No podemos repetir la incertidumbre que padres, madres, niños y niñas vivieron durante la gestión 2020 cuando vieron que la abrupta clausura del año escolar dejó al país sin acceso a uno de los derechos fundamentales del ser humano, la educación.
Hemos empezado el 2021 con la segunda ola del Covid-19 golpeando nuevamente con fuerza a nuestro país, con nuevas y más agresivas cepas que fueron traídas para las fiestas de fin de año de todos los continentes como lindos regalos que están siendo estrenados por nuestros cuerpos y esto configura un nuevo riesgo, no solo para la salud, sino también para la educación y la alimentación de nuestros niños y niñas.
Por eso, es importante que desde las comunidades barriales trabajemos para que niñas/os y adolescentes ejerzan su derecho a la educación, generando alternativas en torno a la educación a distancia, pero con un seguimiento cercano que involucre a familias, dirigencias, vecinas y vecinos, personal docente, administrativo, alcaldías, gobernaciones, gobierno nacional, ONGs, iglesias. En una palabra, que involucre a todas y todos.
Ya tenemos un camino avanzado durante el aciago 2020, lo que quiere decir que no empezaremos de cero. Por ejemplo, se elaboraron y editaron textos, como ocurrió en el municipio El Puente de Tarija; el personal docente de todo el país ya maneja las plataformas virtuales participativas, salvo excepciones; existen medios de comunicación comunitarios y estatales que están dispuestos a difundir contenidos educativos sistemáticos; se suscribieron convenios con empresas de telecomunicaciones para el acceso al internet; la mayoría de los barrios cuentan con salones barriales, centros productivos, iglesias evangélicas, infraestructuras que hoy por hoy están subutilizadas; y, lo más importante, las madres y los padres aprendieron a involucrarse en la educación de sus hijos y están dispuestos a hacerlo nuevamente.
Por tanto, no hay motivo para pensar si quiera que nuevamente el año escolar tenga que ser clausurando, como ocurrió, de manera irresponsable, el año pasado.
Sin embargo, tampoco se trata de mantener el año escolar abierto, pero sin hacer el seguimiento adecuado a las niñas y niños, sobre todo a aquellos que pertenecen a grupos vulnerables. Es por eso que me atrevo a plantear una propuesta con un eje educativo y otro alimentario para sacar adelante a nuestros niños.
Eje educativo
Lo primero que debemos hacer es abrir los espacios públicos comunales que existen en los barrios, como salones de reuniones, iglesias y otros, para convertirlos en centros comunitarios de apoyo escolar, donde niños y niñas reciban clases a través de las plataformas virtuales, la radio, la tele-educación o simplemente para que realicen sus tareas en horarios determinados, en el entendido de que muchos no tienen acceso a internet ni a equipos en sus casas o no cuentan con el respaldo de sus padres porque éstos tienen que salir a trabajar. Se podría establecer horarios para la difusión de los contenidos de acuerdo al grado escolar que corresponda.
Para determinar qué niños podrán asistir a estos centros, la dirigencia barrial tendría que realizar un censo y organizar la logística: horarios, cantidad de niños, bioseguridad. Para que la propuesta funcione, los ambientes comunales deberían contar con mobiliario, computadoras, televisores, pizarras, material escolar básico, wifi, alcohol, gel, entre otros requerimientos.
En estos espacios debería existir un docente con ítem para que haga el seguimiento a los estudiantes. También se podría contar con voluntarios que apoyen esta actividad, a cambio de certificaciones que mejoren el currículum de cada uno.
Este modelo ya funciona de manera exitosa en los Centros de Apoyo Integral Pedagógicos (CAIPs), que existen en los hospitales y las cárceles de nuestro país y en el PRODAT de Fe y Alegría, que son espacios educativos para que niñas y niños superen las dificultades del aprendizaje en las ciudades en este tiempo de Pandemia.
Eje alimentario
Es de conocimiento de la ciudadanía y autoridades en general que la Pandemia trajo consigo la pérdida de fuentes laborales, sobre todo de quienes trabajaban en el sector informal, lo que hace que muchas familias estén sobreviviendo con los mínimos ingresos económicos que generan en sus nuevas, diversas y precarias actividades económicas.
Por otro lado, hay que recordar que el año pasado, al no haber clases, se suprimió el desayuno escolar que era una fuente importante de nutrientes para los niños y que movía las economías locales.
Por eso y para evitar la desnutrición en los niños y niñas es importante que se trabaje en la apertura de comedores populares para que los estudiantes tengan un alimento diario y seguro. Los comedores populares deben tener un carácter gratuito con un pequeño aporte por niña o niño inscrito al comedor, para cancelar un estipendio a la persona o personas que se encarguen de cocinar.
Los recursos para los víveres pueden ser otorgados por el Ministerio de la Presidencia, previamente adquiridos de los productores locales, lo que no solamente evitaría la desnutrición de la niñez, sino generaría un movimiento económico entre las familias de la localidad.
Asimismo, los alimentos que ingresan por contrabando y son decomisados por la Aduana pueden ser transferidos a estos comedores populares para la alimentación a niñas y niños de los barrios urbanos populares.
Los comedores populares deberían funcionar muy cerca de los centros comunitarios de apoyo escolar para que las niñas y niños tengan la seguridad de aprender, hacer sus tareas, y alimentarse bien, bajo las normas de bioseguridad.
De esta manera, el Estado implementaría, ante la emergencia nacional, una verdadera cruzada nacional para la educación y la alimentación. No podemos volver a dejar que niños y niñas sigan librados a su suerte sin saber si pasan o no clases, si tienen o no tienen internet o si hay alguien casa que les ayude a usar las plataformas virtuales y a hacer sus tareas. Es hora de generar un plan de seguimiento a la educación a distancia para garantizar el acceso a este derecho a la población menos favorecida.