Esta pregunta es algo recurrente en los círculos de discusión de no pocos analistas económicos, que desde el campo de las ideas (aunque algunos desde las mentiras) desarrollan narrativas de diversa índole. En este contexto se incrusta una premisa del campo académico: “a mayor desempleo, mayor informalidad”.
Esto explica que, cuando una economía no genera suficientes empleos, la población decide “autoemplearse” mediante la creación de un negocio pequeño, que, por lo general, empieza y termina como informal, genera empleo precario, sin beneficios sociales y con ingresos muy por debajo del salario mínimo nacional.
En el caso boliviano, el modelo neoliberal, la privatización de las empresas públicas y la flexibilización laboral (DS 21060) impulsaron la destrucción de fuentes de empleo y sirvieron a una pequeña parte de grandes empresarios y latifundistas y a compañías transnacionales que saquearon los recursos naturales.
Para la economía popular rural y urbana, excluida por no encajar en los cánones neoliberales, el modelo fue fulminante. En ese sentido, gran parte de la población se vio obligada a tomar medidas de refugio y subsistencia en la economía informal.
Esta modalidad se convirtió en una válvula de escape ante los desequilibrios del mercado de trabajo generados por el neoliberalismo. Fue el mismo Estado neoliberal que excluyó a la economía popular y la dejó a manos de la vorágine del mercado.
Bajo el principio del libre mercado de “dejar hacer, dejar pasar”, el Estado no sentó presencia nacional y se desentendió del tema de creación y protección del empleo en el país como buen alumno del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con el advenimiento del Movimiento Al Socialismo (MAS) y su modelo económico vino el fenómeno de la migración campo-ciudad (70% de la población vive ahora en las ciudades). Pero la herencia neoliberal de no presencia estatal en el área rural produjo niveles elevados de analfabetismo, esto ocasionó que los migrantes del campo y las clases medias empobrecidas en las ciudades, ambas esferas sociales sin formación y sin conocimientos, no desarrollen procesos de inserción laboral o autoempleo formal.
Así no tuvieron otro camino que dedicarse a actividades donde la exigencia de formación técnica es mínima, como el comercio, dejando de lado al sector productivo, que exige niveles más tecnificados de formación y que conlleva mayor regulación para el contrato de trabajadores y el acceso a créditos con la banca.
Según el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo, que publicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 90% del empleo generado en el sector del comercio en Bolivia es informal.
Por tanto, queda sobre la mesa que la variable “empleo” y el tema de la informalidad tienen rasgos histórico-estructurales. El Estado debe asumir el rol de proteger los empleos y a las empresas que los generan y no desentenderse del tema, como pasó con el gobierno de facto en pandemia.
Por esta realidad, la actual política integral de empleo busca permanecer articulada prioritariamente a procesos productivos y a la sustitución de importaciones, esto permitirá generar fuentes de empleo productivo a través del fomento de la inserción laboral, la capacitación y el autoempleo, como pilares fundamentales de la política nacional, evitando que cada vez más gente termine desplazada al desempleo o al comercio informal.
El Estado Plurinacional apunta en esa dirección, para ello se desarrolló la línea de sustitución de importaciones. Ahora toca articular la variable “empleo” con todos los esfuerzos que la política económica del Órgano Ejecutivo aplique para ese fin.