La pandemia ha enseñado a muchas personas a lavarse a la perfección las manos; quienes mejor aprendieron esta acción, en términos políticos, fueron los colaboradores de Jeanine Añez. Durante más de 11 meses, tras la subversión del orden constitucional en noviembre de 2019, se trató de posicionar el relato de “fraude electoral”. Ese relato se cayó a pedazos ante la incompetencia de sus guionistas para sustentarlo. Hoy se devela que sólo fue la excusa para romper con el orden constitucional de la forma violenta, como lo hicieron.
La expresión más gráfica de la confrontación entre la Bolivia plurinacional y la Bolivia colonial segregacionista fue la quema de wiphala y la proclamación con Biblia en mano. Uno de los personajes protagonistas del régimen de facto impuesto a los bolivianos por autoproclamación, utilización abusiva e ilegal de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado fue sin lugar a dudas Arturo Murillo.
El exparlamentario reciclado del Órgano Legislativo, como muchos ministros del régimen de Añez, para asumir funciones en el Órgano Ejecutivo (campo desconocido para ellos por 14 años), hizo por 11 meses gala del más absoluto autoritarismo y prepotencia. Un sujeto que apenas entró al poder por la fuerza se dedicó a “cazar”, como él mismo refería, a todo aquel que pensara diferente a él. Paradójicamente fue “cazado” por legitimación de ganancias ilícitas y posibles vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos de Norteamérica.
Al FBI poco o nada le interesan los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra los derechos humanos fundamentales; pero, para delitos de orden fiscal, su legislación suele ser sumamente draconiana. Más allá de su suerte judicial, llama la atención cómo el carnicero de Sacaba y Senkata fue abandonado a su suerte y hasta negado por sus aliados políticos, quienes se lavaron las manos de forma descarada.
El titiritero de Áñez fue abandonado por su propia marioneta (Áñez), por su exjefe de partido (Doria Medina); por Carlos Mesa, que en esta situación no fue para nada tibio, como suele serlo; por Jorge Tuto Quiroga, quien respaldaba sus acciones abusivas y jamás recriminó su accionar criminal; menos en espacios como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la OEA, espacio donde tenía casi acceso irrestricto por su cercanía con Almagro. Murillo fue también negado y hasta acusado por la excanciller Longaric, quien se lavó las manos de la designación de su hermana como Cónsul de Bolivia en Miami, como si Cancillería debiera aceptar mansamente imposiciones de un ministro de gobierno ignorante del derecho internacional público. Hasta Luis Fernando Camacho, quien aplaudía sus acciones de represión contra el occidente del país, negó a su ministro ideal. Abandonado a su suerte por sus aliados políticos, el 6 de junio se determinará su situación legal. El lavado de manos completo de la oposición boliviana en el caso Murillo está remitiendo a cada personaje por separado a múltiples contradicciones que solamente complican su situación legal ante la justicia boliviana, muchos de estos actores políticos del golpe de Estado del 2019 ya optaron por salir del país evitando hasta sus declaraciones informativas.
Gabriel Villalba Pérez/.