La planta de urea registra importantes avances para su puesta en funcionamiento, informó este martes el vicepresidente nacional de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luciano Montellano.

Entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, indicó que tras haber quedado paralizada durante el periodo que duró el régimen de facto, la factoría se encuentra actualmente en una fase de reparaciones y mantenimiento correctivo en la perspectiva de su puesta en funcionamiento.

“Ya se ha avanzado bastante con lo que son los diagnósticos preliminares, ya se avanzó bastante con las reparaciones, con los mantenimientos correctivos, se tiene ya la cartera de contrataciones; también ya se han ejecutado, en gran medida, varios contratos especializados, empresas de servicios especializados en ingeniería y mantenimiento están ejecutando sus trabajos en la planta”, indicó.

Explicó que la demanda de urea, un fertilizante que se aplica de forma directa al suelo y provee nitrógeno a la planta, está en crecimiento en países vecinos, como Brasil, que requiere al año aproximadamente 8 millones de toneladas (t) del producto, pero solo produce una parte, por lo que requiere comprar de otros países.

Explicó que el precio internacional de la urea es de unos $us 400 la tonelada, mientras que se prevé que la factoría que funcionará en Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba, puede ofertar la tonelada de ese producto a aproximadamente $us 150.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, informó este martes que los efectivos del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEOLCC) fueron atacados a pedradas, golpeados y hostigados en las localidades de Escoma de La Paz y Llica de Potosí, por pobladores y personas dedicadas a la internación ilegal de vehículos y mercadería que usaron la violencia para recuperar sus bienes comisados.

La autoridad estatal explicó que el caso más reciente se registró esta jornada cuando un grupo militar del CEOLCC que escoltaba un minibús con productos ilegales comisado fue interceptado por contrabandistas y pobladores en inmediaciones de la localidad de Puerto Acosta, del departamento de La Paz.

Sin embargo, el contingente controló la situación y pasó por el lugar, pero al ingresar a la comunidad de Escoma se encontró con cerca de 100 personas que lanzaron piedras a la caravana conformada por motorizados oficiales y el automóvil comisado.

“Logrando recuperar violentamente el vehículo incautado con la mercadería ilícita”, manifestó, citado en un boletín institucional.

Según Vargas, los comunarios y los contrabandistas golpearon también a los efectivos y algunos de los atacados fueron evacuados al Hospital de la Corporación del Seguro Social Militar.

Por otro lado, Vargas mencionó que el caso de Llica se registró el 11 de junio e involucró el hostigamiento y el amedrentamiento de contrabandistas de vehículos y pobladores de esa región y la localidad de Villasaca Challa contra militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, para la recuperación de un motorizado comisado.

"Chuteros, contrabandistas organizados, apoyados por la población de Llica, Villasaca Challa, se dirigieron al puesto militar de manera enardecida, donde rodearon la instalación militar (domo), comenzaron a disparar petardos y a quemar llantas exigiendo la devolución de un vehículo incautado perteneciente a una comunaria de Villasaca Challa, la cual se encuentra totalmente identificada. Al no existir entendimiento y una población enardecida que pretendió quemar y tomar las instalaciones del domo militar se devolvió el vehículo a la supuesta propietaria en presencia del Corregidor de Vilaslaca Challa, la cual firmó un acta de entrega”, aseveró.

La autoridad gubernamental lamentó que los contrabandistas de vehículos se encuentren apoyados por los pobladores de las zonas aledañas a las fronteras del país para actuar de manera violenta en contra de los efectivos militares del CEOLCC.

Finalmente, advirtió que se dará con los autores materiales e intelectuales de esos hechos violentos, “los cuales no quedarán en la impunidad y serán denunciados ante el Ministerio Público”.

El ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, se reunió este martes con una delegación de Beni, a la cabeza del gobernador, José Alejandro Unzueta, para tratar temas de interés del sector. 

"La minería volverá a ser el puntal de la economía del país, y Beni ha tomado muy en serio el tema de los minerales", dijo el ministro Villavicencio, quien resaltó la importancia de ese sector en el departamento, de acuerdo con un boletín. 

Por su parte, el gobernador de esa región manifestó la necesidad de controlar la explotación de los recursos naturales, para el beneficio del departamento.

"Ambas autoridades acordaron trabajar de manera coordinada en favor de la minería en Beni", indicó el ministerio del sector.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), con sede en el departamento de Santa Cruz, pidió este martes endurecer sanciones y controles para frenar el contrabando, una actividad ilícita que ocasiona pérdidas a ese sector. 

"En un momento tan duro ocasionado por la crisis económica causado por la pandemia, la CAO y sus instituciones afiliadas demandan atención inmediata de los diferentes niveles de gobierno para frenar esta competencia desleal que ocasiona el contrabando y que genera la pérdida de aproximadamente $us 400 millones para este sector", manifestó la entidad, según un boletín.

El presidente de la CAO, Oscar Justiniano, afirmó que todos los sectores que componen esa institución, trabajan en generar propuestas para coadyuvar y frenar el contrabando que "está matando a miles de unidades productivas, principalmente a los pequeños agricultores que son el 75% de los asociados a la institución".  

La primera propuesta generada es ampliar las facultades de interdicción contra el contrabando, con la adecuación de la normativa para que el Senasag y la Aduana puedan ingresar en cualquier momento a los mercados y centros de expendio de productos en las zonas urbanas. 

Se debe modificar la cuantía sancionadora de tributos omitidos para calificación del ilícito y establecer como delito de contrabando a partir de un monto de 5.000 UFV (Unidad de Fomento de Vivienda), es la segunda propuesta.  

Asimismo, se propone que los gobiernos municipales y departamentales realicen controles "estrictos y permanentes" en lugares de expendio para que no se comercialicen productos de contrabando que ponen en riesgo la salud de la población.  

Por otra parte, la Oficina de Defensa del Consumidor debe verificar de forma permanente para evitar que los consumidores sean engañados con productos de dudosa procedencia, de acuerdo con la CAO.

"Proponemos realizar acciones con organizaciones de productores para ejecutar actividades conjuntas en el control del contrabando en las principales rutas de acceso", se lee en el boletín institucional. 

La Cámara Agropecuaria del Oriente sostuvo que este sector es principal generador de fuentes de empleos en todo el país, con 1,6 millones de personas que trabajan de forma directa y "gran parte están desapareciendo por el contrabando".