La desinformación es, sin duda alguna, una de las principales amenazas para las democracias hoy en día. Sus efectos en la manipulación de la opinión pública, han sido influyentes en los resultados de varias elecciones y procesos políticos en diferentes países, pero también han sido altamente perjudiciales durante la pandemia. Por todo ello, la desinformación genera una gran preocupación a nivel mundial, aunque hasta hoy no hay una clara solución.
Durante el gobierno de Jeanine Áñez, la desinformación fue instrumentalizada con fines de persecución política, vulnerando múltiples derechos humanos. Así, se promulgaron tres decretos supremos: 4199 del 21 de marzo de 2020, 4200 del 25 de marzo de 2020 y 4231 del 7 de mayo de 2020, los cuales criminalizaban la difusión de desinformación. Estos tres decretos fueron sujetos a una crítica generalizada por organismos internacionales, ONGs, periodistas y medios de comunicación, defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros. La mayor ambigüedad con respecto a éstos fue que creaban un acto penalizable: desinformar. Sin un sustento legal claro, estos decretos dejaban un gran margen de interpretación con respecto a qué es o qué no es desinformar.
El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, utilizó estos decretos para aprehender a 67 personas, varias de ellas, activistas con vinculación al partido MAS-IPSP. En medios de comunicación, algunas de las personas aprehendidas eran mostradas como agitadoras de grupos de WhatsApp, sin establecer cuál era la acción de “desinformación” en la cual estaban incurriendo, pero sí mostrando, por ejemplo, capturas de pantalla de conversaciones contrarias a Áñez y sus medidas en contra de la pandemia.
Para dar con estas personas, Murillo alegó en varias declaraciones públicas el uso del ciberpatrullaje. Esta es una técnica de inteligencia para luchar contra el crimen que se aprovecha de las fuentes públicas y abiertas. No obstante, requiere de protocolos específicos que establezcan sus límites y alcances, de otro modo, el ciberpatrullaje puede incurrir en vulneraciones al derecho a la privacidad. Las conversaciones de WhatsApp son consideradas de carácter privado, por lo que las acciones de Murillo podrían haber incurrido en serias vulneraciones a los derechos humanos. Más aún, poco se sabe o fue esclarecido sobre los procesos posteriores a esas 67 personas.
Esta situación ha sido investigada por la Fundación InternetBolivia.org, y presentada en el reporte "Ciberpatrullaje y desinformación durante la pandemia en Bolivia", el cual recibió el apoyo de la organización Derechos Digitales América Latina. Este reporte analiza las acciones del Gobierno de Añez y el uso del ciberpatrullaje durante la pandemia, estableciendo las maneras cómo estas acciones atentaron contra derechos básicos. A su vez, plantea la necesidad de generar un marco normativo adecuado que pueda regular el uso del ciberpatrullaje y genera recomendaciones para que su aplicación no implique un riesgo para la ciudadanía y la democracia.
Cristian León/.