado desembolsará una contraparte que asciende a Bs 5.188.898, que sumada a la inversión de YPFB se consolida como un monto total de Bs 9.336.804 a favor de las comunidades originarias.

La acción se ejecutará por solicitud de las comunidades rurales hacia el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras bajo un modelo institucional de alianzas rurales. El inicio y desarrollo de estos proyectos se concretará durante este año.