La Paz, 30 de mayo de 2022 (ABI).- Las autoridades del Órgano Judicial deben actuar con “celeridad” a la hora de emitir un fallo condenatorio contra la exsenadora Jeanine Áñez y seis acusados en el juicio ordinario Golpe de Estado II, señaló el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles.
Siles opinó a la estatal Bolivia Tv que a más tardar entre este lunes o mañana martes el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz deberá convocar a la audiencia final para dictar sentencia.
“Ahora debe reanudarse el juicio para que se presenten los alegatos finales y se dicte una sentencia”, remarcó.
El juicio Golpe de Estado II tiene cuatro acusados prófugos de la justicia y mandamiento de apremio, dos con condena y una, Jeanine Áñez, con detención preventiva en una penal de La Paz.
De acuerdo con la normativa penal, en la audiencia final deberán presentar sus alegatos como parte acusadora la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Cámara de Senadores.
Luego tomarán la palabra las defensas de los imputados, unos encarcelados y otros prófugos de la justicia, y, finalmente, el Tribunal dictará sentencia.
Áñez y seis exjefes militares y policiales están siendo procesados por lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 cuando asumió inconstitucionalmente el mando del país.
La entonces senadora violentó tres artículos de la Cámara de Senadores al proclamarse presidenta de ese cuerpo legislativo, señala la imputación.
Luego vulneró otros tres artículos del reglamento de Diputados al instalar una sesión de Asamblea ilegal. Finalmente habría vulnerado nueve artículos de la Constitución Política del Estado para alcanzar ilegalmente la primera magistratura.
Con la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta que presentó la defensa de la exlegisladora con relación a los delitos por los cuales está siendo juzgada, sólo resta que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz concluya el proceso en una última audiencia.
Con ese recurso, la defensa de la acusada –procesada por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes– intentó, según Siles, obstaculizar el avance del juicio.
Los delitos que se le imputan, de acuerdo con la normativa penal, podrían acarrearle una pena de privación de libertad de hasta 10 años.
“La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con la privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”, establece el artículo 153 del Código Penal.
Según la Fiscalía General del Estado, se cuentan con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que la ahora detenida en el penal de Miraflores de La Paz adecuó su conducta a ese tipo penal.
Junto a ella, también son enjuiciados exjefes policiales y militares.
De hecho, la autoridad jurisdiccional emitió la resolución de declaratoria en rebeldía y la orden de aprehensión en contra del excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.
En el expediente están incluidos, además de Kaliman y Calderón, el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury.
Todos ellos, de acuerdo con la acusación, ayudaron a que Áñez pueda instalarse ilegalmente en el Gobierno.
Tanto Terceros como Jarjuri, sin embargo, aceptaron su culpa por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad, y fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión en los penales de Patacamaya, La Paz, y Palmasola, Santa Cruz, respectivamente.
Terceros contribuyó en el traslado de diputados y senadores opositores para la instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa y así promover la sucesión de Áñez, mientras que Jarjury fue imputado por permitir también la imposición de símbolos patrios a la entonces senadora.
Jeanine Áñez está detenida desde el 13 de marzo de 2021.
Cuando fue aprehendida, estaba con las maletas listas y un pasaporte por lo que se presumió que pretendía darse a la fuga y se determinó su detención preventiva.
En otro caso, llamado “Golpe de Estado I”, Áñez es acusada de delitos de sedición, conspiración y terrorismo durante la crisis política y social que siguió a las elecciones de 2019.
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